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EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS LIMA PERU INFORME ANUAL DE PERÚ: INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN 2013

 

 

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS

LIMA PERU

 

INFORME ANUAL DE

 

PERÚ: INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN 2013

 

Nota: Este informe fue actualizado el 11/3/2014; ver Apéndice H: Errata para mayor información.

 

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

EL Perú es una república multipartidaria regida por una constitución. Ollanta Humala Tasso del Partido Nacionalista del Perú (parte de la alianza electoral Gana Perú) fue elegido presidente en elecciones celebradas a nivel nacional que tuvieron lugar en el mes de junio del 2011, las mismas que fueron consideradas como elecciones justas y equitativas por la gran mayoría de personas. Las fuerzas de seguridad estuvieron bajo el mando de autoridades civiles y cometieron algunos abusos contra los derechos humanos.

 

Los problemas más graves en el área de los derechos humanos incluyeron la violencia contra las mujeres y los niños, la trata de personas y la corrupción que contribuyó a socavar la aplicación de las leyes.

 

También se denunciaron los siguientes problemas en el área de los derechos humanos: condiciones de reclusión duras y difíciles, maltrato de los detenidos e internos por parte de guardias encargados de mantener el orden en las prisiones, detenciones prolongadas antes de celebrarse los juicios y demoras excesivas en la conducción de los procesos judiciales, intimidación ejercida contra los medios de comunicación, ciertas restricciones a la libertad de culto, un registro incompleto de las personas internamente desplazadas (IDPs por su sigla en inglés), discriminación en perjuicio de las mujeres y conflictos socio-ambientales que con frecuencia se tornaron violentos. También existió

discriminación contra las personas con discapacidad, los miembros de minorías raciales y étnicas, las personas indígenas, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, así como aquéllas afectadas por el VIH/SIDA. Además, existieron otros problemas tales como el incumplimiento de las normas laborales y la explotación de

niños trabajadores, particularmente en los sectores informales.

 

El gobierno tomó medidas para investigar y en algunos casos enjuiciar o castigar de alguna otra forma a funcionarios públicos que cometieron abusos. En ocasiones, los funcionarios se vieron involucrados en prácticas corruptas y lo hicieron con impunidad.

 

 

La organización terrorista Sendero Luminoso fue responsable de perpetrar asesinatos y otros abusos contra los derechos humanos, incluyendo el  secuestro y reclutamiento forzado de niños soldados, la extorsión y las prácticas intimidatorias.

 

 

Sección 1 - Respeto por la integridad de la persona, incluyendo el verse libre de:

 

a. La privación arbitraria o ilegal de la vida

 

 

 

 

 

Ningún asesinato motivado por razones políticas fue cometido por el gobierno o por sus agentes; sin embargo, durante una protesta social que tuvo lugar el 3 de julio en la ciudad de Lima, miembros de las fuerzas del orden dieron muerte a un manifestante e hirieron a otros cinco. El día 15 de julio, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación con el fin de determinar si el caso ameritaba ser judicializado. La decisión aún no había sido

tomada para el mes de setiembre. Los Ministerios del Interior y Defensa se ocupan de investigar las denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

 

El 31 de julio, la Corte Suprema emitió un fallo a través del cual estableció que la muerte de Eduardo Cruz Sánchez durante el rescate de los rehenes de la residencia del

Embajador japonés (el caso de Chavín de Huántar), ocurrido en el año 1997, había constituido una ejecución extrajudicial. La Corte absolvió a tres oficiales de alto nivel (el

ex jefe del Sistema Nacional de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, el ex Comandante

del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos y el ex asesor de Inteligencia del Ejército, Roberto Huamán Azcurra) de la denuncia que pesaba sobre ellos, habiendo señalado que ellos fueron los que dieron la orden para que se asesinara a Cruz Sánchez. En el 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó revisar este caso, pero hasta finales del año las audiencias todavía no habían comenzado.

 

El 1 de agosto, se dieron a conocer grabaciones de audio en YouTube mostrando una conversación que había tenido lugar en mayo de 2012 entre Juan Jiménez, por entonces Ministro de Justicia; Pedro Cateriano, que en ese entonces era el representante legal del gobierno para el caso de Chavín de Huántar; César San Martín, que para entonces era el Presidente de la Corte Suprema; y la jueza Carmen Rojjasi, uno de los jueces que emitió falló en el caso Chavín de Huántar. Algunos observadores sugirieron que las grabaciones pusieron en evidencia la injerencia del gobierno en el proceso judicial y sus intentos por influir en resultado del caso. El 6 de agosto, la Fiscalía de la Nación determinó que la conducta mostrada por Jiménez no ameritaba la apertura de un juicio contra él. Para el mes de setiembre la Fiscalía de la Nación se encontraba examinando el caso a fin de investigar quién grabó la conversación. La organización no gubernamental (ONG) Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) manifestó que presentaría las grabaciones a la CIDH para su debida evaluación y consideración como evidencia de que existió interferencia en el ámbito judicial. Para finales de año, la CIDH no había emitido comunicado alguno sobre su decisión de aceptar (o no) las grabaciones.

 

 

El 9 de agosto, la Corte Suprema emitió sentencias contra los miembros del Grupo Colina (varios oficiales del ejército acusados de haber cometido ejecuciones extrajudiciales en la década de los 90), así como contra los oficiales que comandaban el grupo. La Corte condenó a Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza, Santiago Martín Rivas, Juan Rivero Lazo, Julio Salazar Monroe y Carlos Pichilingüe a 25 años de prisión por su responsabilidad en haber ordenado que se cometieran los asesinatos extrajudiciales de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, Lima, en 1991. La Corte condenó a Jesús Sosa

 

 

 

Saavedra, Nelson Carbajal y Ángel Pino Díaz a 20 años en prisión y sentenció a Federico Navarro y Fernando Rodríguez Zabalbeascoa a 15 años en prisión por el papel que jugaron en los asesinatos extrajudiciales. La Corte absolvió a dos miembros del Grupo: Alberto Pinto Cárdenas y Pedro Santillán Galdós.

 

El 3 de setiembre, el Tribunal Constitucional dictaminó que un operativo conducido por la Marina de Guerra del Perú en el año 1986, durante el cual se liquidó a 133 miembros de Sendero Luminoso, tras un levantamiento en el penal El Frontón en Lima, no constituía un crimen de lesa humanidad. APRODEH y la Defensoría del Pueblo criticaron el fallo señalando que constituía un caso de impunidad.

 

En el mes de setiembre una sala nacional dictaminó que el Comandante de Brigada del Ejército Carlos Alberto Paz Figueroa y el Coronel Yorvil Távara Olea fueron los responsables de la desaparición del profesor Rubén Villanueva Toro ocurrida en 1990 en la Región Huancavelica. Ambos fueron condenados a 15 años de prisión, habiéndoseles impuesto una multa de 100.000 nuevos soles ($35.700).

 

En el año 2012, el Coronel (r) del ejército Telmo Hurtado se declaró culpable de la matanza de 69 campesinos ocurrida en 1985 en Accomarca, Región Ayacucho. En las audiencias posteriores Hurtado implicó a otros oficiales del ejército acusándolos de haber participado activamente en el crimen. Al finalizar el año Hurtado permanecía en prisión mientras su juicio continuaba.

Miembros de Sendero Luminoso realizaron 74 acciones terroristas que resultaron en la muerte y lesiones sufridas por miembros de las fuerzas de seguridad y en la muerte de civiles (ver la Sección 1.g.). Miembros de dos facciones de Sendero Luminoso perpetraron 50 actos de terrorismo (incluyendo acciones armadas) en remotas y alejadas zonas cocaleras, las mismas que resultaron en la muerte de tres soldados y dejaron

heridos a tres efectivos policiales y a tres soldados, habiendo ocasionado la muerte de dos civiles en la zonas de emergencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y del Valle del Alto Huallaga. Las dos zonas de emergencia abarcaron partes

de las Regiones de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, San Martín y

Ucayali.

 

 

b. Desapariciones forzadas

 

No hubo ningún informe sobre desapariciones forzadas motivadas por razones políticas durante el año.

 

 

c. Tortura y Otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante

 

La legislación prohíbe dichas prácticas. ONGs locales, el Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (UNCAT por su sigla en inglés) informaron que la tortura continuaba

 

 

 

constituyendo un problema, sobre todo dentro de la institución policial y señaló que el gobierno no fue efectivo ni en la tarea de prevenir ni en la de castigar a aquéllos que cometieron tales abusos. Aunque el gobierno dio algunos pasos para facilitar el acceso a los servicios de rehabilitación, una ONG local, el Centro de Atención Psicosocial, informó que continuaban existiendo deficiencias en el sistema que era necesario superar. El 21 de enero, UNCAT emitió un informe en el que señaló que había recibido numerosos informes que indicaban que hubo casos de tortura y malos tratos mientras los detenidos se encontraban bajo custodia policial o detenidos por las fuerzas del orden. El Comité expresó su preocupación por la ausencia de investigaciones exhaustivas y el reducido número de condenas. Asimismo, el Comité expresó su inquietud sobre el hecho de que las salvaguardas legales fundamentales con que deben contar las personas detenidas por la policía no siempre fueron respetadas y puso de relieve el hecho de que no exista un registro específico para casos de tortura y tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes. Además, el Comité expresó su preocupación por reportes que

indicaban que al momento de efectuar los arrestos los efectivos policiales habían ejercido violencia sobre los detenidos y señaló que no parecía que se hubieran llevado a cabo evaluaciones periódicas de los casos de denuncias de tortura modeladas en el protocolo

de Estambul para personas detenidas.

 

Una tercera parte de las 144 personas que fueron torturadas en años anteriores al 2013 y cuyos casos estaban siendo monitoreadas por la ONG local, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), murieron o sufrieron alguna discapacidad física permanente como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidas. Durante el año, la COMISEDH no reportó ningún nuevo caso de tortura. Según la COMISEDH, muchas víctimas no presentan denuncias formales sobre las torturas que padecen y a aquéllos que sí las presentan les es difícil obtener alguna reparación por vía judicial o una indemnización adecuada.

 

La mayoría de denuncias de maltratos se presentaron inmediatamente después del arresto que es un período en el que a las familias se les prohíbe visitar a las personas sospechosas de haber delinquido y en el que los abogados tienen un acceso limitado a estas personas. En algunos casos, los efectivos policiales y los miembros de las fuerzas de seguridad amenazaron u hostigaron a las víctimas, a sus familiares y a los testigos con el fin de impedir que éstos presentaran cargos por violaciones a los derechos humanos.

 

Una ONG local y la Defensoría del Pueblo informaron que entre el 5 y el 13 de junio, efectivos de la policía que se encontraban investigando un caso de trata de personas y que tenían la responsabilidad de custodiar a una víctima de la trata de 16 años de edad

hicieron comentarios inapropiados a la víctima, bebieron alcohol delante de ella, mientras se encontraban de servicio y la invitaron a acompañarlos a un bar, cosa que la víctima se negó a hacer. El Ministerio del Interior realizó una investigación interna y concluyó que no se había cometido ninguna infracción. Para el mes de setiembre la Defensoría del Pueblo continuaba investigando el caso.

 

 

 

 

 

En junio del 2012, durante las protestas anti-mineras en Cajamarca, la Policía Nacional del Perú desplegó un uso excesivo de su fuerza durante un enfrentamiento con las abogadas de derechos humanos Genoveva Gómez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo y, Amparo Abanto, miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes se encontraban monitoreando el arresto de los manifestantes en la comisaría regional de Cajamarca. El fiscal archivó el caso el 8 de marzo, señalando que a las víctimas no les era posible identificar a sus agresores. La Defensoría del Pueblo apeló la decisión el 2 de abril. Para el mes de octubre la apelación de la Defensoría había sido admitida, y el caso fue reabierto para su posterior investigación.

 

En el 2010, efectivos de la Policía Nacional del Perú estrangularon a Wilhem Calero durante el trayecto en auto desde el lugar en que fue detenido hasta la comisaría local. En el mes de octubre, un juzgado halló culpable del asesinato a Marcial Soria Serrano y lo condenó a 12 años de prisión. Dos efectivos que estuvieron presentes en el momento en que ocurrió el asesinato fueron condenados a ocho años de prisión. Tanto el Fiscal Provincial como la viuda de la víctima anunciaron públicamente que las sentencias eran demasiado indulgentes y que pensaban presentar una apelación.

 

 

Condiciones en las cárceles y en los centros de detención

 

Las condiciones en las cárceles continuaron siendo duras y difíciles para la mayor parte de los reclusos. El hacinamiento, las condiciones higiénicas deficientes y una nutrición y cuidados médicos inadecuados, así como la corrupción que existió entre los guardias de seguridad constituyeron serios problemas. Los guardias de seguridad recibieron muy

poca o ninguna capacitación o supervisión.

 

Condiciones físicas: Para el mes de agosto había 65.181 internos, de los cuales 2.385 eran mujeres y 1.345 eran jóvenes de entre 18 y 19 años de edad. Los hombres y las mujeres

no estuvieron detenidos en las mismas instalaciones y los jóvenes no tuvieron que compartir las instalaciones con adultos. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) administró 27 de los penales que se encontraban operativos, la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo jurisdicción sobre nueve de ellas y 31 penales fueron administrados de manera conjunta. Los detenidos que aún no habían sido juzgados fueron enviados a centros de detención temporales ubicados en comisarías, edificios del Poder Judicial y dentro del Palacio de Justicia; en la mayoría de casos permanecieron detenidos al lado de reos ya sentenciados. Para el mes de agosto, los archivos del INPE indicaban que el Sistema Nacional Penitenciario albergaba a 62.566 reos distribuidos en 67 instalaciones penales que originalmente fueron diseñadas para 29.617 internos. La cárcel para varones San Juan de Lurigancho albergaba a 8.395 internos en una instalación construida para albergar a 3.204 internos. El penal Sarita Colonia en el Callao fue construido para 572 personas pero albergó a 3.117. Las cárceles para mujeres también estuvieron sobrepobladas e imperaron condiciones similares a las de los varones. El penal para

 

 

 

mujeres Santa Mónica en Chorrillos fue construido para albergar a 450 internas pero albergó a 847.

 

Se reportó que a nivel nacional, los guardias de seguridad de las prisiones y los propios internos maltrataron a los reos. Se dice que algunos internos asesinaron a sus propios compañeros de reclusión. Los internos tuvieron un acceso intermitente al agua potable, el número de duchas fue inadecuado, las cocinas no fueron higiénicas y con frecuencia se vieron obligados a dormir en pasadizos y áreas comunes debido a la falta de espacio en las celdas. Los internos que contaban con dinero tuvieron acceso a teléfonos celulares, drogas ilícitas y alimentos preparados fuera de la prisión; mientras que los internos que

no contaban con fondos propios debieron soportar condiciones mucho más duras.

 

Se brindaron cuidados médicos básicos en la mayoría de prisiones, pero hubo un número muy escaso de médicos y los internos se quejaron de tener que pagar para poder recibir atención médica. Según se informó, la tuberculosis y el VIH/SIDA continuaron presentándose a niveles casi epidémicos. La Defensoría del Pueblo informó que la incidencia de tuberculosis era 50 veces mayor que fuera de las prisiones, mientras que la tasa de casos de VIH/SIDA era ocho veces mayor.

 

Administración: El registro de datos sobre los internos fue adecuado y se mantuvo actualizado. El gobierno no utilizó métodos alternativos al internamiento en una prisión para infractores que cometieron delitos en los que no hubo violencia. Las autoridades permitieron que los internos y los detenidos presentaran sus denuncias a las autoridades judiciales sin censura alguna y que solicitaran la investigación de acusaciones fidedignas sobre condiciones de internamiento inhumanas. Las autoridades investigaron tales denuncias y documentaron los resultados de forma que fuera accesible al público. El Defensor del Pueblo informó que la mayor parte de las denuncias se presentaban debido a que las autoridades no liberaron a los internos en el debido tiempo como resultado de la lentitud de los procesos judiciales o de los engorrosos procedimientos del INPE. La Defensoría del Pueblo informó que la accesibilidad para internos con diversas discapacidades era insuficiente y las instalaciones para estos internos eran inadecuadas. Los penales no contaban con equipos médicos especializados, tales como sillas de ruedas o camas livianas y fáciles de desplazar, necesarios para atender a las personas con discapacidad. Asimismo, se informó que los internos con problemas de salud mental tenían muy poco acceso a cuidados psicológicos adecuados.

 

 

Monitoreo por instancias independientes: El gobierno permitió visitas de monitoreo realizadas por observadores independientes en las áreas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja realizaron 20 visitas inopinadas a internos en 12 prisiones y centros de detención y, de forma individual, supervisaron la situación de 219 personas. Hasta el mes de setiembre, representantes de la Defensoría del Pueblo habían visitado 42 cárceles ubicadas en Lima y provincias y cuatro centros de detención juvenil.

 

 

 

 

 

Mejoras: El día 20 de junio, el INPE invirtió aproximadamente 16 millones de nuevos soles ($5.7 millones) para establecer una nueva cárcel en Juanjui, Región San Martín, con una capacidad para albergar a 544 hombres y 30 mujeres. Para finales de año, el INPE informó que había invertido un total de 32 millones de nuevos soles ($11.4 millones) en mejoras hechas a varias prisiones. Estas mejoras incluyeron la adquisición de

instrumentos de comunicación e inspección, tales como radios portátiles y detectores de metales, así como vehículos seguros donde transportar a los reos y las armas.

 

 

d. Detenciones o arrestos arbitrarios

 

La Constitución y las leyes prohíben la detención y el arresto arbitrario y el gobierno por lo general respetó estas prohibiciones. Algunas detenciones arbitrarias tuvieron lugar durante protestas sociales. El derecho a no ser detenido a menos que exista una orden de detención previa fue suspendido de conformidad con la Constitución en las zonas declaradas como zonas de emergencia.

 

 

Rol que cumple la Policía y el aparato de aeguridad del Estado

 

La PNP, con un contingente aproximado de 108.000 efectivos, es la institución responsable de hacer cumplir las leyes y garantizar la seguridad interna en todos los ámbitos con excepción de la zona de emergencia del VRAEM, donde las fuerzas armadas están a cargo de la seguridad interna. La PNP funcionó bajo la autoridad del Ministerio del Interior.

 

Las fuerzas armadas, con un aproximado de 115.000 efectivos, es la institución responsable de garantizar la seguridad externa del país bajo la autoridad del Ministerio de Defensa. También tienen una responsabilidad limitada en el campo de la seguridad interna, particularmente en la zona de emergencia del VRAEM.

 

La corrupción y una alta tasa de absoluciones en el fuero civil de personal militar acusado de haber cometido algún delito continuó siendo un problema (ver la Sección 4). Los Ministerios del Interior y Defensa utilizaron mecanismos internos para investigar supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. El Ministerio Público condujo investigaciones, aunque no siempre fue posible tener acceso a la evidencia que se encontraba en poder del Ministerio de Defensa. La Defensoría del Pueblo también puede investigar los casos y remitir sus conclusiones al Ministerio Público para su seguimiento.

 

El Ministerio Público es la entidad responsable de proporcionar protección a los testigos pero no contó con los recursos necesarios para ofrecer capacitación a los fiscales y oficiales de la policía, proteger la identidad de los testigos o proporcionarles apoyo logístico.

 

 

 

Procedimientos seguidos en una detención y trato otorgado a los detenidos

 

Las leyes permiten que la policía detenga a las personas a fin de investigarlas. La ley exige que exista una orden de arresto judicial emitida por escrito, sustentada en la existencia de suficientes pruebas para que se pueda producir un arresto, a menos que el perpetrador de un delito sea atrapado en el momento de cometerlo. Únicamente los jueces están facultados para autorizar un arresto. Las autoridades tienen 24 horas para presentar cargos contra la persona arrestada, excepto en casos de terrorismo, narcotráfico o espionaje en los que los cargos deben presentarse dentro de los 15 días de producido el arresto; en zonas remotas, los cargos deben presentarse tan pronto como esto sea humanamente posible. Las autoridades militares deben entregar a la policía a las personas que detienen, dentro de 24 horas de ocurrido el arresto. La ley exige que la policía presente un informe al Ministerio Público dentro de las 24 horas de ocurrido el arresto. El Ministerio Público, a su vez, debe emitir su propia evaluación sobre la legalidad de la actuación policial al momento de efectuar el arresto y las autoridades respetaron este requisito.

 

Los jueces tienen 24 horas para decidir si liberan a un sospechoso o si éste debe continuar detenido y esta disposición fue respetada en la práctica. Existe un sistema de libertad bajo fianza; pero debido a su condición de pobreza muchos acusados carecieron de medios

para pagar tal fianza. De conformidad con la ley, a los detenidos se les permite tener acceso a miembros de su familia y a un abogado de su elección. La policía puede detener a personas sospechosas de terrorismo y mantenerlas incomunicadas por 10 días. El

Ministerio de Justicia proporcionó a las personas indigentes acceso gratuito a un

abogado, aunque estos abogados con frecuencia no se encontraban suficientemente capacitados. Algunas ONGs proporcionaron capacitación para preparar mejor a los abogados.

 

Detención arbitraria: Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una ONG local, los días 22 y 27 de julio la policía detuvo de manera arbitraria a 31 personas que protestaban pacíficamente en Lima contra un polémico nombramiento por el Congreso de funcionarios gubernamentales de alto nivel. Los detenidos fueron puestos en libertad después de unas horas.

 

En el mes de julio del 2012, las autoridades hicieron uso de su fuerza para detener a Marco Arana, un activista medioambiental que protestaba contra el proyecto minero Conga en Cajamarca. Las autoridades señalaron que Arana se encontraba protestando durante un estado de emergencia que había sido declarado el 4 de julio del 2012. Algunos defensores de derechos humanos afirmaron que el gobierno no declaró el estado de emergencia de manera oficial hasta el 5 de julio del 2012 y que Arana había sido

detenido sin que se contara con una orden de arresto. Arana denunció que había sido maltratado en la comisaría. El fiscal archivó la causa el 8 de abril; el 30 de abril, Arana

 

 

 

presentó un recurso solicitando que se reabriera la causa. Para el mes de setiembre el recurso aún no había sido evaluado.

 

Detención previa al juicio: Los largos períodos de detención previos a la realización de un juicio continuaron constituyendo un problema. Para el mes de junio las autoridades únicamente habían sentenciado a 29.056 de los 65.181 individuos que poblaban los centros de detención y las prisiones. De acuerdo con estadísticas del INPE, para el mes de junio aproximadamente un 55 por ciento de los internos se encontraba a la espera de ser juzgados, la mayoría de ellos lo venía haciendo por uno o dos años. Las demoras se debieron principalmente a la ineficiencia del Poder Judicial, a la corrupción y a un

número insuficiente de personal. La ley exige que aquellos internos que han permanecido en prisión por más de 18 meses sin haber sido juzgados y sentenciados sean liberados; este período se amplía a 36 meses en causas complejas. Bajo el nuevo código de procedimientos penales (ver la Sección 1.e. Procedimientos en los Juicios), el plazo para causas simples es de nueve meses y 18 meses para causas complejas.

 

 

e. Denegación de un juicio público justo

 

La Constitución dispone la existencia de un Poder Judicial independiente. Las ONGs y otros analistas afirmaron que el Poder Judicial a menudo no actuó de manera independiente, que no fue imparcial de manera consistente y que estuvo sujeto a influencias políticas y a la corrupción (ver la Sección 4). Las autoridades generalmente respetaron las órdenes emitidas por los juzgados que conforman el Poder Judicial.

 

 

Procedimientos seguidos en un juicio

 

La legislación estipula el derecho a un juicio justo y público, y en ocasiones el Poder Judicial hizo que tal derecho se cumpliera. El gobierno continuó implementando un nuevo código de procedimientos penales -que introdujo en el año 2006- y que fue

diseñado para agilizar el proceso penal. Para el mes de noviembre, el nuevo código estaba siendo utilizado en 23 de los 31 distritos judiciales que hay en el país. El código señala que debe haber audiencias públicas en todas las causas y coloca la responsabilidad de la conducción de la investigación sobre los fiscales y los efectivos policiales; los jueces deben dejar de conducir sus propias investigaciones.

Se presume que todo acusado es inocente; los acusados tienen derecho a que se les informe con prontitud y detalladamente sobre los cargos de los que se les acusa, así como

a un juicio justo y público sin dilaciones indebidas. Asimismo, tienen derecho a comunicarse con un abogado de su elección o a que se les asigne uno cuyos honorarios

sean cubiertos con fondos del erario público; sin embargo, los abogados proporcionados por el Estado a menudo no se encontraban adecuadamente capacitados. Aunque los

ciudadanos tienen el derecho a ser juzgado en su propio idioma, en ocasiones no se contó con los servicios de traducción necesarios para aquellas personas que no hablan el idioma

castellano. Esta carencia afectó primordialmente a personas nativas que viven en la sierra

 

 

 

y la región amazónica. Los acusados tienen derecho a que se les otorgue el tiempo y las facilidades que requieran para permitirles preparar su defensa.

 

Los acusados generalmente tuvieron acceso a la evidencia o pruebas con las que contaba el gobierno relacionadas con sus causas. La excepción a esta situación supuestamente ocurrió en algunos casos de abuso de los derechos humanos que tuvieron lugar en el período 1980-2000 y de manera particular en aquellos casos en los que se encontraba involucrado el Ministerio de Defensa, ya que el gobierno mantiene esos documentos en condición de documentos secretos y sujetos a las limitaciones que impone la ley sobre su divulgación. Los acusados tienen derecho a confrontar a los testigos que los acusan y a presentar a sus propios testigos y evidencia. Los acusados tienen derecho a que no se les obligue a testificar o a confesar la comisión de un delito. Los acusados pueden apelar los veredictos ante la Corte Superior y posteriormente ante la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Constitucional puede emitir fallos sobre causas relacionadas con temas tales como el habeas corpus y la constitucionalidad de las leyes.

 

 

Presos y detenidos políticos

 

No hubo informes sobre presos o detenidos políticos.

 

 

Procedimientos y recursos judiciales en el fuero civil

 

Los ciudadanos puedan presentar recursos en el fuero civil por casos de violación de derechos humanos; sin embargo, con frecuencia los procesos judiciales se prolongan por muchos años. Informes de prensa, ONGs y otras fuentes señalaron que con frecuencia individuos que no pertenecían el Poder Judicial corrompieron o influyeron sobre los jueces (ver la Sección 4).

 

 

f. Interferencia arbitraria con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

 

La ley prohíbe tales acciones y el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones. Sin embargo, hubo informes que señalaron que en algunas ocasiones las autoridades ingresaron a viviendas privadas antes de que hubieran obtenido la orden judicial correspondiente; por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio fue legalmente suspendido en las zonas de emergencia del Valle del Alto Huallaga y el VRAEM.

 

El 9 de junio, el ex Ministro del Interior y analista político Fernando Rospigliosi acusó al gobierno de monitorear las actividades de los miembros de la oposición política y de los analistas políticos independientes. Rospigliosi informó que seis oficiales de la policía lo estaban siguiendo y monitoreaban sus actividades diarias en su oficina en Lima. Representantes del gobierno señalaron que los oficiales de la policía se encontraban

 

 

 

investigando un operativo de narcotráfico. Para el mes de setiembre la investigación de este caso continuaba pendiente en la Fiscalía de la Nación.

 

 

g. Uso excesivo de la fuerza y otros abusos en conflictos internos

 

Sendero Luminoso fue responsable de cometer asesinatos y otros abusos contra los derechos humanos. Los esfuerzos desplegados por el gobierno para combatir a esta organización terrorista también resultaron en la perpetración de abusos.

 

Asesinatos: El 6 de mayo, una unidad conjunta de efectivos policiales y militares dispararon contra una camioneta conducida por un civil en el Distrito de Echarate, Región Cusco, habiendo resultado heridos los ocho pasajeros. Autoridades militares

informaron que el tiroteo que tuvo lugar en horas de la noche ocurrió en defensa propia y que estaba relacionado con el narcotráfico y el terrorismo, aseveración que las víctimas negaron. Para el mes de setiembre, una investigación de los hechos continuaba pendiente.

 

El 18 de octubre, cuatro civiles resultaron heridos y uno perdió la vida en circunstancias en que una bomba fue lanzada accidentalmente por miembros del ejército sobre un pueblo localizado cerca a la base militar del ejército en Mazángaro, Región Junín. La bomba fue lanzada por error durante un operativo antiterrorista. Las fuerzas armadas reconocieron públicamente el bombardeo e iniciaron una proactiva investigación.

 

 

Secuestros: El 23 de enero, miembros de Sendero Luminoso atacaron y secuestraron a trabajadores que laboraban en un proyecto de construcción en el distrito de Sivia, Región Ayacucho. Los rehenes no sufrieron ningún daño y Sendero Luminoso los liberó pocas horas después de haberlos capturado. Hubo informes que aseguraban que durante el año Sendero Luminoso secuestró niños para que colaboraran con su organización terrorista.

 

Abuso físico, castigo y tortura: Hubo informes que señalaron que Sendero Luminoso utilizó mano de obra forzada. ONG locales y empresas mineras reportaron casos en que milicias no gubernamentales (ronderos) secuestraron y maltrataron a sus rehenes. El 3 de febrero en Cajamarca, los miembros de una ronda campesina local secuestraron a Natividad Herrera Castrejón y lo retuvieron por 13 días, tiempo durante el cual lo torturaron y finalmente lo mataron por presuntamente haber cometido un robo. El 24 de julio, los miembros de la ronda campesina admitieron su culpabilidad en los hechos.

 

 

También se registraron casos de abusos al interior de las fuerzas militares. El 4 de octubre, dos soldados en la provincia de Huancané acusaron públicamente a su superior, Jose del Álamo Alarcón, de haberlos golpeado con un fierro caliente como castigo por errores que habían cometido durante la práctica de tiro. No hubo ningún informe sobre una investigación al interior de las fuerzas armadas respecto a esta acusación.

 

 

 

Niños soldados: Hubo informes que aseguraban que Sendero Luminoso reclutó y utilizó a niños soldados, en ocasiones bajo condiciones de trabajo forzado. Continuaron existiendo informes que señalaban que Sendero Luminoso utilizó a menores de edad tanto en la

lucha armada como en actividades de narcotráfico. Algunos de estos niños habían sido raptados o reclutados en pueblos de la localidad, mientras que otros aparentemente eran hijos de miembros de Sendero Luminoso. El 27 de julio, miembros de las fuerzas armadas rescataron a dos niños, de nueve y once años de edad, que Sendero Luminoso había reclutado a la fuerza para que trabajaran en Tayacaja, Región Huancavelica.

 

Sírvase consultar también el Informe sobre Trata de Personas que publica anualmente el

Departamento de Estado en la Página Web www.state.gov/j/tip.

 

Sección 2  Respeto por las libertades civiles, incluyendo:

 

a.  La libertad de prensa y expresión

 

La Constitución estipula la libertad de expresión y de prensa y el gobierno usualmente respetó estos derechos en la práctica. Por lo general, una prensa independiente y un sistema político democrático funcional unieron fuerzas para garantizar la libertad de prensa y expresión.

 

En el mes de octubre la corporación El Comercio, propietaria de medios de comunicación, adquirió los medios del Grupo EPENSA. Como resultado de esta compra, la corporación El Comercio se convirtió en propietaria del 78 por ciento de la distribución de diarios a nivel nacional. Defensores de la libertad prensa y diarios de la competencia criticaron la fusión señalando que ésta constituía un cuasi-monopolio que amenazaba la libertad de prensa. No tenemos conocimiento de que como resultado de esta adquisición haya existido ninguna restricción a la libertad de prensa.

 

 

Libertad de expresión: No hay leyes sobre discursos de odio y el grupo de fachada de Sendero Luminoso Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) tuvo libertad para pedir abiertamente que se liberara a terroristas encarcelados y a otras personas.

 

Libertad de prensa: Los medios independientes estuvieron activos y expresaron una vasta gama de puntos de vista. Algunos observadores afirmaron que los medios de comunicación se autocensuraron por temor a sufrir alguna violencia o acoso.

 

Violencia y hostigamiento: Un número de periodistas y medios de comunicación reportaron haber recibidos amenazas o haber sido intimidados. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) informó que las amenazas más frecuentes eran aquellas dirigidas contra periodistas que laboraban en estaciones de radio o televisión que se encontraban investigando a autoridades de los gobiernos locales y que en muchas ocasiones estaban

 

 

 

relacionadas con informes sobre casos de corrupción. EL IPYS informó que con frecuencia los agresores eran funcionarios de gobierno (por ejemplo, Alcaldes, Directores de Oficinas de gobierno, Presidentes Regionales, etc.). El IPYS informó que Ancash, Lambayeque, Cajamarca y Lima eran las regiones donde se reportaron más incidentes de hostigamiento con el fin de limitar la libertad de expresión. Para el 31 de julio, la Asociación Nacional de Periodistas reportó 82 casos de hostigamiento, un número bastante menor que los 136 caso reportados en el 2012. El Instituto de Prensa y Sociedad emitió 41 alertas, un número inferior a las 89 emitidas en el 2012. De los casos de hostigamiento reportados por la Asociación Nacional de Periodistas, 29 involucraron el hostigamiento por parte de las autoridades locales y 11 por parte de efectivos policiales y militares, uno por parte de dueños de medios y siete por perpetradores desconocidos.

 

Censura o restricciones al contenido:  Algunos medios de comunicación, particularmente ubicados en provincias fuera de Lima, practicaron la autocensura por temor a sufrir represalias de parte de los gobiernos locales.

 

El 9 de mayo, el reportero Óscar Rodríguez Martínez renunció al programa de televisión Espejo Libre transmitido por la estación televisiva KDNA 15 de Huancayo, señalando que uno de los dueños del canal, Carlos Sanjínez, le ordenó que no emitiera un reportaje que incluía una denuncia contra la fiscal anticorrupción de la Región Junín, Susana Rivera Villa, por el uso indebido de su cargo para conseguirle empleo a un conocido.

 

 

Leyes sobre difamación/seguridad nacional: El código penal tipifica la difamación como delito, y los funcionarios presuntamente utilizaron esta figura de la ley para intimidar a los reporteros.

 

El 24 de julio, los reporteros Santos Pasapera Portilla, Nexar Jaramillo Dávila y Jeston Vásquez Tocto de la Radioemisora Studio 97 fueron sentenciados a una pena de tres años de prisión suspendida y al pago de una multa de 100.000 nuevos soles ($35,700) a Euler Bery Jave Díaz, administrador de la Municipalidad Provincial de San Ignacio en la Región Cajamarca, por el delito de difamación. En marzo del 2012, Jave demandó a los reporteros por difamación y calumnia por comentarios que hicieron alegando que Jave

era una persona corrupta. Los reporteros apelaron la sentencia y para el mes de setiembre la apelación continuaba pendiente.

 

El 5 de abril, un juzgado absolvió al bloguero José Godoy de cargos de difamación, finalmente dando por cerrado este prominente caso. En el 2010, Godoy se convirtió en el primer bloguero peruano en ser condenado por el delito de difamación, cuando un juzgado lo encontró culpable de haber calumniado al ex diputado y Ministro de Estado Jorge Mufarech Nemy. Una corte de apelaciones revocó su condena en enero del 2012, y seis meses más tarde fue absuelto. Mufarech apeló la absolución del 2012, lo cual condujo a la sentencia emitida el 5 de abril.

 

 

 

La ley estipula que toda la información sobre seguridad nacional y defensa debe ser tratada como secreto de Estado. Activistas en favor de la libertad de prensa y ONG locales, tales como el IPYS, criticaron la ley considerándola como un ataque a la transparencia, a la libertad de información y a la libertad de prensa. El 4 de abril, el gobierno publicó normas sobre la implementación de esta ley.

 

Impacto no gubernamental: Algunos medios de comunicación informaron que los narcotraficantes y los representantes de la minería ilegal constituyeron una amenaza para la libertad de prensa. Hubo informes de que algunos narcotraficantes ejercieron presión sobre periodistas que emitieron informes que afectaron negativamente a sus operaciones. El 12 de febrero, el reportero de Puerto Maldonado, Manuel Calloquispe, informó que recibió una llamada telefónica amenazadora de Lino Aquino luego de que Calloquispe informara que la actividad minera ilegal en la que estaba involucrado Aquino causaba daños al medio ambiente. El 10 de junio, un reportero internacional afirmó que una compañía minera local en la Región Pasco estaba amenazando a las familias que el periodista había entrevistado sobre casos de contaminación por mercurio.

 

 

Libertad en la Internet

 

El gobierno no impuso ninguna restricción al acceso a la Internet, tampoco hubo informes verosímiles sobre algún monitoreo que no contara con una autoridad legal adecuada por parte del gobierno de los correos electrónicos o los salones de “chat” en la Internet. De acuerdo con estimados de la ONU del 2012, el 38 por ciento de la población tenía acceso

a la Internet. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 25,5 por ciento de las residencias contaba con conexiones fijas a la Internet.

 

En el mes de octubre, el gobierno promulgó una ley sobre delitos cibernéticos con el fin de combatir el uso compartido de datos y el acceso ilegal a la información. El IPYS y otras ONGs locales criticaron la ley señalando que ésta era jurídicamente ambigua y afirmaron que podría ser utilizada de una manera generalizada con el propósito de atacar a ciertos periodistas y limitar la libertad de prensa.

 

 

Libertad académica y eventos culturales

 

No hubo ninguna restricción gubernamental sobre la libertad académica o los eventos culturales.

 

 

b. Libertad de asociación y reunión pacífica

 

La Constitución estipula el derecho a la libertad de reunión y asociación, pero hubo informes que en algunas ocasiones el gobierno no respetó estos derechos a cabalidad (ver la Sección 1.d.).

 

 

 

Libertad de Reunión

 

La legislación no exige ningún tipo de autorización previa para la realización de manifestaciones públicas. Sin embargo, los organizadores deben informar sobre el tipo de manifestación a celebrarse, así como el lugar donde ésta tendrá lugar al gobernador regional correspondiente, un funcionario nombrado por el gobierno nacional que reporta

al Ministerio del Interior. El gobierno suspendió la libertad de reunión en zonas de emergencia donde actuaron elementos armados de Sendero Luminoso y en regiones golpeadas por terribles desastres naturales.

 

Las manifestaciones se pueden prohibir por razones de seguridad o salud pública. La policía utilizó gases lacrimógenos y, ocasionalmente, la fuerza para dispersar a las personas que protestaban en diversas manifestaciones. Aunque la mayoría de ellas fueron pacíficas, las protestas en algunas localidades se tornaron violentas, habiendo resultado

en muertes y dejando un saldo de personas heridas (ver la Sección 1.a.). Las ONGs y la Defensoría del Pueblo informaron que la policía hizo un uso excesivo de la fuerza y utilizó bombas lacrimógenas para controlar protestas políticas no violentas los días 22 y

27 de julio en Lima.

 

El 27 de octubre en el distrito limeño del Rímac, manifestantes anti-taurinos pacíficos acusaron a la policía de haber hecho uso excesivo de su fuerza a través de la utilización de bombas lacrimógenas y chorros de agua a presión para dispersar a la multitud. Cinco activistas fueron detenidos y dos efectivos policiales resultaron heridos.

 

 

El 24 de octubre en la ciudad de Lima, estalló la violencia cuando un grupo de estudiantes sospechosos de tener lazos con el MOVADEF intentaron ingresar a un

campus universitario mientras las clases habían sido temporalmente suspendidas luego de recibirse amenazas de acciones violentas. Dos efectivos policiales y 15 estudiantes

resultaron heridos en la trifulca y 13 estudiantes fueron detenidos.

 

 

Libertad de Asociación

 

La ley establece la libertad de asociación; sin embargo, hubo informes que señalaron que el gobierno no respetó ese derecho a cabalidad, particularmente en lo referente al derecho de los grupos religiosos minoritarios a registrarse en una institución gubernamental y a

ser reconocidos.

 

 

c. Libertad de Culto

 

Sírvase consultar el Informe Internacional sobre Libertad de Culto en la página web:

www.state.gov/j/drl/irf/rpt.

 

 

 

d. Libertad de movimiento, personas desplazadas internamente, protección ofrecida a los refugiados y a las personas apátridas

 

La Ley establece el derecho a la libertad de movimiento dentro del país, a realizar viajes al extranjero, a emigrar y a ser repatriado, y por lo general el gobierno respetó estos derechos en la práctica. El gobierno colaboró con la Oficina del Alto Comisionado para de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otros organismos humanitarios para proporcionar protección y ayuda a personas internamente desplazadas, a refugiados, a refugiados retornantes, a solicitantes de asilo, a individuos apátridas y a otras personas en situaciones similares.

 

Movimiento dentro del país: El gobierno mantuvo dos zonas de emergencia en algunas localidades ubicadas en siete regiones diferentes, en esas zonas se restringió la libertad de movimiento en un esfuerzo por garantizar la tranquilidad pública y restaurar el orden interno.

 

En algunas ocasiones los narcotraficantes y los miembros de Sendero Luminoso lograron interrumpir el libre tránsito de las personas a través del bloqueo de los caminos en algunos parajes de las zonas de emergencia del VAH y el VRAEM.

 

Manifestantes en el pueblo de Cañaris ubicado en la Región Lambayeque, bloquearon los caminos entre los meses de enero y abril con el propósito de llamar la atención de la población sobre sus quejas y relacionados con conflictos de naturaleza socio ambiental. Mineros ilegales en Madre de Dios bloquearon caminos en los meses de setiembre y octubre para protestar por las medidas introducidas por el gobierno para formalizar la minería.

 

 

Personas internamente desplazadas (IDPs por su sigla en inglés)

 

Durante el año no hubo ningún incidente importante de algún desplazamiento interno relacionado con actos de violencia y terrorismo, mientras que la situación de las personas internamente desplazadas en tiempos anteriores continuó siendo difícil de evaluar. De acuerdo con la ACNUR, se continuaba ignorando el número de IDPs debido a que los funcionarios habían registrado a un número relativamente pequeño de ellos. Hubo algunos casos bastante insignificantes de desplazamiento interno relacionados con la reubicación de algunas comunidades rurales con el fin de poder llevar a cabo proyectos

de la industria extractiva. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) supervisó el reasentamiento pacífico de casi 3.500 personas de la ciudad de Morococha en la Región Junín a pueblos aledaños. Cerca de mil familias adicionales se resistieron inicialmente a ser reubicadas en otros pueblos, pero fueron obligadas a hacerlo.

 

El Consejo Nacional de Reparaciones, una entidad gubernamental, continuó prestando ayuda a personas que fueron afectadas durante el conflicto con Sendero Luminoso y el

 

 

 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, entre los años 1980-2000. La gran mayoría de IDPs fueron personas nativas andinas y quechua hablantes, debido a las secuelas del conflicto que tuvo lugar principalmente en la región andina del país. El Consejo elaboró un registro de víctimas, que hasta el mes de setiembre incluyó a 182.350 víctimas y a

5.697 comunidades con derecho a recibir reparaciones. Algunas víctimas y familiares de éstas, que no contaban con documentos de identidad idóneos tuvieron dificultades para

registrarse en las listas de víctimas con derecho a recibir una reparación y las ONGs

informaron que muchas víctimas no fueron incluidas en el registro. Hasta el 28 de agosto, el gobierno había pagado 29 millones de nuevos soles ($10,360) por concepto de reparaciones a 11.740 víctimas registradas.

 

 

Protección para los refugiados

 

Acceso al asilo: La legislación establece el otorgamiento de asilo o estatus de refugiado y el gobierno ha establecido un sistema a través del cual se brinda protección a los refugiados. El gobierno colaboró con la ACNUR y reconoció a la Comisión Católica para las Migraciones como el ente oficial encargado de ofrecer ayuda técnica a los refugiados. La Comisión también asesoró a ciudadanos que temían ser perseguidos e intentaron obtener asilo en el extranjero. El gobierno proporcionó protección a los refugiados bajo

un sistema de renovación anual, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión. Durante el año el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció a 153 refugiados y rechazó 136 solicitudes de estatus de refugiado; 126 de las 136 solicitudes rechazadas provinieron de refugiados cubanos. Para el mes de agosto la ACNUR reportó que tenía pendientes de resolución 820 solicitudes de estatus de refugiados.

 

Soluciones duraderas: No hubo ningún programa de reubicación, pero en años anteriores el Estado recibió a personas que habían sido reconocidas como refugiados en otros países y proporcionó algún apoyo administrativo para ayudarlos a integrarse en la sociedad. La ACNUR otorgó a esos refugiados ayuda humanitaria y de emergencia, apoyo legal, documentación y, en casos excepcionales, facilitó su retorno voluntario y reunificación familiar. Todos los ciudadanos haitianos que intentaron obtener el estatus de refugiados recibieron un carnet de identidad, lo que les permitió gozar de protección, así como de un permiso de trabajo temporal y la garantía de que se respetarían sus derechos fundamentales.

 

Protección temporal: Hasta el mes de agosto, el gobierno ofreció protección temporal a un total de 161 individuos que se encontraban a la espera de una decisión de parte del Estado sobre su estatus de refugiados.

 

 

Personas apátridas

 

La ciudadanía se obtiene a través del nacimiento dentro del territorio patrio o es conferida por los padres del individuo. De encontrarse en el extranjero, los padres deben registrar el

 

 

 

nacimiento de su hijo/a antes de que éste/a cumpla los 18 años si desean que su menor hijo/a obtenga la ciudadanía. De acuerdo al INEI, 584.729 menores y 273.646 ciudadanos mayores de 18 no contaban con documentos de identidad, motivo por el cual no podían ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos, lo cual –de hecho- los convirtió en individuos apátridas, una importante disminución de los 1,2 millones de personas que no contaban con documentos de identidad en el 2012, lo cual evidencia los esfuerzos proactivos s desplegados por el gobierno para resolver este problema.

 

 

Para obtener un documento nacional de identidad se requiere contar con una partida de nacimiento, sin embargo, muchos nacimientos que tuvieron lugar en áreas rurales ocurrieron dentro de una casa y no fueron registrados. Un número desproporcionado de aquéllos que carecían de documentos de identidad estaba constituido por mujeres y niños indígenas que contaban con pocos recursos y que vivían en las zonas rurales. Los ciudadanos no documentados fueron víctimas de la marginación social y política y tuvieron problemas para poder acceder a los servicios proporcionados por el gobierno, incluyendo la posibilidad de postular a un cargo público o de hacerse acreedores a un título de propiedad. En el mes de setiembre, un informe de Verité señaló que los ciudadanos indocumentados eran particularmente vulnerables ya que podían ser explotados laboralmente y presas fáciles de individuos que podrían aprovecharse de su estado de vulnerabilidad, tales como los tratantes de personas o los ladrones.

 

 

Sección 3. Respeto por los derechos políticos: el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno

 

La Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a un cambio pacífico del gobierno y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones justas, periódicas y libres realizadas sobre la base del sufragio universal.

 

 

Las elecciones y la participación política

 

Elecciones Recientes: En el mes de julio de 2011, Ollanta Humala Tasso asumió la presidencia luego de dos rondas electorales que fueron consideradas justas y equitativas. Tanto los observadores nacionales como internacionales declararon que las elecciones celebradas a nivel nacional el 10 de abril de 2011 (para el cargo de Presidente, el Congreso y el Parlamento Andino) y el 5 de junio de 2011 (segunda vuelta únicamente para la elección presidencial) habían sido transparentes y equitativas, a pesar de haber existido alguna controversia sobre el financiamiento de la campaña electoral e irregularidades menores en algunos lugares de votación. En las elecciones para el Congreso unicameral, la alianza Gana Perú liderada por el Presidente Humala obtuvo 47 de los 130 escaños en el Congreso unicameral, que constituyó la mayor de las seis bancadas parlamentarias. El 17 de marzo, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a una votación para la revocatoria de la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Villarán no fue revocada, pero sí 22 regidores del Concejo Municipal (20 de los cuales eran

 

 

 

miembros de su partido). Observadores internacionales informaron que la votación fue libre y transparente. El 24 de noviembre, la ciudad participó en una nueva elección para reemplazar a los regidores revocados.

 

El 7 de julio, 124 distritos en 20 Regiones, realizaron votaciones para revocar a 120 alcaldes y 513 regidores. Veinticuatro alcaldes y 189 regidores fueron revocados.

 

Partidos políticos: Los partidos políticos funcionaron sin restricciones o interferencias externas, aunque continuaron siendo instituciones débiles dominadas por personalidades dentro del partido. En las elecciones regionales y municipales, los movimientos regionales continuaron ganando terreno a costa de los partidos nacionales. De acuerdo con la legislación, a aquellos grupos que abogan por un derrocamiento violento del gobierno, incluyendo la asociación política ligada a Sendero Luminoso, MOVADEF, no se les permite registrarse como partidos políticos.

 

 

Participación de mujeres y minorías: La legislación ordena que al menos un 30 por ciento de los candidatos en las listas partidarias sean mujeres y los partidos cumplieron con la ley. Hubo 29 mujeres en el Congreso. Tres miembros del Congreso se auto-identificaron como afroperuanos. Siete de los 19 miembros del gabinete ministerial fueron mujeres. Hubo tres mujeres en la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 18 jueces. Un

miembro del Congreso, Eduardo Nayap, se auto-identificó como indígena amazónico. Otro miembro del Congreso, Claudia Coari, se auto-identificó como indígena pero sin pertenecer a ninguna comunidad específica. Aproximadamente siete miembros del

Congreso hablaban quechua, pero no todo ellos se auto identificaron como indígenas.

 

 

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el Gobierno

 

La ley penaliza los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Sin

embargo, el gobierno no siempre implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios a menudo incurrieron en actos de corrupción con total impunidad. Durante el año, hubo numerosos informes de corrupción por parte de funcionarios del gobierno y existió una percepción generalizada de que la corrupción había penetrado todas las ramas del gobierno.

 

Corrupción:  La Contraloría General de la República implementa y monitorea los procedimientos estipulados por la legislación que se utilizan en la lucha contra la corrupción y en la divulgación de estos casos e informa al Congreso sobre sus resultados. La Contraloría goza de una autoridad independiente para sancionar a los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción, las sanciones para estos actos incluyen la suspensión temporal del empleo, el despido y el ser enjuiciado penalmente. La Procuraduría Anticorrupción es parte del Poder Ejecutivo, reporta al Ministro de Justicia y lidera el procesamiento de los delitos de corrupción. Exceptuando a la ciudad de Lima que cuenta con una sala anticorrupción especializada que opera dentro de su Corte

 

 

 

Superior, todos los distritos judiciales se ocupan de juzgar los casos de corrupción en juzgados regulares. La Oficina de Servicio Público del Gobierno que reporta directamente al gabinete ministerial, mantiene un registro de ex funcionarios gubernamentales que están impedidos de ocupar cargos como servidores públicos por

haber cometido actos de corrupción. Para el 1 de enero, la lista incluía a 1.958 personas a las que no les estaba permitido trabajar para el gobierno. Todas las entidades colaboraron

activamente con grupos de la sociedad civil y funcionaron libre e independientemente.

Algunos expertos en este sector informaron que las entidades gubernamentales no contaban con recursos suficientes.

 

Hubo denuncias sobre la existencia de una corrupción generalizada en el sistema judicial. El nuevo Código de Procedimientos Penales, aunque todavía no ha sido implementado en Lima y el Callao, fue aplicado en casos de corrupción en estos distritos judiciales. El 11 de julio, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) recibió una denuncia que señalaba que un empleado del Poder Judicial había aceptado un soborno de 500 nuevos soles ($179) para que influyera sobre una causa judicial en Lima. Para el mes de octubre no había ninguna información nueva acerca del estatus de este caso. Sin embargo, casos de sobornos ocurridos en el pasado usualmente resultan en la suspensión temporal del empleado. Para el mes de noviembre, la OCMA impuso 1.093 sanciones, 123 de las cuales resultaron en la remoción permanente del empleado del servicio público y 136 resultaron en suspensiones de un año de duración.

 

 

Durante su período parlamentario, los miembros del Congreso gozan de inmunidad parlamentaria, lo que significa que no pueden ser enjuiciados por ninguna acción cometida durante el tiempo que permanecen en el Parlamento. En el caso de delitos flagrantes, el Poder Judicial tiene la potestad de solicitar que el Congreso levante la inmunidad del legislador y permita su arresto. La ley estipula que la inmunidad parlamentaria no es aplicable en el caso de delitos cometidos antes de que el congresista juramente en su cargo, pero en la práctica esta inmunidad impidió que la mayoría de casos se enjuiciara a algún congresista. Asimismo, oficialmente, esta inmunidad no

protege a miembros del Congreso que han cometido algún delito en el área civil, tal como el no cumplir con un contrato o con el pago de una pensión de alimentos. Para el mes de

setiembre la Comisión de Ética del Congreso se encontraba investigando a ocho

miembros del Parlamento por actividades cuestionables que iban desde la falsificación de sus hojas de vida (al haber incluido títulos falsos y omitido condenas previas) hasta su involucramiento en la minería ilegal, el lavado de dinero y el narcotráfico. El 21 de junio, el congresista Rubén Condori fue multado por no haber cumplido con los procedimientos que deben seguirse para la votación en el Congreso. El 19 de setiembre, el congresista Modesto Julca fue suspendido en su cargo por 120 días por haber cometido actos de nepotismo. Para el mes de setiembre, la procuradora asignada por el gobierno para casos de tráfico de drogas y lavado de dinero informó que cinco congresistas, dos Presidentes Regionales y once alcaldes estaban siendo investigados.

 

 

 

El 20 de mayo, el Fiscal de la Nación dio inicio a una investigación sobre el ex presidente Alejandro Toledo por denuncias de un supuesto lavado de dinero y fraude relacionados con la compra de propiedades por un monto de varios millones de dólares. El 15 de agosto, el Congreso inició una investigación paralela. Para el mes de noviembre, ambas investigaciones seguían en curso. El 14 de julio, la ex congresista Nancy Obregón fue arrestada (junto con varias decenas de otras personas) por cargos de narcotráfico y terrorismo. Para el mes de setiembre la ex congresista continuaba en prisión mientras proseguía la investigación.

 

La corrupción en las prisiones constituyó un grave problema y en algunos casos los guardias de seguridad en las prisiones colaboraron con delincuentes encargados de dirigir el contrabando de armas y drogas a la prisión. Existieron varios reportes de corrupción e impunidad entre miembros de las fuerzas armadas, así como una resistencia a proporcionar información sobre personal militar que venía siendo investigado por haber cometido abusos a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que vivió el país. Las fuerzas del orden intentaron fortalecer la práctica de rendición de cuentas a través de la capacitación en el área de los derechos humanos y la modificación de procedimientos disciplinarios pero lo hicieron de manera muy lenta.

 

En octubre del 2012, al abogado Alberto Quimper, uno de los acusados en el caso de corrupción sobre los Petroaudios destapado en el 2008, se le levantó el arresto domiciliario al que había estado sometido, después de que hubiera alcanzado los límites de la encarcelación de 36 meses sin que el juzgado hubiera emitido un fallo sobre su caso. Para el mes de setiembre la revisión del caso continuaba pendiente en el Poder Judicial.

 

En noviembre del 2012, la Megacomisión Investigadora para Casos de Corrupción durante el segundo gobierno de Alan García (2006-11) concluyó su investigación de la supuesta mala gestión de García en lo referente al programa nacional de remodelación en colegios de secundaria y, para el mes de setiembre la recomendación que emitió la Megacomisión para que se le procesara estaba siendo evaluada.

 

Protección para los informantes internos: La legislación ofrece protección a los funcionarios públicos y a los empleados del sector privado que decidan revelar algo internamente o hacer una denuncia pública permitida por la ley sobre alguna evidencia de una conducta ilegal, tal como un pedido de soborno u otros actos corruptos, un

despilfarro importante de bienes del Estado, fraude, mala gestión, abuso de poder o el crear una situación de peligro grave y específico para la salud y seguridad públicas. La Contraloría General de la República supervisa los casos de denuncias hechas por informantes internos a través del Sistema Nacional para Monitorear Denuncias. La ley exige que la identidad de los denunciantes sea protegida. Los denunciantes están protegidos de alguna represalia por parte del empleador y no pueden ser despedidos luego de haber presentado su denuncia. Si los denunciantes son acosados, la Contraloría

 

 

 

General de la República informa tal hecho al Ministerio de Trabajo que a su vez debe investigar la denuncia de acoso. Si fuera el caso que el denunciante colaboró en la comisión de la acción ilegal, su pena puede ser reducida por el juzgado. Si el gobierno recupera fondos como resultado de la denuncia, el denunciante puede recibir hasta un

50% de los fondos recuperados. Algunas ONGs informaron que los denunciantes no se encontraban lo suficientemente protegidos de sufrir represalias de parte de su empleador,

del despido arbitrario o de actos de hostigamiento.

 

 

Declaración del estado de las finanzas personales: La mayor parte de funcionarios públicos se encuentran sujetos a las leyes de divulgación de información financiera y deben presentar información sobre sus finanzas personales a la Contraloría General de la República antes de asumir el cargo para el que fueron nombrados y de manera periódica, en lo sucesivo. La Contraloría General de la República monitorea y verifica las declaraciones de los estados financieros, pero las leyes no se hicieron cumplir de manera cabal. Las declaraciones juradas están disponibles al público. Existen sanciones administrativas por incumplimiento de la ley que van desde suspensiones de 30 días a un año de duración, e incluyen la prohibición de suscribir contratos a nombre del Estado y como máximo castigo al funcionario se le puede privar del derecho a ocupar un cargo público en el futuro.

 

Las normas que regulan el régimen de la presentación de la declaración jurada especifican de manera muy clara cuales son los bienes, los pasivos y los intereses que poseen los funcionarios públicos que deben ser declarados por ellos, pero no incluyen los bienes o los ingresos de los cónyuges y de los hijos dependientes. La ley requiere que los funcionarios hagan pública su información financiera durante el primer trimestre del año. Sin embargo no existe ninguna disposición sobre la necesidad de presentar nuevas declaraciones juradas en aquellos casos en los que hay un incremento de sus bienes o propiedades, así como al momento de asumir y dejar el cargo.

 

 

El 4 de enero, el Congreso oficializó la creación de la Alta Comisión de la Lucha contra la Corrupción y elevó su estatus de un grupo de trabajo en el Congreso a una oficina técnica dentro del despacho del Primer Ministro.

 

Acceso público a la información: La ley estipula que debe existir un acceso público a la información que posee el gobierno y la mayoría de los ministerios y principales entidades del gobierno proporcionaron información en sus páginas web. La implementación de esta ley fue inadecuada, particularmente en las zonas ubicadas fuera de Lima, donde muy pocos ciudadanos ejercieron o entendieron lo que conllevaba el derecho que tienen a estar informados. La Defensoría del Pueblo alentó a los gobiernos regionales a adoptar prácticas más transparentes en la divulgación de la información y supervisó el cumplimiento –por parte de estos gobiernos- del requisito que exige que se celebren audiencias públicas al menos dos veces al año.

 

 

 

La ley permite un reducido número de excepciones y estipula las condiciones en las que está permitido no divulgar ciertos datos, estas condiciones incluyen información clasificada y protegida tal como temas que comprometen la seguridad nacional, asuntos en el área de inteligencia, investigaciones policiales y tecnología de punta. La ley establece un tiempo prudencial para que los funcionarios públicos revelen sus estados financieros, al inicio del primer trimestre de cada año y no exige que los funcionarios asuman ningún pago por el trámite respectivo. La ley impone sanciones administrativas, no así penales, por el incumplimiento de la misma; asimismo, la ley permite que se presente una apelación ante la negativa al levantamiento de la información. No hubo ningún informe que señalara que el gobierno había denegado un pedido de divulgación o

de que alguna autoridad se hubiera negado a ofrecer una justificación de conformidad con esta ley. Expertos del sector informaron que los mecanismos de apelación funcionaron correctamente.

 

En el mes de febrero, la Defensoría del Pueblo apeló a la parte de la ley que limita el acceso a material confidencial relacionado con la seguridad y la defensa nacional señalando que viola el derecho ciudadano a la información. Para el mes de octubre, la apelación continuaba pendiente ante el Tribunal Constitucional.

 

 

Sección 5. Actitud del Gobierno respecto a investigaciones internacionales y no gubernamentales sobre supuestas violaciones a los Derechos Humanos

 

Por lo general, diversos organismos locales e internacionales de derechos humanos funcionaron sin que el gobierno les impusiera restricciones, pudiendo investigar y publicar sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios gubernamentales fueron relativamente receptivos a los puntos de vista de estos organismos y, hasta cierto punto, colaboraron con ellos.

 

Activistas en el área de los derechos humanos manifestaron estar preocupados sobre su seguridad durante el ejercicio de sus labores, particularmente en situaciones de conflicto social. Asimismo, ellos denunciaron que habían sido hostigados por autoridades localmente elegidas en lugares donde hubo denuncias por casos de corrupción. Estos activistas afirmaron que el proceso lento y poco efectivo para sancionar a los hostigadores contribuyó a fomentar la impunidad.

 

Entidades gubernamentales de Derechos Humanos: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia fueron los encargados de monitorear los temas de derechos humanos a nivel nacional.

 

La Defensoría del Pueblo -una entidad independiente- funcionó sin ninguna interferencia de parte del gobierno o de algún partido y su accionar fue considerado eficiente. Durante todo el año esta institución debió funcionar bajo la dirección de un Defensor interino, debido a que el Congreso no logró nombrar uno permanente. Durante el año la

 

 

 

Defensoría emitió nueve informes conteniendo recomendaciones sobre el manejo que el gobierno le está dando a la minería ilegal e informal, la trata de personas, la salud pública, la discriminación, las mujeres que fueron víctimas de actos de violencia, las reparaciones, el fortalecimiento del servicio militar y el cumplimiento de las leyes en los casos de delitos sexuales violentos contra niños y adolescentes.

 

Las comisiones parlamentarias incluyeron las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos; la Comisión de la Mujer y la Familia; la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; la Comisión de Medioambiente y Ecología; la Comisión de Salud y Población y la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidades.

 

 

Sección 6. Discriminación, abusos cometidos por la sociedad y la trata de personas

 

La legislación prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, discapacidad, idioma o estatus social; sin embargo, los esfuerzos por hacer cumplir la ley fueron muy lentos y persistió la discriminación. La legislación no protege de manera específica a las personas de ser discriminadas sobre la base de su orientación sexual o identidad de género.

 

 

Mujeres

 

Violación y violencia doméstica: La estructura legal que rige los derechos y la protección de la mujer es amplia y bien definida. Sin embargo, en la práctica muy rara vez se aplicó

o se hizo cumplir la ley. La ley estipula que la violación es un delito, incluyendo la violación cometida por el cónyuge e impone penas que oscilan entre los seis y los ocho

años de prisión, pero el cumplimiento de esta ley no fue efectivo. El gobierno reportó que

había habido 1.453 casos de violación a nivel nacional hasta el mes de agosto, pero expertos en este tema sostuvieron que en realidad se reportaron mucho menos casos de violación que los que realmente tuvieron lugar debido al temor a una represalia, incluyendo el sufrir una mayor violencia y el estigma de una violación. No existieron estadísticas disponibles sobre violadores que hubiesen sido juzgados, condenados o castigados.

 

La ley prohíbe la violencia doméstica y las penas oscilan entre un mes y seis años de prisión. La ley otorga a los jueces y fiscales la autoridad para impedir que el cónyuge o el padre/la madre de familia que es hallado/a culpable regrese al hogar familiar y permite que los parientes de la víctima y otras personas no relacionadas con ella -pero que viven en la misma casa de ésta- presenten las denuncias por violencia doméstica. Asimismo, la ley permite que profesionales de la salud presenten pruebas que confirmen la existencia

de las lesiones y el daño producido. La ley exige que la investigación policial sobre casos de violencia doméstica tenga lugar dentro de los cinco días posteriores al hecho y obliga

a las autoridades a ofrecer protección a las mujeres que son víctimas de la violencia

 

 

 

doméstica. No hubo estadísticas sobre el número de hombres sentenciados por delitos relacionados con la violencia doméstica.

 

La violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo la violación, el abuso conyugal y el abuso sexual, físico y mental continuaron constituyendo un grave problema nacional. El MIMP informó que cada mes murieron en promedio siete mujeres como resultado de

la violencia doméstica y documentó más de 23.913 casos de violencia contra la mujer que tuvieron lugar hasta el mes de agosto. En ocasiones, los efectivos policiales y las autoridades del Poder Judicial se mostraron renuentes a prestar su ayuda a las víctimas

del sexo femenino y a arrestar y enjuiciar a los maltratadores. Hasta el mes de octubre, el

gobierno reportó 99 casos consumados de feminicidio y 122 casos de intento de feminicidio. El feminicidio se encuentra incorporado dentro del código penal y la ley estipula una sentencia mínima de 15 años de carcelería para los hombres que son hallados culpables de haber asesinado a una mujer que es su pariente cercana, su esposa o su pareja. La ley establece condenas que van hasta la cadena perpetua cuando la víctima es menor de edad, se encuentren embarazada o tiene una discapacidad.

 

Muchos casos de abuso doméstico nunca fueron reportados y las ONGs afirmaron que la mayoría de los casos reportados no resultaron en una denuncia formal debido al temor a una represalia o al gasto involucrado en la presentación de la denuncia. La protección brindada a las víctimas fue bastante limitada debido a la lentitud en los trámites judiciales, así como a las ambigüedades de la ley. A través del Programa Nacional contra la Violencia Sexual o Familiar, el gobierno central ofreció asistencia técnica a los gobiernos regionales en apoyo de 48 refugios temporales. El número de albergues para las víctimas de la violencia doméstica fue insuficiente y aquéllos que funcionaban no proporcionaron una protección y apoyo adecuados a las víctimas.

 

El MIMP administró el Programa de Emergencia de la Mujer, que incluyó 193 centros en los cuales colaboraron efectivos policiales, fiscales, consejeros y asistentes sociales con

el fin de brindar ayuda a las víctimas del abuso doméstico. Asimismo, se ocupó de atender los problemas legales, psicológicos, sociales y de salud que debieron confrontar las víctimas de la violencia doméstica. Adicionalmente, el Ministerio operó una línea telefónica gratuita para emergencias. Para el mes de octubre, el programa había atendido

a 41.478 casos de violencia doméstica y sexual, de los cuales 36.136 casos correspondían a violencia ejercida contra personas del sexo femenino.

 

El MIMP implementó proyectos diseñados para sensibilizar a los empleados públicos y a la ciudadanía en general sobre el problema de la violencia doméstica. El gobierno continuó implementando un vasto plan nacional para el período 2009-2015 concebido para ocuparse de los caso violencia familiar y violencia dirigida a las mujeres. Sin embargo, algunas ONGs y la Defensoría del Pueblo señalaron que los efectivos policiales se mostraron indiferentes ante las denuncias de violencia doméstica, aunque están obligados por ley a investigar tales denuncias.

 

 

 

 

 

Acoso sexual: El acoso sexual constituyó un grave problema. La ley no define al acoso sexual como un delito sino como una violación de los derechos laborales sujeto a una sanción administrativa que a su vez depende de la situación laboral en que se encontraba la víctima del acoso sexual. El acoso sexual no estuvo definido claramente por la ley y el gobierno fue muy poco efectivo para hacerla cumplir. La posibilidad que tuvieron las mujeres de presentar una denuncia por acoso sexual se vio obstaculizada por la indebida carga probatoria que recae sobre la propia víctima de probar que sí hubo acoso, así como por el temor a una represalia. No hubo estadísticas disponibles sobre acosadores sexuales llevados a juicio, condenados o castigados.

 

Derechos reproductivos: Las parejas y los individuos gozan del derecho de decidir el número, el tiempo de espera y el momento del nacimiento de sus hijos. Los ciudadanos generalmente cuentan con la información y los medios para hacerlo sin sufrir ningún tipo de discriminación, coerción o violencia. El acceso a la información sobre métodos contraceptivos y a la planificación familiar fue muy amplio. De acuerdo con estimados del 2011 de las Naciones Unidas, el 85 por ciento de los nacimientos fue atendido por personal especializado en el área de la salud y un 75 por ciento de mujeres de entre 15 y

49 años utilizaron algún método moderno de contracepción en el 2011. De acuerdo con cálculos de UNICEF, las mujeres que viven en las zonas rurales tuvieron, en promedio,

más de cinco hijos; sin embargo, sólo un 64% de estos nacimientos fueron atendidos por

parteras experimentadas, mientras que un 96 por ciento de las mujeres que dieron a luz en zonas urbanas tuvo acceso a parteras experimentadas. De acuerdo con datos emitidos por el INEI en el 2010, la tasa promedio de mortalidad materna era de 93 muertes por cada

100.000 nacimientos.

 

Discriminación: Las leyes disponen la igualdad entre hombres y mujeres y prohíben la discriminación contra las mujeres en temas como el matrimonio, el divorcio y los derechos de propiedad. Las mujeres pertenecientes a la clase alta y media-alta asumieron posiciones de liderazgo en compañías privadas y entidades gubernamentales. A pesar de que la legislación prohíbe la discriminación de género en los avisos de empleo o de oportunidades educativas y el despido arbitrario de mujeres embarazadas, la discriminación continuó siendo una práctica común. Las leyes estipulan que las mujeres deben recibir igual pago a igual trabajo, pero con frecuencia las mujeres recibieron un salario menor por un trabajo similar. Los prejuicios que continúan existiendo en la sociedad y la discriminación también resultaron en tasas de pobreza y desempleo desproporcionadamente altas entre las mujeres. Con mayor frecuencia fueron las mujeres las que debieron trabajar en el sector informal o en ocupaciones menos seguras, desempeñándose como empleadas domésticas, operarias en fábricas o vendedoras ambulantes y la posibilidad de que fueran analfabetas fue mayor debido a no haber

tenido acceso a una educación formal.

 

 

 

Niños

 

Registro de nacimientos: La ciudadanía se obtiene a través del nacimiento del individuo dentro del territorio nacional o a través de los padres. Hubo problemas con el registro de nacimientos por parte del gobierno, aunque el gobierno estaba desplegando esfuerzos significativos y logrando avances (ver la Sección 2.d.). La falta de registro de los nacimientos dificultó el acceso a los servicios públicos, tales como el acceso a la educación y la salud.

 

Educación: La Constitución estipula que la educación a nivel de primaria y secundaria es obligatoria y universal entre los seis y los diez y seis años y gratuita hasta concluir la secundaria. Sin embargo, algunos ciudadanos y ONGs afirmaron que –en la práctica– ninguno de los niveles educativos era totalmente gratuito y que las tarifas que se

cobraban por concepto de las asociaciones de padres de familia, los gastos administrativos y el costo de los materiales educativos hicieron muy difícil el acceso de las familias de menores ingresos.

 

Maltrato infantil: La violencia y el abuso sexual del que fueron objeto los niños fue un grave problema. Hasta el mes de setiembre, el MIMP reportó que hubo 1.129 casos de violencia o abuso sexual de niños menores de cinco años y 2.506 casos de abuso de niños de entre los seis y los once años de edad. Muchos casos de maltrato no fueron reportados debido a que, según las normas sociales, tales abusos fueron percibidos como un problema de índole familiar que debía ser resuelto de manera privada.

 

El Programa de Emergencia de la Mujer del MIMP recibió información a través de las oficinas encargadas de proteger los derechos y el bienestar de los niños y prestó ayuda a los niños que fueron víctimas de la violencia. La Dirección de la Niñez del MIMP tuvo a su cargo la coordinación de las políticas y los programas del gobierno para niños y adolescentes. A nivel vecinal, las oficinas encargadas de velar por los derechos del niño y proteger su bienestar se ocuparon de resolver denuncias que cubrían desde casos de maltrato físico y abuso sexual de los niños hasta casos de niños abandonados o la falta de pago de la pensión de alimentos. Los gobiernos provinciales o distritales administraron aproximadamente un 50 por ciento de estas oficinas, mientras que las escuelas, las

iglesias y las ONGs estuvieron a cargo del resto de ellas. La mayoría de estas oficinas estuvo atendida por estudiantes de Derecho, particularmente en los distritos rurales. En aquellas ocasiones en las que a estas oficinas no les fue posible resolver las disputas, los funcionarios usualmente las remitieron a las fiscalías locales que dependen del Ministerio Público, cuyos fallos tuvieron validez legal y la misma fuerza de ley que el dictamen de cualquier juzgado.

 

Matrimonios tempranos o contraídos a la fuerza: La edad mínima legal para contraer matrimonio son los 18 años de edad. La ley permite que aquellos menores de edad que tienen más de 16 años se puedan casar contando con la autorización de un juez civil. El

 

 

 

gobierno no mantiene estadísticas a nivel nacional sobre el matrimonio entre menores de edad, pero de acuerdo con la UNICEF, 20 por ciento de las mujeres de entre 20 y 24 años de edad se encontraban casadas o viviendo en pareja antes de haber cumplido los 18 años de edad.

 

Explotación sexual de menores: La Ley prohíbe la explotación de menores en el oficio de la prostitución e impone penas de entre 5 y 12 años de prisión a las personas que cometen este delito. Se supo de muchos casos en los que se explotó a menores de edad en el oficio de la prostitución. El país fue un destino para el turismo sexual con menores de edad, siendo Lima, Cusco, Loreto y Madre de Dios las principales localidades donde tuvo

lugar. La participación en el turismo sexual con niños está penada con 4 a 10 años de prisión. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo difundió información sobre el problema. En el mes de julio, el MIMP ofreció un taller que abordó el tema de los estándares que deben mantener los profesionales encargados de ofrecer un apoyo legal y psicológico a niños que son víctimas de la trata de personas y la explotación sexual.

 

La edad mínima para el sexo consentido es 18 años de edad. La ley que penaliza el estupro estipula diferentes modalidades del delito de violación, incluyendo la violación de jóvenes menores de 14 años de edad, con penas que oscilan entre 25 años de prisión a cadena perpetua. Las leyes prohíben la pornografía infantil y la pena por participar en la pornografía infantil es de cuatro a doce años de prisión, además del pago de una multa.

 

 

Niños soldados: La edad mínima para el reclutamiento de jóvenes por las fuerzas armadas es de 18 años de edad. La fuerza armada peruana prohíbe el reclutamiento de menores de edad, incluyendo el de aquellos que cuentan con la autorización de sus padres. Para el mes de octubre la Defensoría del Pueblo informó sobre seis casos en los que el ejército había admitido a soldados que eran menores de 18 años, por lo general fueron reclutas que no habían dicho la verdad sobre su edad. No hubo informes sobre personas menores de 18 que hubieran participado en hostilidades como miembros de alguno de los institutos armados del país.

 

Hubo varios informes que señalaban que Sendero Luminoso utilizó a menores de edad

(ver la Sección 1.g.)

 

Secuestro de menores a nivel internacional: El país es miembro de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro de Menores a Nivel Internacional de 1980. Si desea encontrar información sobre este tema sírvase consultar el informe que emite el Departamento de Estado sobre el cumplimiento de esta Convención en el enlace http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html. , así como información específica por país en la página http://travel.state.gov/abduction/country/country_6155.html.

 

 

 

Antisemitismo

 

Se estima que la población judía es de unas 3.000 a 4.000 personas. Hubo informes sobre un pequeño grupo antisemita, denominado Movimiento Nacional Socialista Andino, que opera en las zonas rurales de los Andes, pero no se informó sobre ningún caso de violencia u hostigamiento de miembros del pueblo judío.

 

 

Trata de Personas

 

Sírvase consultar el Informe sobre Trata de Personas emitido por el Departamento de

Estado en la página web: www.state.gov/j/tip.

 

Personas con discapacidad

 

La legislación prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales en las áreas del empleo, la educación, los viajes por avión y otros medios de transporte, el acceso a la salud y en la disponibilidad de los servicios que presta el Estado y establece las infracciones en las que se incurre y las sanciones que deben imponerse en casos de incumplimiento de las normas especificadas. La legislación estipula que debe otorgarse una protección debida, cuidados, rehabilitación, seguridad e inclusión social de las personas con discapacidad; ordena que los espacios públicos se encuentren libres de barreras y permitan el libre acceso de las personas con discapacidad y dispone el nombramiento de un especialista en derechos de

las personas con discapacidad en la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, la legislación ordena que los sitios (o páginas web) de la internet mantenidos por el gobierno, las

instituciones y otros proveedores de este servicio sean accesibles a las personas con

discapacidad y exige que los todos los programas educativos y culturales que se transmiten por la televisión estatal, así como los medios de comunicación alternativos en todas las bibliotecas públicas sean accesibles por medio de la utilización de lenguaje por señas o subtítulos. La ley establece cuotas de empleo para personas con discapacidad: para las empresas particulares que cuenten con más de 50 empleados, la cuota es del 3 por ciento; para organismos del sector público, es del 5 por ciento. Varias personas con discapacidad fueron elegidas al Congreso, incluyendo a tres congresistas que utilizan sillas de rueda y a uno con dos brazos prostéticos.

 

El Consejo Nacional para la integración de las Personas con Discapacidad supervisa el cumplimiento de la ley. El Consejo prestó su apoyo para la realización de 14 talleres regionales que contaron con la participación de personas provenientes tanto del sector público como del privado, tres talleres que fueron dictados a nivel nacional dirigidos a personas con discapacidad, así como reuniones técnicas multisectoriales concebidas para elaborar estrategias y actividades para implementar la ley. El MIMP realizó las coordinaciones del caso con la Asamblea Nacional de Rectores para crear conciencia de

la necesidad de que las universidades cuenten con instalaciones adecuadas que faciliten la

 

 

 

matrícula y posterior graduación de las personas con discapacidad. Expertos en el tema informaron que el gobierno había hecho algunos avances en las primeras fases de la implementación de la ley promulgada en el 2012 sobre personas con discapacidad. Para el mes de setiembre, el gobierno aún no había aprobado el reglamento necesario para implementar la ley.

 

El gobierno asignó muy pocos recursos a las tareas de hacer cumplir las leyes y brindar capacitación y muchas personas con diversos tipos de discapacidad continuaron siendo marginadas a nivel económico y social. El gobierno central, así como los gobiernos regionales y locales desplegaron muy pocos esfuerzos para facilitarles el acceso a los edificios públicos. En las oficinas públicas hubo pocos intérpretes para ayudar a las personas sordas y ningún acceso a grabaciones o al método Braille para los invidentes. La mayor parte de las páginas web del gobierno continuaron siendo inaccesibles para las personas con discapacidad y únicamente el canal de televisión del Congreso ofreció un lenguaje de señas para ayudar a interpretar los textos. El Instituto Nacional de

Estadísticas e Informática reportó que había 18 intérpretes de lenguaje de señas registrados para atender a más de 500.000 personas sordas.

 

El gobierno no hizo cumplir las leyes promulgadas para proteger y asistir a las personas con discapacidad mental que se encontraban en situación de abandono. El número de médicos que prestó sus servicios en instituciones psiquiátricas fue insuficiente para atender a todos los pacientes.

 

La Defensoría del Pueblo y algunas ONGs reportaron que muchos niños con discapacidad no pudieron asistir a los colegios del Estado debido a la falta de facilidades para el acceso a los mismos. Los datos más recientes consignados en un informe emitido en el 2011 por la Defensoría del Pueblo establecieron que casi la mitad de las escuelas públicas del país no contaba con rampas en la zona de entrada y un 88 por ciento de ellas no tenía baños adecuados para el uso de personas con discapacidad. Un número relativamente pequeño de maestros (39 por ciento) había recibido alguna capacitación en el área de la educación inclusiva. Más de la mitad de todas las escuelas públicas no cumplían con los estándares básicos requeridos por los estudiantes con discapacidades.

 

 

Minorías nacionales/raciales/étnicas

 

Las leyes garantizan la igualdad ante la ley de todo ciudadano y prohíbe la discriminación por motivos de raza, nacionalidad o idioma. Sin embargo, las personas afro descendientes (afroperuanos) debieron soportar la discriminación y el prejuicio social. Los afroperuanos generalmente no ocuparon cargos ejecutivos dentro del gobierno, la empresa privada o

las fuerzas armadas. Muy pocos afroperuanos sirvieron como oficiales en la Marina o en la Fuerza Aérea

 

 

 

La Defensoría del Pueblo y la UNICEF publicaron informes sobre la comunidad afroperuana en los que se indicó que tanto la discriminación estructural como la exclusión social constituían barreras importantes para su integración en la sociedad y señalaron que a los afroperuanos les fue especialmente difícil el tener acceso a los servicios de salud y a la educación. Algunas ONGs afirmaron que con frecuencia los empleadores encontraron la manera de evitar contratar a los afroperuanos o los relegaron a ocupaciones mal remuneradas en el sector servicios. A pesar de que la legislación prohíbe la mención de la palabra raza en los anuncios de empleo, la Defensoría reportó

que entre enero del 2011 y marzo del 2013 hubo 11 instancias en las que los empleadores publicaron anuncios de empleo en los que se especificaron requisitos sobre la raza del postulante. Adicionalmente, los empleadores a menudo exigieron que los solicitantes acompañaran una fotografía a sus solicitudes de empleo. El gobierno asignó al Ministerio de Cultura la tarea de facilitar la inclusión social de los afroperuanos. En el mes de mayo, el Ministerio dio inicio a un proceso de diálogo con líderes de la comunidad afroperuana con el fin de crear políticas públicas diseñadas para promover el desarrollo de la comunidad y combatir la discriminación. Para el mes de octubre este proceso continuaba en marcha. Con el fin de coadyuvar al proceso de diálogo, el Ministerio también encargó un estudio sobre el estatus socioeconómico de los afroperuanos. En el mes de julio, el Ministerio puso en marcha el Mes de la Cultura Afroperuana, que consistió en una serie de actividades académicas y culturales abiertas al público en general.

 

 

Poblaciones indígenas

 

El gobierno no proporcionó los recursos necesarios para proteger de manera efectiva los derechos civiles y políticos de las personas indígenas y las comunidades indígenas continuaron siendo política, económica y socialmente marginadas.

 

La Constitución y las leyes establecen que todo ciudadano tiene el derecho de utilizar su propio idioma frente a cualquier autoridad con la ayuda de un intérprete y de hablar su propio idioma. En aquellas zonas del país donde los idiomas quechua, aymara u otros idiomas indígenas son los predominantes comparten un estatus oficial con el castellano. Sin embargo, la escasez de recursos resultó en barreras idiomáticas que impidieron la participación plena de las personas nativas en el proceso político. Las mujeres indígenas, particularmente las que habitaban zonas rurales y pobres, fueron particularmente marginadas. La Defensoría reportó que 46 por ciento de los estudiantes indígenas de primaria y secundaria no tuvieron acceso a una educación en su propio idioma.

 

Muchas personas nativas carecieron de documentos de identidad. En muchos casos no hubo oficinas del gobierno en los lugares donde vivían. En algunos casos, se dice que los empleados de gobierno les exigieron el pago de un soborno a cambio de la entrega de los documentos, lo cual las personas indígenas no podían o deseaban pagar. Al no contar con sus documentos de identidad, no les fue posible ejercer sus derechos básicos, tales como votar o poder acceder a los servicios de salud y educación. La tasa de mortalidad infantil

 

 

 

fue más alta en las zonas rurales, donde vivía la mayoría de personas indígenas, que en las zonas urbanas; esto se debe a que las comunidades nativas no cuentan con servicios médicos adecuados. La mayoría de centros de salud del Estado brindaron sus servicios en las zonas urbanas, pero durante el año el gobierno continuó inaugurando nuevos centros en zonas rurales e incrementando el número de equipos itinerantes.

 

Aunque la Constitución reconoce que las personas indígenas poseen el derecho a la propiedad comunal de la tierra, frecuentemente las comunidades nativas no contaron con el título de propiedad indispensable para demarcar los límites de sus tierras, lo cual les dificultó la posibilidad de impedir la usurpación de las mismas por personas de fuera de la comunidad. De conformidad con la legislación peruana las comunidades han retenido el derecho a no traspasar la tierra a terceros, lo cual debería impedir que el título de propiedad sobre las tierras de los indígenas fuese reasignado a un arrendatario no indígena. Sin embargo, algunos miembros de las comunidades indígenas vendieron sus tierras a personas foráneas sin contar con la aprobación mayoritaria de los miembros de su comunidad. Adicionalmente, al no existir una institución que los representara de manera efectiva, ocurrieron permanentes conflictos sociales entre las personas indígenas

y no indígenas, particularmente en lo relativo a temas medioambientales y a las industrias extractivas, lo que ocasionalmente condujo a situaciones de violencia. Además, el Estado ostenta el derecho sobre los minerales u otros materiales del subsuelo, lo cual con frecuencia generó conflictos entre los intereses mineros y las comunidades nativas. La legislación estipula que el gobierno debe consultar con las comunidades indígenas antes de autorizar cualquier actividad de las industrias extractivas que pueda afectar sus tierras

o sus medios de subsistencia. La legislación establece que el gobierno debe crear una base de datos que incluya a las comunidades indígenas con derecho a ser consultadas de

conformidad con la ley y a elaborar una guía de implementación detallada con el fin de

facilitar que el gobierno y el sector privado cumplan con la ley. El 2 de abril, el gobierno publicó la guía que debía seguirse para la implementación de la ley y el 25 de octubre publicó la primera versión de la base de datos. Varias organizaciones indígenas y la Defensoría expresaron su preocupación sobre el hecho de que las comunidades indígenas no habían sido capacitadas lo suficientemente bien como para permitirles una participación adecuada en las consultas con el gobierno y la industria. Para el mes de setiembre el gobierno no había ningún proceso de consulta previa.

 

Muchas personas indígenas y otras personas con rasgos indígenas debieron soportar actos de discriminación y prejuicio contra su persona. Con frecuencia debieron soportar comentarios despectivos sobre sus personas y estuvieron sujetos a ser discriminados de manera ilegal en lugares públicos, incluyendo teatros, restaurantes y clubes.

 

 

Maltrato, discriminación y actos de violencia por parte de la sociedad basados en la orientación sexual y la identidad de género

 

 

 

La legislación no prohíbe de manera específica la discriminación contra personas sobre la base de su orientación sexual o su identidad de género y el gobierno no mantuvo estadísticas sobre la incidencia de tal discriminación a nivel nacional. El Manual sobre Derechos Humanos Aplicado a la Policía Nacional del Perú publicado por el Ministerio del Interior dispone que los efectivos de la policía deben respetar los derechos humanos, especialmente los de los grupos más vulnerables y se refiere de manera explícita a los derechos de las lesbianas, los homosexuales y los transexuales. Sin embargo, durante el año hubo casos de discriminación oficial o de parte de la sociedad en su conjunto - basada en la orientación sexual y en la identidad de género- en los campos del empleo, la vivienda y el acceso a la educación o a los servicios de salud. Las autoridades gubernamentales, incluyendo a los miembros de la policía, hostigaron y maltrataron a lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales (integrantes del colectivo LGBT).

 

La ley no garantiza de manera específica a las personas transexuales el derecho a identificarse con el género de su elección, incluyendo el derecho a cambiar su nombre y

el género al que pertenecen en los documentos de identificación emitidos por el gobierno. Las personas transexuales reportaron que habían encontrado obstáculos al intentar

hacerlo. Una encuesta conducida en el 2012 por una ONG local informó que 94 por ciento de las personas transexuales en Lima señalaron que en su documento nacional de

identidad no aparecía registrado el nombre por el que deseaban ser conocidas y 13 por ciento de las personas transexuales optaron por no obtener un documento nacional de

identidad porque no estaban permitidas de utilizar el nombre y consignar el género que correspondía a su identidad sexual.

 

Algunas ONGs locales afirmaron que existía una discriminación generalizada basada en la orientación sexual y la identidad de género, que era culturalmente sancionada, y que, en gran medida, no era reportada por temor a sufrir algún acto de violencia o una mayor discriminación. Algunas ONGs informaron que jóvenes LGBT con frecuencia fueron

objeto de actos graves de intimidación que contribuyeron a que hubiera tasas más altas de suicidio entre este grupo de jóvenes que entre jóvenes heterosexuales. Una ONG local reportó que hasta el mes de agosto, se habían cometido siete asesinatos y hubo dos suicidios entre personas LGBT. El 15 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado reiterando su profunda preocupación por los altos

niveles de violencia y discriminación contra las personas LGBT e instó al gobierno a adoptar medidas para impedir que ocurrieran estos actos de discriminación y acciones violentas y para proteger a las personas pertenecientes al colectivo LGBT de abusos a sus derechos humanos.

 

 

Otros tipos de violencia o discriminación de parte de la sociedad

 

La Defensoría reportó que para el mes de setiembre hubo 223 conflictos sociales, aproximadamente dos tercios de los cuales eran conflictos socio-ambientales relacionados con las actividades de las industrias extractivas. Estos conflictos afectaron

 

 

 

de manera desproporcionada a las poblaciones indígenas en las regiones andinas y amazónicas. Durante el año, se reportó una muerte en conflictos sociales. En algunas ocasiones –durante las protestas- la violencia estalló entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

 

 

El 24 de octubre, 14 policías resultaron heridos durante dos protestas organizadas por mineros informales que tuvieron lugar -por separado- en los Departamentos de Arequipa

y Ayacucho. Una muchedumbre conformada por mineros ilegales en la Región Ayacucho atacó a miembros de la policía que intentaba desalojarlos de una mina abandonada

ubicada en esa Región, habiendo resultado heridos cuatro efectivos policiales. En otro

incidente, una turba de más de 200 manifestantes en Arequipa atacó a nueve miembros de la policía dejándolos heridos, mientras intentaban interrumpir una reunión convocada

para discutir los planes para una polémica mina de cobre. Los manifestantes lanzaron piedras a la policía e intentaron prender fuego al  local donde tenía lugar la reunión. Un

equipo de la policía antidisturbios utilizó gas lacrimógeno para dispersar a la muchedumbre.

 

Las personas afectadas con el VIH/SIDA debieron soportar actos de discriminación y hostigamiento, incluyendo actos de discriminación de parte de la sociedad en los campos del empleo, la vivienda y la inclusión social en general. El Ministerio de Salud implementó estrategias para combatir la discriminación contra los individuos afectados por el VIH/SIDA. Algunas de estas políticas tuvieron éxito, tales como la atención médica brindada a los pacientes con VIH/SIDA, pero los observadores señalaron que se necesitaba fortalecer los programas de educación y prevención.

 

El 18 de junio, un juzgado suspendió los planes para efectuar un reclutamiento militar, señalando que la ley que autoriza el reclutamiento militar discrimina contra miembros de las clases económicas más humildes. El fallo admitió una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo el 14 de junio. La ley establece que los jóvenes reclutas sirvan en las fuerzas armadas por un período de dos años a menos que sean estudiantes universitarios o puedan pagar una multa de 1.850 nuevos soles ($660). Para el mes de setiembre el recurso de apelación al fallo del juzgado presentado por el gobierno continuaba pendiente de resolución. Para el mes de octubre el Tribunal Constitucional había aceptado una resolución contra la ley presentada por la bancada del Partido Fuerza Popular.

 

 

Sección 7.  Derechos de los trabajadores

 

a. La Libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva

 

Con ciertas limitaciones, la legislación y normas laborales protegen la libertad de asociación, el derecho a ir a la huelga y el derecho a la negociación colectiva y prohíben que el empleador intimide a sus trabajadores y otras modalidades de discriminación

 

 

 

antisindical. Las normas permiten que los trabajadores formen sindicatos sin tener que contar con una autorización previa. El número mínimo de miembros requerido por ley para que pueda constituirse un sindicato -20 empleados para un sindicato en un centro de trabajo y 50 empleados en el caso de una central sindical- fue excesivamente alto en algunos casos, particularmente en el caso de la pequeña o mediana empresa. La legislación señala que los trabajadores de los sectores público y privado tienen derecho a organizarse y a negociar de forma colectiva e ir a la huelga, pero especifica que éste último derecho debe ser ejercido “en armonía con objetivos sociales más amplios”. A los jueces, fiscales, y miembros de la policía y de las fuerzas armadas no se les permite formar un sindicato o a afiliarse a él.

 

La ley permite que los sindicatos se declaren en huelga de conformidad con sus propios estatutos. Los trabajadores sindicalizados de los sectores público y privado deben notificar –por adelantado– a sus empleadores y al Ministerio de Trabajo su decisión de ir a la huelga, al menos cinco días laborables en el caso de los trabajadores del sector privado y 10 días en el sector público. La ley también permite que los trabajadores no

sindicalizados puedan declararse en huelga si cuentan con un voto mayoritario, siempre y cuando el acta de la votación presentada por escrito se encuentre validada por un notario

y se presente al menos cinco días antes de la realización de la huelga.

 

A los sindicatos -que a juicio del gobierno- operan en instituciones que brindan servicios públicos esenciales se les permite ir a la huelga pero deben presentar una notificación con diez días útiles de antelación, recibir la autorización del Ministerio de Trabajo, contar con la aprobación de una mayoría simple de sus afiliados y permitir que un número suficiente de trabajadores continúe laborando para garantizar el funcionamiento de la empresa;

dicho número de trabajadores es acordado anualmente de manera conjunta entre los representantes del sindicato y las autoridades del Ministerio de Trabajo.

 

Los trabajadores que se declaran en huelga conforme a ley no pueden ser despedidos por haberlo hecho; sin embargo, los trabajadores del sector privado que a pesar de no tener derecho a ir a la huelga lo hacen pueden ser despedidos al cuarto día de no concurrir a sus centros de trabajo y los huelguistas del sector público pueden serlo luego de un proceso administrativo.

 

A menos que exista un contrato de trabajo preexistente que cubra una ocupación o industria en su totalidad, los sindicatos deben negociar con las compañías de manera individual. La ley establece procedimientos que deben seguirse para las negociaciones directas y la conciliación. Si esos procedimientos fracasan los trabajadores pueden declararse en huelga o solicitar un arbitraje. La legislación laboral específica el procedimiento a través de cual se autoriza el uso del arbitraje para poner fin a disputas laborales colectivas. La ley otorga a una de las partes el derecho de exigir a la otra que se someta a un arbitraje (ya sea que lo haya iniciado el trabajador o el empleador) siempre que las partes no hubiesen podido alcanzar un acuerdo en su primera negociación

 

 

 

colectiva, o que una de ellas haya actuado de mala fe durante la misma, al haberla retrasado, obstaculizado o evitado que se llegara a un acuerdo. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre si se ha cumplido o no con el prerrequisito para un arbitraje vinculante, la ley también permite que una de las partes someta la cuestión a árbitros independientes, fuera del gobierno, para que emitan una decisión inicial.

 

Contando con la aprobación previa del Congreso, el 2 de julio el Presidente promulgó la Ley sobre el Servicio Civil. La ley tiene como objetivo profesionalizar el servicio civil y promover un sistema en que los ascensos estén basados en los méritos del empleado. Los trabajadores y sindicatos del sector del servicio civil criticaron la ley por que prohíbe la negociación colectiva con respecto al aumento de los salarios y reduce la estabilidad laboral de los trabajadores.

 

La legislación prohíbe que los empleadores se nieguen a emplear a un individuo debido a que es miembro de un sindicato y también prohíbe otras modalidades de discriminación antisindical. Los trabajadores despedidos por haber realizado actividades sindicales

tienen derecho a que se les reponga en sus puestos de trabajo. Sin embargo, la legislación permite que las compañías despidan a sus empleados sin que exista una justificación para

este despido siempre y cuando se les ofrezca una indemnización.

 

La legislación prohíbe que las empresas subcontraten a trabajadores para que realicen las funciones esenciales de la empresa, exige que las empresas monitoreen a sus contratistas para asegurarse que estos cumplen con los derechos laborales y hace responsables a las empresas por las acciones de sus contratistas. La legislación aplicable al régimen general laboral del sector privado establece nueve categorías de contratos de trabajo diferentes bajo las cuales las compañías pueden contratar a un trabajador dependiendo de las circunstancias particulares del empleo. La ley fija plazos para cada categoría y también incluye un plazo máximo de cinco años en aquellos casos en los que se utilizan contratos de diferentes categorías de manera conjunta. Las leyes que rigen sectores específicos de la economía y que cubren los sectores de la exportación no tradicional (como por

ejemplo: la pesca, la madera y el papel, los minerales no metálicos, la joyería, los textiles y las prendas de vestir, así como la agroindustria) exoneran a los empleadores de este

plazo máximo de cinco años y les permite contratar a sus trabajadores de manera

indefinida a través de contratos consecutivos de corto plazo, sin exigir que eventualmente se les ofrezca un contrato por tiempo indefinido. Los sindicatos de trabajadores, las

ONGs y algunas firmas de marcas registradas de prendas de vestir, criticaron esta ley, señalando que crea condiciones, que en la práctica, impiden organizar un sindicato o

afiliarse a éste.

 

La ley exige la eliminación gradual del sistema de contratación de empleados por períodos de tiempo limitados, los Contratos de Servicios Administrativos (CAS), que es aplicado a los trabajadores del sector público, aunque no especifica la fecha exacta en que deberá ocurrir tal eliminación. Los trabajadores que laboran bajo esta modalidad

 

 

 

representan un 17 por ciento de un aproximado de un millón de servidores públicos. Los sindicatos que representan a los trabajadores del CAS criticaron la ley, señalando que la misma permite que los empleadores en el sector público puedan limitar los beneficios de los empleados al hacer que éstos dependan de los presupuestos asignados para cada año fiscal y coloca a los trabajadores CAS en una situación de vulnerabilidad al poder ser rescindidos sus contratos sin que exista justificación alguna, lo cual podría violar la protección constitucional contra el despido arbitrario.

 

 

El gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva en todos los casos. Las multas que se impusieron por violaciones a la libertad de reunión y a la negociación colectiva fluctuaron entre los 7.400 y los 74.000 nuevos soles ($2.650 a $26.400), pero infrecuentemente se obligó a que estas multas se pagaran. Los trabajadores debieron soportar largas demoras en los procesos judiciales y la ley no se cumplió en casos de despidos relacionados con actividades de carácter sindical. Por ejemplo, las ONGs informaron que casos emblemáticos de arbitrajes laborales que provenían del año 2012 continuaban pendientes de ejecución y la implementación de las decisiones alcanzadas por los árbitros pudo retrasarse a través de la presentación de apelaciones ante el Poder Judicial. Estos casos afectaron a sindicatos que representaban a trabajadores de los sectores público y privado de la Minera Shoughang, Petroperú, la Superintendencia

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) e inspectores del Ministerio de Trabajo. Algunas ONGS reportaron casos en los que hubo un incumplimiento con las decisiones

de los árbitros.

 

Los trabajadores debieron hacer frente a algunos retos para poder ejercer su derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. Los sindicatos generalmente gozaron de independencia frente al gobierno o a los partidos políticos. Para el mes de octubre el Ministerio de Trabajo registró un total de 33 huelgas, 25 de las cuales fueron declaradas ilegales. Los empleadores continuaron despidiendo a sus trabajadores por ejercer su derecho de ir a la huelga. El despido de los huelguistas y los retrasos en reincorporar a estos trabajadores en sus puestos de trabajo, tanto en casos de huelgas legales como ilegales, fue la principal táctica utilizada por los empleadores para disuadir a los trabajadores de ir a la huelga. Por ejemplo, en el mes de setiembre la mayor parte de los

250 trabajadores agrícolas sindicalizados de la firma Camposol que fueron suspendidos luego de ir a la huelga por una semana en el mes de diciembre del 2012 no habían sido

reincorporados en sus puestos de trabajo. Los trabajadores fueron a la huelga para

protestar por la mala fe con la que ellos consideraban que había negociado su empleador luego de 10 meses de negociación. Tres días después de haber puesto fin a la huelga, Camposol emitió 250 notificaciones de suspensión a los trabajadores sindicalizados que participaron en la huelga, la mayoría de los cuales había trabajado para la firma por más de cuatro años.

 

Las largas demoras en los procesos de negociación colectiva debido a la falta de interés por parte de los empleadores en concluir estos acuerdos constituyeron un obstáculo

 

 

 

recurrente que sirvió para impedir que se cumpliera con el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva. Los trabajadores empleados bajo leyes que fueron concebidas para promover los textiles y las prendas de vestir y las industrias agropecuarias debieron enfrentar obstáculos para ejercer su derecho a la negociación colectiva. Por ejemplo, los trabajadores en Agrícola Chapi iniciaron el proceso de negociación colectiva con su empleador en el mes de enero. Para el mes de setiembre no había sido alcanzado un acuerdo y el caso se encontraba en la fase de conciliación.

 

 

Los empleadores incurrieron en prácticas antisindicales, incluido el uso de la subcontratación con el fin de evitar entrar en una relación de empleo directo con sus trabajadores y –de ese modo– librarse de tener que cumplir con los requisitos legales que conlleva este tipo de contratación. Asimismo, esa modalidad de subcontratación ayudó a limitar el número de trabajadores estables o permanentes, lo cual dificultó la posibilidad de superar el umbral de los 20 empleados que se necesitan para poder formar un

sindicato. Muchas empresas, incluyendo a las industrias del sector exportador, emplearon a trabajadores temporales, quienes en la práctica no se atrevieron a participar en un sindicato debido al temor de que sus contratos no fueran renovados. Asimismo, los empleadores eludieron las restricciones relativas al empleo de trabajadores temporales para cumplir con las funciones básicas de sus empresas.

 

Las ONGs también reportaron que hubo interferencias de parte de la gerencia en los comités conformados por representantes de la empresa y de los trabajadores sobre la salud y seguridad de los trabajadores. En ocasiones la gerencia de las empresas interfirió con la elección de representantes de los trabajadores, sostuvo sesiones de los comités sin contar con la plena representación de los trabajadores y se abstuvo de notificar a

representantes de los trabajadores elegidos por ellos sobre las visitas de los inspectores de trabajo para llevar a cabo inspecciones en su centro de trabajo.

 

 

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

 

La legislación prohíbe todas las modalidades de trabajo forzoso u obligatorio, pero existió evidencia de que el gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva.

 

Los recursos, las inspecciones y las medidas correctivas fueron inadecuados para lograr un cumplimiento efectivo de la ley. Las sanciones o multas impuestas por violaciones de la ley fluctuaron entre 7.400 y 74.000 nuevos soles ($2.640 a $26.400) pero fueron insuficientes para impedir que ocurrieran violaciones de la ley o no se hicieron cumplir con suficiente fuerza. Para el mes de setiembre, el Ministerio de Trabajo había conducido nueves inspecciones para enfrentar el problema del trabajo forzoso y reportó que había identificado y liberado a quince víctimas del mismo. Hasta el mes de julio, el Ministerio Público, había registrado 201 procesos judiciales entablados contra individuos involucrados en casos de trabajo forzoso. Para el mes de setiembre, todas las 201 causas se encontraban pendientes de resolución. Entre los meses de enero y setiembre, el

 

 

 

Ministerio de Trabajo ofreció 468 sesiones de capacitación a empleados, empleadores y sindicatos a lo largo y ancho del país con el propósito de crear conciencia sobre el trabajo forzoso y las leyes que se aplican en ese campo.

 

El 9 de junio, el gobierno promulgó el Plan Nacional para Combatir el Trabajo Forzoso

2013-17. Expertos en la materia criticaron el plan, aduciendo que no contenía un presupuesto asignado por el gobierno central, por lo que iba a ser difícil de implementar por las diversas instancias del gobierno.

 

Se estimaba que miles de personas se encontraban sujetas a condiciones de trabajo forzoso, especialmente en actividades mineras, la industria maderera, la agricultura, la manufactura de ladrillos y el servicio doméstico. Hubo informes que señalaron que tanto hombres adultos como jóvenes del sexo masculino estaban siendo forzados a trabajar en la industria minera (incluyendo la extracción de oro), la industria maderera y la manufactura de ladrillos, mientras que las mujeres, con mayor frecuencia, se encontraban

trabajando en condiciones de servidumbre doméstica. Se informó que tanto mujeres como hombres debieron realizar trabajos forzados en el Sector Agrícola. En un informe emitido en setiembre, Verité se refirió a casos de trabajo forzado en la minería ilegal del oro, así como a casos de trabajo infantil, casos en los que la salud y la seguridad de los trabajadores estuvo en riesgo y trata de personas para fines de explotación sexual en Madre de Dios, Cusco, Puno y Arequipa. Los casos más graves de explotación tuvieron lugar en Madre de Dios y las investigaciones indicaban que los problemas podrían haber sido aún más serios en lugares más alejados de la selva.

 

Sírvase consultar el Informe sobre Trata de Personas que publica el Departamento de

Estado en la Página Web: www.state.gov/j/tip.

 

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para el empleo

 

La edad mínima legal para poder obtener un empleo es 14 años. Sin embargo, los jóvenes de entre 12 y 14 años de edad pueden realizar ciertos trabajos por un máximo de cuatro horas diarias y los adolescentes de entre 15 y 17 años de edad pueden trabajar hasta seis horas diarias siempre y cuando obtengan un permiso especial del Ministerio de Trabajo y presenten un certificado que compruebe que asisten al colegio. En ciertos sectores de la economía se estipularon edades mínimas más altas: 15 años en el sector agrícola no industrial, 16 años en los sectores industrial, comercial y minero y 17 en el sector pesquero industrial.

 

Las personas menores de 18 necesitan contar con una autorización del Ministerio de Trabajo para poder trabajar legalmente. Los padres deben solicitar los permisos y los empleadores deben contar con un permiso en sus archivos para poder contratar a un menor.

 

 

 

La ley específicamente prohíbe varias ocupaciones consideradas como peligrosas para los menores de edad, estas actividades incluyen el trabajo subterráneo, levantar o cargar objetos pesados, hacerse responsables por la seguridad de otros y trabajar en horas de la noche. La legislación prohíbe cualquier trabajo que comprometa la salud de los niños y

los adolescentes, que ponga en riesgo su desarrollo físico, mental y emocional o que impida su asistencia regular al colegio.

 

El Ministerio de Trabajo es la entidad responsable de hacer cumplir las leyes sobre trabajo infantil; sin embargo existieron evidencias de que no se hizo cumplir las leyes de manera efectiva. Los recursos disponibles, el número de inspecciones y la coordinación que existió entre los Ministerios fueron insuficientes para hacer cumplir la ley. Las multas que se impusieron por las violaciones a la ley fluctuaron entre 7.400 y 74.000 nuevos soles ($2,640 a $26,400) pero no fueron lo suficientemente disuasivas como para impedir que se la siguiera violando. El Ministerio afirmó que sus inspectores condujeron visitas inopinadas rutinarias a centros de trabajo donde alguna persona u organismo había reportado problemas en el área del trabajo infantil. El gobierno informó que había multado y suspendido las operaciones de las compañías que violaron las leyes laborales. Para el mes de setiembre, las autoridades impusieron multas por un valor de 84.452 nuevos soles ($30.160) a 25 compañías por haber contratado a menores de edad de manera ilegal o por no haber obtenido la debida autorización antes de contratarlos.

 

El Ministerio de Trabajo continuó implementando el programa "Vamos Perú", que se centró en la capacitación laboral, la asistencia técnica para empresarios y la colocación en puestos de trabajo, así como el programa "Perú Responsable" diseñado para fomentar la responsabilidad social corporativa con el fin de crear empleo formal para los jóvenes. Otros programas incluyeron proyectos piloto de dos años de duración en Carabayllo y Huánuco, que se centraron en la reducción de trabajo infantil a través de una mejora de

los servicios educativos y la entrega de efectivo a familias en las zonas rurales.

 

 

Las Defensorías para Niños y Adolescentes (DEMUNAs) colaboraron con el Ministerio de Trabajo para documentar las denuncias sobre la violación a las leyes que norman el trabajo infantil. Existieron más de 2.240 oficinas de DEMUNAs que operaron en municipalidades a lo largo y ancho del país. Las DEMUNAs también administraron un sistema descentralizado para informar y rastrear los casos de trabajo infantil. El MIMP tuvo a su cargo un programa a través del cual se envió a maestros especializados a las calles a fin de educar y apoyar a menores que mendigaban o realizaban otros tipos de trabajo. El MIMP también continuó implementando el programa Yachay, que presta ayuda a niños de la calle de entre 6 y 17 años con talleres, servicios de salud, servicios educativos, ayuda legal y becas.

 

El trabajo infantil continuó siendo un grave problema, especialmente en el sector informal. El INEI estimó que durante el año hubo 1.650.000 niños que trabajaron en situaciones de explotación laboral. En el 2010 la Organización Internacional del Trabajo

 

 

 

estimó que había 2,8 millones de niños trabajadores en el país y que el trabajo realizado por un 68 por ciento (1,9 millones) de estos niños era considerado como algunas de las peores formas de trabajo infantil.

 

Las peores formas de trabajo infantil generalmente tuvieron lugar en el sector informal de la economía, incluyendo la explotación para fines de comercio sexual, la extracción de oro, la fabricación de ladrillos y fuegos artificiales, la manufactura, la extracción de piedras (ver la Sección 6, Niños), la producción de la madera y la agricultura, incluyendo la producción de la coca y la nuez del Brasil. Algunas ONGs reportaron que los niños trabajaron en condiciones peligrosas, incluyendo a un aproximado de 141.000 niños que trabajaba en las calles, 101.000 de los cuales lo hacía en horas de la noche y 87.000 en actividades relacionadas con la basura. En muchos casos los niños trabajaron al lado de sus padres en un negocio familiar, usualmente en las áreas y los sectores arriba mencionados. En el mes de setiembre, hubo informes que aseguraban que los narcotraficantes utilizaban a niños trabajadores en Loreto para producir cocaína en la

selva y llevarla hasta la frontera con el Brasil.

 

Sírvase ver el Informe sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil que publica el

Departamento de Estado en la Página Web: www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm.

 

d. Condiciones de trabajo aceptables

 

El salario mínimo mensual fijado por ley fue de 750 nuevos soles ($268). El INEI estimó que la línea de pobreza era de 284 nuevos soles ($101) al mes por persona, aunque esta cifra varió dependiendo de la región. La legislación establece una semana laboral de 48 horas, un día de descanso a la semana y requiere que se pague un monto extra por el

sobre tiempo. No existe ninguna prohibición sobre el sobretiempo obligatorio excesivo, la legislación tampoco fija un límite a las horas de sobre tiempo que un trabajador puede laborar. La legislación estipula ciertos derechos y beneficios a los que tienen derecho los adultos que trabajan en el servicio doméstico, tales como el cumplir una jornada laboral de ocho horas, gozar de días de descanso en los feriados oficiales, 15 días de vacaciones pagadas al año y una gratificación salarial en los meses de julio y diciembre. La legislación prohíbe cualquier acto de discriminación contra los trabajadores domésticos,

así como el que los empleadores exijan que éstos tengan que utilizar uniformes en lugares públicos. La legislación laboral estipula que los trabajadores CAS que cumplen con los requisitos de servicio mínimos deben gozar de 30 días de vacaciones, el pago de gratificaciones en los meses de julio y diciembre y una indemnización de hasta tres sueldos mensuales en el caso de haber ocurrido un despido arbitrario. El gobierno fija normas adecuadas de seguridad y salud ocupacionales dirigidas a las principales

industrias del país, pero expertos en este sector reportaron que tanto la experticia como los recursos del gobierno no fueron lo suficientemente adecuados como para permitirle

mantener los estándares de salud y seguridad apropiados. Las ONG informaron que la

 

 

 

legislación sobre las condiciones sanitarias y seguridad en el centro de trabajo fue adecuada pero que sin embargo, con frecuencia, las leyes no se llegaron a aplicar.

 

El gobierno con frecuencia no asignó a un número adecuado de personal ni los recursos técnicos y económicos necesarios para hacer cumplir las normas sobre salud y seguridad ocupacional y otras normas laborales. El sector formal de la economía fue el único sector en el que el Ministerio de Trabajo se aseguró de que se cumpliera con el pago del salario mínimo vital. Muchos trabajadores que laboraban en el sector informal, conformado por un aproximado del 60 por ciento del total de la fuerza laboral, la mayoría de los cuales debió recurrir al auto-empleo, percibieron montos menores al salario mínimo vital. Hubo

395 inspectores laborales que centraron su trabajo en el sector formal de la economía,

129 realizaron su trabajo en regiones fuera de Lima. Fuentes del sector laboral afirmaron que muchos inspectores se vieron forzados a pagar su propio transporte a los centros de

trabajo que debían inspeccionar y con frecuencia fueron hostigados o se les negó el

acceso a estas compañías. De acuerdo al testimonio de una ONG local, muchas multas no llegaron a ser cobradas, en parte debido a que el Ministerio no contó con un sistema de seguimiento efectivo y en ocasiones debido a la falta de voluntad política. Para el mes de setiembre, los inspectores del Ministerio de Trabajo asignados a la ciudad de Lima reportaron haber recibido 22.661 denuncias externas a través para las cuales se solicitaron inspecciones y el Ministerio condujo 32.405 inspecciones en diversos centros de trabajo. El Ministerio no ofreció ninguna estadística sobre denuncias e inspecciones realizadas en lugares fuera de Lima. Para el mes de setiembre, el Ministerio había impuesto multas por un monto aproximado de 12,1 millones de nuevos soles ($4,3 millones) a 1.027

compañías por no haber incluido a sus trabajadores en planilla y por haber cometido violaciones a las normas sanitarias o de seguridad. El incumplimiento de la ley genera la

imposición de multas que oscilan entre 1.110 nuevos soles ($396) a 37.000 nuevos soles

($13,215). Las sanciones no fueron lo suficientemente contundentes como para disuadir a las compañías de violar las normas.

 

El Sistema Nacional para la Salud y la Seguridad en el Centro de Trabajo, un organismo que opera dentro del Ministerio de Trabajo, ofreció clases a larga distancia a representantes regionales. El Ministerio creó tres comisiones técnicas encargadas de modernizar y estandarizar un registro nacional de accidentes en el centro de trabajo, desarrollar estándares ergonómicos y capacitación en este campo y establecer un programa de certificación profesional para expertos en salud y seguridad. Para el mes de setiembre, el Consejo Nacional sobre la Salud y la Seguridad se reunió en seis ocasiones y el gobierno creó cinco nuevos Consejos Regionales en Moquegua, San Martín, Tacna, Junín y Puno. Los empleadores y trabajadores, incluyendo a los sindicatos, que

tradicionalmente no tuvieron ninguna voz en estos asuntos, participaron en estos consejos nacionales. La legislación establece multas y sanciones penales en casos de alguna violación a las normas de salud y seguridad en el trabajo. En el caso de cometerse alguna infracción, o de alguna lesión o la muerte de un trabajador permanente o subcontratado,

la pena es de cinco a diez años de prisión. Los comités de trabajo, salud y seguridad

 

 

 

continuaron creándose a lo largo y ancho del país. El gobierno no mantuvo estadísticas sobre el número de los comités que se encontraban funcionando durante el año.

 

Los trabajadores, las empresas y el gobierno informaron que la mayor parte de compañías del sector formal de la economía generalmente cumplió con la ley. Sin embargo, los empleadores con frecuencia interfirieron con la creación y el funcionamiento de comités conformados por trabajadores y empleadores, al haber ejercido su influencia en las elecciones celebradas para elegir a los representantes de los trabajadores y haber limitado la autoridad de los comités.

 

Frecuentemente, los empleadores exigieron que sus empleados domésticos trabajaran por largas horas y les pagaron bajas remuneraciones. Durante el año, se reportaron muchos casos de violaciones de las disposiciones que prohíben la discriminación contra los empleados domésticos y la exigencia de parte de los empleadores a que sus empleados domésticos usaran uniformes en lugares públicos. El Ministerio de Trabajo, ONGs

locales y varios sindicatos continuaron conduciendo campañas para informar a los trabajadores domésticos sobre sus derechos.

 

Continuaron presentándose denuncias relativas al maltrato de los trabajadores subcontratados en lo concerniente a incumplimientos y violaciones de la ley en el área de los salarios y de los derechos de asociación. El 2 de julio, el Congreso aprobó la Ley de Promoción a las Inversiones que otorga a la pequeña y mediana empresa una ampliación de tres años para su participación en regímenes laborales especiales. ONGs del sector laboral criticaron la ley señalando que ésta servía para fomentar contratos de trabajo con estándares inferiores a la norma.

 

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros informó que habían muerto 40 mineros (16 de los cuales eran trabajadores subcontratados) en accidentes mineros ocurridos en el sector formal de la minería. La mayoría de estas muertes se produjo debido al deslizamiento de piedras, caídas sufridas por los trabajadores y casos de asfixia. En el caso de accidentes industriales, generalmente se determinó el monto de la compensación

a ser pagado a través de un acuerdo alcanzado entre el empleador y el trabajador. Las leyes no exigen que un trabajador deba ofrecer pruebas de la supuesta culpabilidad de su empleador para poder obtener una compensación por algún daño sufrido en su lugar de trabajo. Para el mes de setiembre, el Ministerio de Trabajo reportó 10.285 accidentes, de los cuales 5.059 no fueron graves, 5.108 fueron incapacitantes y 118 fueron mortales.

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