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Lo necesario y lo urgente Sobre las normas para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

 

Entre los pedidos del Ejecutivo de facultades delegadas al Congreso se tienen las referidas a la seguridad ciudadana, solicitadas la semana pasada. El gobierno se propone aprobar un paquete para luchar contra el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas y de insumos químicos, el tráfico de tierras y la tala ilegal de madera.
 
Para la aprobación de este y otros pedidos de facultades hace falta que se resuelva el impase que ha paralizado el Congreso y que amenaza con cerrar la legislatura en falso o estropear una legislatura extraordinaria. Si bien el gobierno podría legislar mediante Decretos de Urgencia en materia económica y financiera como lo manda la Constitución, carece de estos poderes u otros parecidos en relación con la seguridad ciudadana, un ámbito en el que solo es posible legislar con fuerza de ley mediante normas del Congreso o decretos legislativos por facultades delegadas.
 
De modo que es preciso considerar la urgencia de las medidas que el gobierno se propone impulsar para sopesar su grado de urgencia e impacto.
 
Se pretende, por ejemplo, legislar sobre el uso de motocicletas, un vehículo usado por las mafias para la extorsión y el sicariato. Sin embargo, las medidas restrictivas sobre pasajeros de las motocicletas lineales o identificación de propietarios no requieren de una norma con rango de ley, como tampoco lo requieren la mejora de la gestión y control migratorio, la reforma de los servicios aduaneros, portuarios y aeroportuarios, una supervisión más vinculante de la seguridad privada y el establecimiento del sistema de recompensas para lograr la captura de miembros de organizaciones criminales.
 
En cambio algunas normas, dentro del paquete de seis leyes que el gobierno tendría elaborados, deberían tener el tratamiento de ley ordinaria o decreto legislativo, especialmente las referidas a la cadena perpetua para los que contraten a menores como sicarios, el establecimiento de esta modalidad de infracción como un delito autónomo, la modificación de la aplicación del delito de prevaricato para jueces y fiscales, el fortalecimiento del sistema penitenciario, el reforzamiento de la ejecución penal, la regulación de la llamada delincuencia juvenil, y el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
 
Por otro lado, sería conveniente que se tome en cuenta dos iniciativas polémicas. Una de ellas pretende regular el derecho al silencio para evitar que los miembros de bandas criminales se nieguen a declarar ante las autoridades y allanen el camino a su libertad, lo que podría violar el derecho de toda persona a guardar silencio. La otra es establecer como obligación de las empresas de telefonía la geolocalización de los celulares sin pasar por una orden judicial, para acortar el tiempo de ubicación de los teléfonos que usan las redes criminales. Siendo correcto el propósito, sería conveniente que no se desjudicialice la localización de los celulares.

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