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PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL CIVIL TALARA - 2012

TITULO:               PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL CIVIL TALARA - 2012             FECHA  LUGAR

Nro.       TEMAS 04-04-2012         TALARA              

01           INEJECUTABILIDAD DE LA SENTENCIA DE DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA          

02           EL PAGO DE LA CONDENA DE COSTOS DE LA PARTE PERDEDORA CONSTITUIDA POR VARIOS CODEMANDADOS O VARIOS CODEMANDANTES  

03           LA OPOSICIÓN ENTRE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y EL DERECHO DE TERCERO REGISTRAL

04           LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE QUIEN ADQUIRIÓ EL BIEN POR COMPRA VENTA   

 

CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL CIVIL

 

TEMA Nº 1

 

INEJECUTABILIDAD DE LA SENTENCIA DE DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA

 

NO ES POSIBLE EJECUTAR LA SENTENCIA EMITIDA EN EL PROCESO DE DESALOJO PORQUE EL DEMANDADO OSTENTA LA CALIDAD DE PROPIETARIO, CUYO DERECHO DE PROPIEDAD LO HA ADQUIRIDO EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y ÉSTE HA SIDO INSCRITO EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE.

 

 

¿Es inejecutable la sentencia emitida en un proceso de desalojo por ocupación precaria seguido contra el demandado que en un proceso sobre Prescripción Adquisitiva de Propiedad fue declarado propietario del bien inmueble en litis, y su derecho incluso fue inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble?          

 

                Primera Ponencia:

 

                La sentencia emitida en el proceso de desalojo, debe cumplirse en sus propios términos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme al cual Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil penal que la ley determine en cada cao; norma concordante con el segundo parágrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Perú, que prescribe que tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.

 

                Segunda Ponencia:

 

                No es posible ejecutar la sentencia emitida en el proceso de desalojo, porque el demandado ostenta la calidad de propietario y su derecho es oponible a su contrario, cuyo derecho de propiedad, ha sido incluso cancelado por mandato judicial, siendo que por su naturaleza el proceso de desalojo procede contra quien carece de título o por haber fenecido éste, supuestos previstos en el artículo 911 del Código Civil, y que el caso del demandado no se cumplen.

 

                1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el doctor Jaime Antonio Lora Peralta, Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, concede el uso de la palabra a los señores relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas  preliminarmente, conforme se detalla a continuación:

 

                Grupo Nº 01: El señor relator Dr. Miguel Ángel Guerrero Hurtado, manifestó que el grupo por UNANIMIDAD se adhiere a la segunda ponencia. Siendo la un total de ocho (08) votos, indicando que “No es posible ejecutar la sentencia emitida en el proceso de desalojo, porque el demandado ostenta la calidad de propietario y su derecho es oponible a su contrario, cuyo derecho de propiedad, ha sido incluso cancelado por mandato judicial, siendo que por su naturaleza el proceso de desalojo procede contra quien carece de título o por haber fenecido éste, supuestos previstos en el artículo 911 del Código Civil, y que el caso del demandado no se cumplen”.

 

                Grupo Nº 02: El señor relator Dr. Jaime Luis Rodríguez Manrique, manifestó que el grupo por UNANIMIDAD se adhiere a la segunda ponencia  Siendo la un total de ocho (08) votos, indicando que “El demandante del desalojo ha ardido la titularidad del derecho de conformidad con el artículo 952 del Código Civil y ya no tendría legitimidad para ejecutar el lanzamiento; pues por condiciones de temporalidad con la sentencia de usucapión e inscripción del derecho de propiedad del usucapiente cambiaron las circunstancias que produjeron el fallo en el proceso de desalojo, como límite temporal a la cosa juzgada material, ante la cancelación del título anterior”.

 

                Grupo Nº 03: El señor relator Dr. César Negrón Muñoz, manifestó que su grupo por UNANIMIDAD se adhiere a la segunda ponencia. Siendo la un total de siete (07) votos, indicando que “No es posible ejecutar la sentencia emitida en el proceso de desalojo, porque el demandado ostenta la calidad de propietario y su derecho es oponible a su contrario, cuyo derecho de propiedad, ha sido incluso cancelado por mandato judicial, siendo que por su naturaleza el proceso de desalojo procede contra quien carece de título o por haber fenecido éste, supuestos previstos en el artículo 911 del Código Civil, y que el caso del demandado no se cumplen”.

 

                2. DEBATE: Luego de leídas las conclusiones arribadas por los señores relatores de los tres grupos de trabajo, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios doctor Jaime Antonio Lora Peralta  concede el uso de la palabra a los señores jueces asistentes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos ya vertidos.

 

                - No existiendo pedidos de intervención se procede a la votación.

 

                3. VOTACIÓN: Concluido el debate en los grupos de taller, el Presidente la Comisión de Actos Preparatorios doctor Jaime Antonio Lora Peralta inicio el conteo de los votos en base a las actas de votaciones de cada grupo, siendo el resultado el siguiente:

 

                Primera ponencia           :              00 votos

                Segunda ponencia          :              23 votos

                Abstenciones                   :              00 votos

 

                4. CONCLUSIÓN PLENARIA:

 

                El Pleno adoptó por UNANIMIDAD por la segunda ponencia que enuncia lo siguiente: “No es posible ejecutar la sentencia emitida en el proceso de desalojo, porque el demandado ostenta la calidad de propietario y su derecho es oponible a su contrario, cuyo derecho de propiedad, ha sido incluso cancelado por mandato judicial, siendo que por su naturaleza el proceso de desalojo procede contra quien carece de título o por haber fenecido éste, supuestos previstos en el artículo 911 del Código Civil, y que el caso del demandado no se cumplen”.

 

TEMA Nº 2

 

EL PAGO DE LA CONDENA DE COSTOS DE LA PARTE PERDEDORA CONSTITUIDA POR VARIOS CODEMANDADOS O VARIOS CODEMANDANTES

 

LA CONDENA O EXONERACIÓN DE COSTOS PROCESALES DEBE DISPONERSE AL EXPEDIRSE LA SENTENCIA Y AL EJECUTARSE LA MISMA, ASIMISMO SE DEBE DETERMINAR SI LA OBLIGACIÓN DE PAGO ES DE NATURALEZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA MEDIANTE AUTO.

 

 

¿La obligación del pago por la condena de costos de la parte perdedora constituida por varios codemandados o varios codemandantes según sea el caso, es solidaria o mancomunada cuando la resolución que ordena el pago no precisa cual es el monto a pagar de cada uno de ellos?

 

                Primera Ponencia:

 

                Constituye una obligación mancomunada que se presenta cuando cada unos de los deudores (parte perdedora) debe o acreedores (parte vencedora) tiene derecho sólo a una parte de la prestación total; atendiendo a que el juzgador puede ejercitar la facultad que le confiere el artículo 414 del Código Procesal Civil que regula la precisión de los alcances de la condena de costos y costas, cuando señala “El juez regulará los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso (la negrita es nuestra). Fundamentando su decisión”. Esto es en vía integración de la resolución que ordena el pago según lo preceptuado en el quinto párrafo del artículo 172 del Código acotado y atendiendo a lo preceptuado en el artículo 1183 del Código Civil que señala “La solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa”. Consecuentemente si la resolución omite pronunciarse sobre el monto a pagar por la condena de costos de la parte perdedora en un proceso judicial, sea cuando está constituida por varios codemandantes o varios codemandados y siendo la condena de costos un título judicial entonces en aplicación de este último precepto legal no puede presumirse que se trata de una obligación solidaria y por tanto es mancomunada.

 

                Segunda Ponencia:

 

                Constituye una obligación solidaria que se presenta cuando tiene como esencial característica la posibilidad que el cumplimiento sea solicitado por entero a un solo deudor o por un solo acreedor (identidad prestacional). Pues si los costos constituyen obligaciones que surgen de la intervención de las partes en el proceso judicial y el artículo 1183 del Código Civil señala que “La solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establece en forma expresa”. Entonces cuando la resolución omite pronunciarse sobre el monto a pagar por la condena de costos de la parte perdedora en un proceso judicial, sea cuando está constituida por varios codemandantes o varios codemandados y atendiendo a que los costos constituyen una obligación legal y accesoria; entonces en aplicación de este último precepto legal la obligación es solidaria por mandato de la ley u no mancomunada.

 

                4.1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el doctor Jaime Antoni o Lora Peralta, Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, concede el uso de la palabra a los señores relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:

 

                Grupo Nº 01: El señor relator Dr. Miguel Ángel Guerrero Hurtado, manifestó que el grupo por MAYORIA se adhiere a la segunda ponencia. Siendo un total de 08 votos, en el sentido de que nos  encontramos ante una obligación solidaria en el cumplimiento del pago de costos, en el caso propuesto, teniendo en cuenta de que la obligación solidaria está emergiendo del título contenido en la resolución judicial, que contiene la obligación de pagar los costos por la parte vencida y dada la pluralidad de sujetos vencidos, los mismos representan la parte perdedora y por tanto si es de aplicación el artículo 1183 del Código Civil; debiendo dejar en claro que la obligación solidaria no está naciendo de una relación jurídico sustancial, sino de una relación jurídico sustancial, sino de relación jurídico procesal por el hecho de haber sido vencido en el proceso correspondiente.

 

                Grupo Nº 02: El señor relator Dr. Jaime Luis Rodríguez Manrique, expreso que el grupo por UNANIMIDAD se adhiere a la segunda ponencia. Siendo la un total de siete (07) votos, indicando que “El pago de los costos debería de ser en forma solidaria si así se precisa en el título que sería la sentencia o en la resolución que los regula; caso contrario con las facultades que le confiere el artículo 414 del Código Procesal Civil le corresponde emitir la resolución regulando los alcances si considera en el caso concreto si es en forma mancomunada.

 

                Grupo Nº 03: El señor relator Dr. César Augusto Negrón Muñoz, expreso que el grupo por UNANIMIDAD Siendo la un total de siete (07) votos que se adhiere a una tercera ponencia, la cual indica. La Primera Postura “Tanto la condena como la exoneración de costos procesales se debe disponer al expedirse la sentencia y en la etapa de ejecución de la misma, según lo preceptuado en el artículo 414 del Código Procesal Civil, lo que implica que se debe determinar en un auto si la obligación de pago es de naturaleza solidaria mancomunada”. La Segunda Postura “Si la sentencia no señala si es mancomunada o solidaria no es posible determinarlo en ejecución”. Por lo tanto el grupo optó por MAYORÍA la primera ponencia con cinco (05) votos que indica” Tanto la condena como la exoneración de costos procesales se debe disponer al expedirse la sentencia y en la etapa de ejecución de la misma, según lo preceptuado en el artículo 414 del Código Procesal Civil, lo que Implica que se debe determinar en un auto si la obligación de pago es de naturaleza solidaria o mancomunada”.

 

                2. DEBATE: Luego de leídas las conclusiones arribadas por los señores relatores de los tres grupos de trabajo, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios doctor Jaime Antonio Lora Peralta concede el uso de la palabra a los jueces asistentes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos ya vertidos.

 

                EI doctor Víctor Malca Guaylupo, Juez Superior del Distrito Judicial de La Libertad y presidente del grupo de trabajo Nº 3, solicito al Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, doctor Jaime Antonio Lora Peralta el uso de la palabra para manifestar lo siguiente:

 

                Que el grupo de trabajo Nº 3 ha considerado por unanimidad una tercera posición teniendo en cuenta que no comparten con los argumentos de las dos primeras posiciones, debido a que no existe presunción de solidaridad, por que cuando en una sentencia no se señala en forma expresa la forma de pago de conformidad con el artículo 414 del CPC corresponde especificar si el pago de es forma mancomunada o solidaria mediante un auto en ejecución de sentencia.

 

                Habiendo culminado la intervención del doctor Víctor Malea Guaylupo, juez superior titular del Distrito Judicial de La Libertad y presidente del grupo de trabajo Nº 3, el doctor Jaime Antonio Lora Peralta, Presidente de la Comisión de Actos  Preparatorios, en uso de sus facultades conferidas en la Guía Metodológica de los Plenos Jurisdiccionales y en coordinación con los demás integrantes de la comisión, sometió la consulta al Pleno para determinar si se consideraría como tercera propuesta la antes expuesta y teniendo como respuesta la cantidad de votos considerados, se acepto como una tercera posición la presentada por el grupo de trabajo Nº 3.

 

                3. VOTACIÓN: Concluido el debate en los grupos de taller, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, doctor Jaime Antonio Lora Peralta conteo de los votos en base a las actas de votaciones de cada grupo, siendo el resultado el siguiente:

 

                VOTACION EN EL PLENO:

 

                Primera ponencia           :              04 voto

                Segunda ponencia          :              03 votos

                Tercera ponencia            :              16 votos

 

                4. CONCLUSIÓN PLENARIA

 

                EL Pleno adoptó por MAYORÍA la tercera ponencia que enuncian lo siguiente: “Tanto la condena como la exoneración de costos procesales se debe disponer al expedirse la sentencia y en la etapa de ejecución de la misma, según lo preceptuado en el artículo 414 del Código Procesal Civil, lo que implica que se debe determinar en un auto si la obligación de pago es de naturaleza solidaria o mancomunada”.

 

TEMA Nº 3

 

LA OPOSICIÓN ENTRE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y EL DERECHO DE TERCERO REGISTRAL

 

DEBE PREVALECER EL DERECHO DE QUIEN EN BASE A LA POSESIÓN CONTINUA, PACÍFICA Y PÚBLICA (CON JUSTO TÍTULO Y BUENA FE EN EL CASO DE LA PRESCRIPCIÓN CORTA) HA PUBLICITADO SU DERECHO; EN TANTO QUE EL TÍTULO DE BIENES BASADO EN EL REGISTRO CORRESPONDE A UNA FICCIÓN QUE NO DEBERÍA TENER MAYOR RELEVANCIA ECONÓMICA NI JURÍDICO QUE EL HECHO MISMO DE LA POSESIÓN EN QUE SE FUNDA LA USUCAPIÓN.

 

 

¿En la oposición del derecho de quien ostenta la posesión de un bien inmueble con vocación para adquirirlo por prescripción [corta o larga], y el derecho del tercero que ha adquirido el mismo bien de quien en el registro aparece como titular registral, cuál debe prevalecer?    

 

                Primera Ponencia:

 

                Debe prevalecer el derecho del titular registral por cuanto su adquisición se funda en la publicidad registral a que se refiere el artículo 2012 del Código Civil y, en consecuencia, su adquisición se presume de buena fe, a tenor de lo previsto por el artículo 2014 del mismo cuerpo normativo, y debe otorgársela protección por cuanto este tipo de adquisiciones afianzan el tráfico de bienes y afirman la seguridad jurídica.

 

                Segunda Ponencia:

 

                Debe prevalecer el derecho de quien en base a la posesión continua, pacífica y pública [con justo título y buena fe en el caso de la prescripción corta], ha publicitario su derecho, en tanto la posesión es también una forma de publicidad más objetiva; y porque con ello se brinda protección a quien da al bien el uso, disfrute y goce que corresponde a su naturaleza económica; siendo ésta protección la que en rigor afianza la seguridad jurídica, en el entendido de protección a los derechos materialmente verificados; en tanto que el tráfico de bienes basado en el registro corresponde a una ficción que no debería tener mayor relevancia económica ni jurídica que el hecho mismo de la posesión en que se funda la usucapión.

 

                1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el doctor Jaime Antonio Lora Peralta, Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, concede el uso de la palabra a los señores relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:

 

                Grupo Nº 01: El señor relator Dr. Miguel Ángel Guerrero Hurtado, manifestó que el grupo por MAYORIA se adhiere a la primera ponencia. (siendo 06 votos por la primera ponencia y 02 votos por la segunda ponencia), manifestando que “En consecuencia la confianza en la información registral significa la piedra angular de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. Asimismo, la aplicación estricta de los principios registrales conllevan necesariamente a limitar la aplicación de la prescripción adquisitiva, ya que el último adquiriente inscribió su derecho y por lo tanto quedo expuesto a ser preferido frente a un tercero escribiente confiando en la publicidad registral”.

 

                Grupo Nº 02: El señor relator Dr. Jaime Luis Rodríguez Manrique, manifestó que el grupo por UNAMINIDAD se adhiere a la segunda ponencia (siendo un total de 08 votos) manifestando que “1) si bien el Derecho de propiedad tiene fundamento constitucional su tutela se encuentra sujeta a la condición de su ejercicio armonioso con el interés social, conforme al artículo 70 de su texto; 2) Debe tenerse en cuenta que el poseedor al estar provisto de vocación para usucapir el predio ya tiene la condición de titular del derecho de propiedad, restando sólo su declaración judicial como propietario, conforme al artículo 952 del Código Civil, condición que puede ser opuesta a quien compró de quien tenía derecho inscrito sobre el mismo sin poseerlo y 3) El poseedor ya adquirió a propiedad en forma autónoma y originaria, en tanto que el derecho del tercero se ha adquirido de una manera derivada con las mismas limitaciones y sanciones previstas por nuestro ordenamiento para el propietario inactivo o negligente en el ejercicio de la posesión.

 

                Grupo Nº 03: El señor relator Dr. César Augusto Negrón Muñoz, manifestó que el grupo por UNANIMIDAD a la segunda ponencia, (siendo de 07 votos), manifestando que siempre y cuando exista sentencia a favor del usucapiente.

 

                2. DEBATE: Luego de leídas las conclusiones arribadas por los señores relatores de los tres grupos de trabajo, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios doctor Jaime Antonio Lora Peralta concede el uso de la palabra a los jueces asistentes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos ya vertidos.

 

                - No existiendo pedidos de intervención se procede a la votación.

 

                3. VOTACIÓN: Concluido el debate en los grupos de taller, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, doctor Jaime Antonio Lora Peralta inició el conteo de los votos en base a las actas de votaciones de cada grupo, siendo el resultado el siguiente:

 

                Primera ponencia           :              06 voto

                Segunda ponencia          :              17 votos

                Tercera ponencia            :              00 votos

 

                4. CONCLUSIÓN PLENARIA:

 

                El Pleno adoptó por MAYORÍA la segunda ponencia que enuncia lo siguiente: “Debe prevalecer el derecho de quien en base a la posesión continua, pacífica y pública [con justo título y buena fe en el caso de la prescripción corta], ha publicitario su derecho, en tanto la posesión es también una forma de publicidad más objetiva; y porque con ello se brinda protección a quien da al bien el uso, disfrute y goce que corresponde a su naturaleza económica; siendo ésta protección la que en rigor afianza la seguridad jurídica, en el entendido de protección a los derechos materialmente verificados; en tanto que el tráfico de bienes basado en el registro corresponde a una ficción que no debería tener mayor relevancia económica ni jurídica que el hecho mismo de la posesión en que se funda la usucapión”.

 

TEMA Nº 4

 

LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE QUIEN ADQUIRIÓ EL BIEN POR COMPRA VENTA

 

EL PROPIETARIO QUE ADQUIRIÓ UN BIEN INMUEBLE MEDIANTE TÍTULO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO (COMPRAVENTA) TAMBIÉN PUEDE PRETENDER ADQUIRIRLO MEDIANTE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO.

 

 

¿Resulta jurídicamente posible que quien adquirió un bien inmueble mediante título privado [incluso del titular registral], como la compra venta, pretenda también la declaración de propiedad mediante prescripción adquisitiva?  

 

                Primera Ponencia:

 

                El propietario que adquirió un bien inmueble mediante título privado traslativo de dominio, como la compra venta, no puede adquirirlo también mediante prescripción adquisitiva, por cuanto, por un lado, ya es propietario; y, de otro lado, no es jurídicamente posible tener dos títulos de dominio.

 

                Segunda Ponencia:

 

                El propietario que adquirió un bien inmueble mediante título privado traslativo de dominio, como la compra venta, sí puede adquirirlo mediante prescripción adquisitiva de dominio, en tanto nada obsta acumular dos títulos de dominio, y porque ello se corresponde con la racionalidad económica del derecho de propiedad y la función que el derecho le asigna a la prescripción adquisitiva.

 

                1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el doctor Jaime Antonio Lora Peralta, Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, concede el uso de la palabra a los señores relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:

 

                Grupo Nº 01: El señor relator Dr. Miguel Ángel Guerrero Hurtado, manifestó que el grupo por MAYORIA se adhiere a la segunda ponencia. (siendo 06 votos por la primera segunda y 01 votos por la primera ponencia), manifestando que “El propietario que adquirió un bien inmueble mediante título privado traslativo de dominio, como la compra venta, sí puede adquirirlo mediante prescripción adquisitiva de dominio, en tanto nada obsta acumular dos títulos de dominio, y porque ello se corresponde con la racionalidad económica del derecho de propiedad y la función que el derecho le asigna a la prescripción adquisitiva”.

 

                Grupo Nº 02: El señor relator Dr. Jaime Luis Rodríguez Manrique, manifestó que el grupo por UNAMINIDAD se adhiere a la segunda ponencia (siendo un total de 08 votos) manifestando que “1) El grupo considera que en una persona pueden concurrir varias causas adquisitivas respecto a un mismo bien; por lo que quien cuenta con un título privado de propiedad, sí puede adquirir el mismo bien mediante prescripción adquisitiva, como modo originario de adquirirla en función a un hecho propio del titular, como poseedor calificado, constituyendo por tanto la declaración de la adquisición de propiedad por prescripción, sólo un modo de confirmar y reafirmar el título privado con el que ya cuenta. 2) El declarar improcedente la demanda de usucapión, por contar el demandante con contrato de compra venta, implicaría que el juez ab initio está dándole validez absoluta al citado contrato sin haberse discutido si el mismo adolece o no de causa alguna de nulidad.

 

                Grupo Nº 03: El señor relator Dr. César Augusto Negrón Muñoz, manifestó que el grupo por UNANIMIDAD a la segunda ponencia, (siendo de 07 votos), manifestando que “El propietario que adquirió un bien inmueble mediante título privado traslativo de dominio, como la compra venta, sí puede adquirirlo mediante prescripción adquisitiva de dominio, y ello se corresponde con la racionalidad económica del derecho de propiedad y la función que el derecho le asigna a la prescripción adquisitiva”.

 

                2. DEBATE: Luego de leídas las conclusiones arribadas por los señores relatores de los tres grupos de trabajo, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios doctor Jaime Antonio Lora Peralta concede el uso de la palabra a los jueces asistentes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos ya vertidos.

 

                - No existiendo pedidos de intervención se procede a la votación.

 

                3. VOTACIÓN: Concluido el debate en los grupos de taller, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, doctor Jaime Antonio Lora Peralta inició el conteo de los votos en base a las actas de votaciones de cada grupo, siendo el resultado el siguiente:

 

                Primera ponencia           :              01 voto

                Segunda ponencia          :              22 votos

                Tercera ponencia            :              00 votos

 

                4. CONCLUSIÓN PLENARIA:

 

                El Pleno adoptó por MAYORÍA la segunda ponencia que enuncia lo siguiente: El propietario que adquirió un bien inmueble mediante título privado traslativo de dominio, como la compra venta, sí puede adquirirlo mediante prescripción adquisitiva de dominio, en tanto nada obsta acumular dos títulos de dominio, y porque ello se corresponde con la racionalidad económica del derecho de propiedad y la función que el derecho le asigna a la prescripción adquisitiva.

 

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