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Corrupción en el arbitraje nacional

Ricardo León Pastor Árbitro

El asunto Orellana ha sido el más emblemático caso de corrupción en el arbitraje nacional de los últimos años.

 

Este abogado, informaron diversos medios de comunicación, compró el voto de los demás árbitros en un proceso arbitral para lograr una decisión mañosa en beneficio de un tercero, contra el Gobierno Regional de Arequipa.

 

El flagelo de la corrupción que azotaba a la administración de justicia peruana, lo sigue haciendo de acuerdo con encuestas de opinión pública internacional que ubican a nuestro Poder Judicial entre los 20 más corruptos del mundo.

 

Hoy este flagelo se ha extendido muy lamentablemente a procesos arbitrales.

 

La corrupción ha afectado a los llamados procesos arbitrales ad hoc, en los que no interviene ningún centro de arbitraje reconocido para dotar de transparencia al proceso arbitral, mediante la intervención de árbitros reconocidos y la aplicación de normas y reglamentos que recogen las mejores prácticas internacionales sobre la materia.

 

Al conjunto de estos últimos se les llama arbitraje institucional.

 

Y esto es responsabilidad de las partes que intervienen en el arbitraje.

 

Mientras ellas no diseñen un contrato que incorpore un convenio arbitral en que se sometan a las reglas de arbitraje de una institución de reconocido prestigio, estarán delegando absolutamente a los árbitros que designen toda la responsabilidad para tramitar y decidir cualquier contingencia que surja a lo largo del proceso arbitral.

 

Si los árbitros fuéramos ángeles, no habría problemas porque los ángeles hacen lo correcto.

 

Sin embargo, no somos ángeles, podemos equivocarnos e incluso algunos pueden corromperse.

 

Tampoco somos demonios que merezcan un control policial de nuestra actividadprofesional, bajo el supuesto errado de que nos corromperemos tarde o temprano.

 

Los árbitros somos seres humanos, por sus obras les conoceréis.

 

Esta andadura profesional debe ser evaluada por las partes.

 

Pero antes de la designación debe haberse pactado una garantía para la correcta administración de un proceso arbitral institucional.

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