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BANCO MUNDIAL Cooperación internacional

Cooperación internacional

 

 

 

 

A.   Requisitos previos para una cooperación

internacional eficaz

1.    Condiciones previas para la cooperación internacional:  desarrollar una capacidad nacional amplia y eficaz

2.    Ratificar y poner en práctica las convenciones internacionales

3.    Cumplir con las Recomendaciones del GAFI y otros estándares internacionales propios de un sector

 

B.   Principios generales de la cooperación

internacional contra el lavado de activos

 

C.   Cooperación internacional entre  UIF

1.    Características principales de la cooperación internacional  entre UIF

2.    Poner condiciones a la capacidad  de la UIF

para cooperar  a nivel internacional

3.    La relación entre diferentes  modelos de organización  y la cooperación  internacional


D.   Cooperación internacional entre

autoridades de supervisión financiera

1.    Cooperación entre supervisores bancarios

2.    Cooperación entre supervisores de valores

3.    Cooperación entre supervisores de seguros

 

E.    Cooperación internacional entre

autoridades policiales y judiciales

1.    Principios básicos

2.    Otros principios

 

F.    Consideraciones sobre  delitos fiscales

 

 

 

 

La delincuencia organizada y otras actividades delictivas importantes y muy ren­ tables se cometen cada vez más a nivel transnacional. Éste es especialmente el caso de las operaciones de lavado de activos, donde los delincuentes utilizan el sistema financiero internacional abierto para beneficiarse del movimiento libre de capitales a través del mundo,  con el fin de ocultar  los orígenes ilícitos de las ganancias provenientes de su delito y consolidar sus actividades ilegales. En el contexto de la lucha contra el lavado de activos desde el punto de vista mundial, los intercambios rápidos de información  y la cooperación internacional  eficaz entre  los diversos organismos en los países a través del mundo se han convertido en un prerrequisito para lograr el éxito.

Cada vez más la cooperación internacional es necesaria en todas las etapas (es decir, las etapas de reuniones de inteligencia financiera, investigación y acciones judiciales) de las investigaciones de antilavado de activos (ALD). En la etapa de reuniones de inteligencia financiera sobre un caso de lavado de activos, por ejemplo,

 

 

 

las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) deben intercambiar información con sus contrapartes extranjeras, con el fin de poder analizar adecuadamente los reportes sobre actividades sospechosas y otras revelaciones de orden financiero. Lo mismo se puede decir sobre la etapa de investigación, para que la policía pueda investigar con éxito los casos de lavado de activos. La capacidad para intercambiar rápidamente información con sus contrapartes extranjeras, sin obstáculos o demoras excesivos, se está convirtiendo cada vez más en un aspecto clave de las autoridades de las UIF, las autoridades policiales y las autoridades fiscales.

Además, si se considera que los blanqueadores de dinero siempre están buscando refugios seguros con regímenes ALD y LFT poco estrictos, ineficaces y corruptos, o aquéllos que tienen capacidades limitadas para la cooperación internacional, los países se darán cuenta que tener un marco adecuado de cooperación internacional los ayuda a prevenir, detectar y entablar acciones judiciales contra el lavado de activos en su propio sistema financiero nacional.

 

 

A. Requisitos previos para una cooperación internacional eficaz

 

Para que los países puedan utilizar los canales existentes de cooperación internacional, necesitan cumplir con diversos requisitos previos, entre los cuales se incluyen (1) desarrollar una capacidad nacional amplia y eficaz; (2) ratificar y poner en práctica las convenciones internacionales con respecto al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; y (3) cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos (GAFI), es decir, Las cuarenta recomendaciones  sobre el lavado de activos (Las cuarenta recomendaciones)1 y las nueve Recomendaciones espe- ciales sobre el financiamiento del terrorismo (Recomendaciones  especiales),2 así como con otros estándares internacionales propios de un sector.

 

1.  Condiciones previas para la cooperación internacional: desarrollar una capacidad nacional amplia y eficaz

Por supuesto, establecer los organismos necesarios y otorgarles las facultades, responsabilidades, personal y presupuesto requeridos, de manera que puedan desempeñar sus funciones eficazmente, es un prerrequisito para que un país esté en condiciones de cooperar a nivel internacional con sus socios.3

 

 

 

1      Las cuarenta recomendaciones, en http://www.fatf­gafi.org/pdf/40Recs­2003_en.pdf  Incluidas en el Anexo 4 de esta Guía de referencia.

2      Recomendaciones   especiales, http://www.fatf­gafi.org/pdf/SRecsTF_en.pdf  Incluidas en el

Anexo 5 de esta Guía de referencia.

3      Las cuarenta recomendaciones, Rec. 36.

 

 

 

Entre otras cosas, para poder tener un marco eficaz ALD/LFT, un país debería haber establecido otras entidades administrativas y de supervisión para vigilar a las instituciones en cada sector, así como una UIF, es decir, una autoridad central encargada de recibir y analizar la información sobre actividades relacionadas con operaciones sospechosas y otros tipos de reportes obligatorios (como los reportes sobre operaciones de dinero en efectivo), con el objeto de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Asimismo, en lo que se refiere al sistema penal, los países deberían tener servicios policiales eficaces, que cuenten con conocimientos especializados y adiestramiento en investigaciones sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como un  sistema judicial/fiscal que no sea corrupto y esté en funcionamiento.

Un desarrollo adecuado de estas entidades, así como dotarlas del personal apro­ piado, proporciona  una base para construir un marco amplio y eficaz, con el fin de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional.

 

2.  Ratificar y aplicar las convenciones internacionales

Todos los países deben suscribir y ratificar las convenciones pertinentes apro­ badas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): en particular, los países deben suscribir y ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes  y Sustancias Psicotrópicas  (1988) (Con- vención de Viena),4  la Convención de las Naciones Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo (1999),5 y la Convención de las Naciones Uni- das contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) (Convención de Palermo).6 Estas medidas forman parte de las recomendaciones del GAFI.7

Además, los países deberían suscribir  y ratificar las otras convenciones sobre ALD y LFT aprobadas por otras organizaciones en sus respectivas regiones, como la Convención sobre el lavado, identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivados del delito (1990) (Convención de Estras­ burgo).8

Los países deberían aplicar plenamente todas las disposiciones de estas convenciones en sus leyes nacionales, incluidas aquéllas relacionadas con la

 

 

4      Convención de Viena, http://www.incb.org/e/conv/1988

5      Convención de las Naciones Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo,

http://www.un.org/law/cod/finterr.htm

6      Convención de Palermo, http://www.unodc.org/adhoc/palermo/convmain.html

7      Las cuarenta recomendaciones, Rec. 1, y Recomendaciones  especiales, Rec. Esp. I.

8      Las cuarenta recomendaciones, Rec. 35.

 

 

 

tipificación como delito del lavado de activos y la cooperación internacional. Esto les permitirá participar en los acuerdos de asistencia legal mutua estipu­ lados por estas convenciones.9

 

3.  Cumplir con las recomendaciones del GAFI y otros estándares internacionales propios de un sector

Los países deberían acatar los estándares internacionales existentes para com­ batir la delincuencia organizada, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estos estándares incluyen las recomendaciones del GAFI, que se aplican a todos los aspectos de las leyes y reglamentos de un país contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También comprenden los Principios Básicos de Supervisión Bancaria, aprobados por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (el Comité de Basilea), y sus Principios de Debida Diligencia del Cliente. La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y el Grupo Egmont han establecido otros estándares.

Cada uno  de estos organismos que establecen los estándares exige que cada país mantenga canales internacionales de cooperación con sus socios extranjeros. Por ejemplo, el GAFI recomienda que “cada país haga esfuerzos para aumentar el intercambio espontáneo (o a solicitud) de información rela­ cionada con operaciones sospechosas, personas o empresas implicadas en dichas operaciones, entre las autoridades competentes”.10 Además de los prin­ cipios generales sobre la cooperación internacional contra el lavado de activos, existen condiciones específicas que se aplican a la cooperación internacional entre las UIF y las autoridades de supervisión financiera, así como entre las autoridades judiciales y las policiales.

 

 

B. Principios generales de la cooperación internacional contra el lavado de activos

 

Según los estándares internacionales correspondientes, los países deberían aplicar los siguientes principios generales para asegurarse de que en cada etapa de una investigación sobre el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo existan vías eficaces para el intercambio de información y la cooperación internacional:

 

•   Cuando una autoridad en el país A tiene información que ha sido solicitada oficialmente por otra autoridad en el país B, la autoridad del país A a quien se

 

 

9    Id., en la Rec. 36.

10    Id., en la Rec. 40.

 

 

 

le solicita la información debería estar en condiciones de proporcionar rápi­

damente dicha información a la autoridad solicitante del país B.

•   Cuando una autoridad en el país A tiene información que sabe que será útil para una autoridad en el país B, la autoridad del país A debería estar en con­ diciones de proporcionar  dicha información espontánea y rápidamente a la autoridad en el país B.

•   Cuando una autoridad del país B le solicita a una autoridad del país A que obtenga información o un documento, o que realice una investigación o inda­ gación, o que lleve a cabo una acción específica, que será útil en el contexto de un análisis, investigación o acción judicial contra el lavado de activos, la autoridad  del país A a quien se le solicita la información debería estar en condiciones de realizar la acción solicitada (por supuesto, si esta acción es permitida por los estándares que rigen el desempeño de sus funciones a nivel nacional).11

 

Este intercambio  de información  con una  autoridad  extranjera, así como  el hecho de brindarle asistencia y cooperación, no deberían estar sujetos a condiciones excesivamente restrictivas. Sin embargo, generalmente se acepta que la autoridad a quien se le solicita información pueda someter su asistencia a ciertas condiciones. Por ejemplo, la autoridad a quien se le solicita información puede someter su asistencia a las siguientes condiciones y estipular que la autoridad solicitante:

 

•   Desempeñe funciones similares a las de la autoridad a quien se le solicita la información (principio de especialidad).

•   Describa en su solicitud el propósito o el alcance de la información a ser utili­ zada, y dicha información, una vez transmitida por la autoridad a quien se le ha solicitado, debería ser tratada por la autoridad solicitante según el alcance de su solicitud (transparencia).

•   Esté sujeta a disposiciones sobre la confidencialidad similares a aquéllas aplica­

bles a la autoridad a quien se le solicita la información (confidencialidad).

•   Esté por sí misma en condiciones de intercambiar información con la autori­

dad a quien se le ha solicitado la información (reciprocidad).

 

 

C. Cooperación internacional entre UIF

 

Debido a que el lavado de activos es una actividad transnacional, la detección de operaciones de lavado de activos depende con frecuencia del intercambio de infor­

 

 

 

11    Id., en las Recs. 36 y 40.

 

 

 

mación entre las UIF en diferentes países y de su capacidad para cooperar, eficaz y rápidamente, con sus contrapartes  extranjeras. Además, los países deberían ser conscientes de las posibles consecuencias de escoger una estructura  organizativa específica al establecer sus UIF.

 

1.  Características principales de la cooperación internacional entre UIF

La capacidad de las UIF para cooperar a nivel internacional depende de un principio de reconocimiento mutuo entre las entidades que desempeñan las mismas funciones y de una base de confianza recíproca.12 El propósito es que cada UIF tenga ciertas características principales conforme a la definición del Grupo Egmont, y actúe de acuerdo con los principios de este grupo. Esto le permitiría a la entidad ser considerada y tratada como una UIF por otras UIF. Estas características se describen en el Capítulo 7, la Unidad de Inteligencia Financiera.

Además, a cada UIF se le debería autorizar por ley a compartir información financiera y otros datos de inteligencia financiera importantes con sus con­ trapartes extranjeras.  En particular, la UIF debería estar en condiciones de cooperar  e intercambiar  información  por  iniciativa   propia  o a solicitud. Esto podría lograrse sobre una base de reciprocidad o un acuerdo formal mutuo, por ejemplo, un memorando de entendimiento (MDE). Por último, la UIF a quien se le solicita información debería estar autorizada para generar (y poder generar) rápidamente cualquier información o análisis disponibles que podrían ser importantes para una investigación realizada por la UIF soli­ citante.

 

2.  Poner condiciones a la capacidad de la UIF para cooperar a nivel internacional La capacidad de la UIF para cooperar a nivel internacional no debería estar sujeta a condiciones excesivamente restrictivas (para  obtener  información sobre las restricciones legislativas, sírvase ver la Parte B de este capítulo). Deberían establecerse garantías adecuadas, que incluyan disposiciones sobre la confidencialidad, para asegurarse de que los intercambios de información entre las UIF sean consecuentes con los principios fundamentales acordados a nivel nacional e internacional sobre la privacidad y la protección de la informa­ ción.13 Como mínimo, cada país debería garantizar que la información recibida de una UIF extranjera será tratada y protegida por las mismas disposiciones

 

 

 

12    El Grupo Egmont, Declaración de Principios, versión revisada (23 de junio, 2004). Disponible en inglés en http://www.egmontgroup.org/statement_of_purpose.pdf

13    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 40.

 

 

 

de confidencialidad que se aplican a datos similares obtenidos  de fuentes nacionales.14

 

3.  La relación entre diferentes modelos de organización y la cooperación internacional

Una UIF debería estar autorizada para cooperar a nivel internacional  con todas sus contrapartes extranjeras, sin tener en cuenta su estructura interna y organizativa. Este punto es especialmente importante, en vista de las diversas estructuras organizativas que existen entre las UIF a nivel mundial. En realidad, mientras la mayoría de las UIF, en su calidad de organismos que reúnen datos de inteligencia financiera, están vinculadas a entidades administrativas, como los ministerios de Finanzas, los ministerios de Hacienda, los organismos reglamentarios  o  de  supervisión, u  otras  estructuras  administrativas  ad hoc, hay otras UIF que dependen de los departamentos  de policía. Algunas incluso dependen de las fiscalías. Además, incluso si la mayor parte de las UIF comparten  las mismas responsabilidades, podrían  existir algunas otras diferencias estructurales entre ellas, así como ciertas diferencias legales o de procedimiento. Por lo tanto, el reglamento que rige la capacidad de una UIF específica para cooperar al máximo a nivel internacional debe tener en cuenta esta diversidad. En otras palabras, el reglamento debe ser lo suficientemente flexible para que las UIF puedan  intercambiar  información  con todas sus contrapartes, sin tener en cuenta su naturaleza y estructura organizativa.15

El problema para un país es determinar  (1) si hay o debería haber res­ tricciones sobre el intercambio de información; (2) si ese es el caso, cuánta información debería ser compartida, y (3) qué tipo de información debería intercambiarse. Por lo tanto, los encargados de formular las políticas deben ser conscientes de que escoger un modelo organizativo específico puede tener consecuencias directas o indirectas en la capacidad de la UIF para cooperar a nivel internacional. Por ejemplo, crear una UIF basada solamente en el poder judicial puede impedir la cooperación internacional con otros países que no tienen una UIF de tipo judicial. De hecho, en muchos países, los principios de derecho fundamental o constitucional no les permiten a las autoridades judiciales tener acceso a los mismos medios de cooperación internacional o de intercambio  de información  que a las autoridades  administrativas o de  policía. En  algunos países, estos principios  de  derecho  obligan  a  las

 

 

 

14    Principios para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera en los casos de lavado de activos, Anexo a la Declaración de Principios, El Grupo Egmont.

15    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 40.

 

 

 

autoridades judiciales a cooperar a nivel internacional sólo de acuerdo con los procedimientos de cooperación judicial (mecanismos de asistencia legal mutua), que se rigen por tratados y principios que pueden contener una serie de condiciones restrictivas. Dichas condiciones pueden impedir el intercambio rápido y amplio de información con las otras UIF en la etapa de inteligencia.

 

 

D. Cooperación internacional entre las autoridades de supervisión financiera

 

Es ampliamente reconocido que se debería autorizar a los supervisores financieros (bancarios, de valores y de seguros) a que cooperen, espontáneamente o a solicitud, con sus contrapartes extranjeras, con respecto al análisis del ALD/LFT y las inves­ tigaciones fiscalizadoras. Los principios generales de la cooperación internacional, como se describen en la Parte B, se aplican a estos medios especiales de intercambio de información. En el contexto de la supervisión, este tipo de cooperación se lleva a cabo en cada sector específico entre los supervisores competentes.

 

1.  Cooperación entre supervisores bancarios

Con respecto al intercambio de información, el Comité de Basilea ha instau­ rado principios adicionales, que se aplican a todos los supervisores bancarios. Estos principios han sido establecidos en el documento Debida diligencia del cliente, publicado por el Comité de Basilea, en octubre de 2001. En particular, no se les debería impedir a los supervisores de las sucursales de los grupos bancarios el intercambio de informes consolidados sobre las concentraciones de depósitos o prestatarios, o la notificación de fondos en administración, si el supervisor del país de origen necesita estos datos.16

La jurisdicción de acogida debería permitirles a los supervisores o auditores extranjeros en el país de origen llevar a cabo inspecciones sobre el terreno para verificar el acatamiento de los estándares y políticas “Conozca a su cliente” (CSC) del país de origen, a nivel de las sucursales locales y entre las filiales de los bancos extranjeros. Esto exigirá una revisión de los archivos de los clientes y una muestra aleatoria de las cuentas.17

Los supervisores o auditores extranjeros en el país de origen deberían tener acceso, en la jurisdicción de acogida, a información sobre las cuentas de los clientes individuales, hasta el grado que sea necesario. Esto quiere decir hasta

 

 

 

16    Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, Debida diligencia de los clientes para los bancos, octubre de 2001, párrafo 68. http://www.bis.org/publ/bcbs85s.pdf

17    Id.

 

 

 

un punto que les permita a los supervisores evaluar en forma adecuada los estándares de debida diligencia que se aplican a la identificación del cliente, así como evaluar las prácticas de gestión de riesgos establecidas.18

Por último, los supervisores deberían establecer garantías para asegurarse que la información sobre las cuentas individuales, obtenida a través de acuerdos de cooperación, sea utilizada exclusivamente con fines legítimos de supervisión y pueda ser protegida por el beneficiario de manera satisfactoria.19

 

2.  Cooperación entre supervisores de valores

La OICV ha instaurado otros principios que se aplican a todos los supervisores de valores. El supervisor de valores debería tener la facultad para compartir información pública y confidencial con las contrapartes nacionales y extran­ jeras.20

Deberían establecerse mecanismos de cooperación a nivel internacional para facilitar la detección y prevención de la conducta fraudulenta transfronteriza y ayudar a descargar las responsabilidades de acreditación y supervisión. Entre estos mecanismos se encuentran los memorandos de entendimiento.21

La cooperación internacional  puede ayudar a: (1) obtener información pública o confidencial, por  ejemplo, sobre el titular  de una  licencia, una sociedad cotizada en bolsa, un accionista, un beneficiario o una persona que ejerce control sobre el titular de una licencia o una compañía; así como archivos sobre operaciones bancarias, de corretaje y otras; (2) lograr acuerdos para la cooperación voluntaria por parte de aquéllos que pueden tener información sobre el tema de una investigación; (3) conseguir información a la fuerza, ya sea sobre la producción de documentos o testimonios o declaraciones orales, o ambos; (4) proporcionar información sobre los procesos de fiscalización en una jurisdicción; o (5) obtener las órdenes judiciales, por ejemplo, u otros requerimientos judiciales urgentes.22

 

 

18    Id.

19    Id.

20    Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), Principio Básico No. 11. http:/

/www.iaisweb.org/358coreprinciplesmethodologyoct03revised.pdf  Para mayor información,

ver el MDE Multilateral de la OICV (mayo, 2002).

21    OICV, Principios, Sec. 9.4. Ver también OICV, Principios, Sec. 11.10, y el Documento Público de la OICV  No. 52, Discussion Paper on International Cooperation in Relation to Cross-Border Activity of Collective Instrument Schemes, Comité Técnico de la OICV, junio 1996.

22    Principios de la OICV, Sec. 9.4; OICV, Report on Issues  Raised for Securities and Futures Regulators by Under-Regulated and Uncooperative Jurisdictions, Documento público No. 41, Comité Técnico de la OICV, octubre de 1994.

 

 

 

Los acuerdos sobre el intercambio de información, formales o informales, deberían considerar la prestación de asistencia para obtener o proporcionar (1) información pública o confidencial, por ejemplo, sobre el titular de una licencia, una sociedad cotizada en bolsa, un accionista, un beneficiario o una persona que ejerce control sobre el titular de una licencia o una compañía; (2) archivos sobre operaciones bancarias, de corretaje y otras; (3) cooperación voluntaria por parte de aquéllos que pueden tener información sobre el tema de una investigación; (4) información a la fuerza, ya sea sobre la producción de documentos o testimonios o declaraciones orales, o ambos; (5) información sobre los procesos de fiscalización en una jurisdicción o sobre cómo obtener las órdenes judiciales, por ejemplo, requerimientos judiciales urgentes.23

 

3.  Cooperación entre supervisores de seguros

Los supervisores de seguros no tienen reglas formales que rijan la cooperación entre ellos, para fines específicos de ALD. Esto no quiere decir que no compartan información  hasta donde se lo permiten  sus respectivas jurisdicciones. En todo caso, los principios generales de la cooperación internacional, como se describen más atrás, deberían aplicarse al sector de seguros.

 

 

E. Cooperación internacional entre las autoridades policiales y judiciales

 

La cooperación entre las autoridades policiales y judiciales es fundamental para cual­ quier marco que busca ser amplio y eficaz contra las actividades de lavado de activos. Es poco probable que una acción judicial por lavado de activos tenga éxito sin el apoyo de una jurisdicción extranjera en alguna etapa de la investigación.24

La cooperación internacional depende de la firma y ratificación de todas las con­ venciones pertinentes aprobadas por las Naciones Unidas y otros organismos inter­ nacionales regionales. De hecho, estas convenciones a menudo proporcionan la base legal necesaria para intercambiar información con las autoridades judiciales extran­ jeras y tomar medidas en su nombre.

Los principios generales en este sector son los mismos que se describen en la Parte B. Debido a la naturaleza única de la cooperación judicial internacional, se han establecido en esta área una serie de principios adicionales y/o completamente diferentes. Estos principios provienen de las diversas convenciones de las Naciones Unidas, así como de las recomendaciones del GAFI.

 

 

 

23    Principios de la OICV, Sec. 9.3.

24    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 36.

 

 

 

Debería hacerse hincapié en que las diversas exigencias constitucionales tienen que ser respetadas y abordadas  cuando  se negocian acuerdos entre  autoridades judiciales soberanas. Además, debe tenerse mucho cuidado para no dejar que los sospechosos recurran a la categoría de “crímenes políticos”, dentro de la cual no se permite la extradición, en los casos ALD/LFT, especialmente cuando hay de por medio personas influyentes.

 

1.  Principios básicos

Las leyes y los procedimientos  deberían promover  y facilitar la asistencia legal mutua  en los asuntos relacionados con la aplicación de la ley en los casos de ALD/LFT, especialmente con respecto al uso de medidas obligatorias. Éstas comprenden  la producción de registros por parte de las instituciones financieras y otras entidades; la búsqueda de personas y locales; el allanamiento de propiedades y la identificación de bienes; así como el decomiso de bienes y la obtención de pruebas para utilizarse en las investigaciones y procesos judiciales relativos al ALD/LFT y en acciones conexas en jurisdicciones extranjeras.25

Las leyes y procedimientos correspondientes deben prever una asistencia legal mutua  eficaz en  las investigaciones o  procesos  ALD/LFT, donde  la jurisdicción solicitante está exigiendo: (1) la presentación o el decomiso de información, documentos o pruebas (incluidos los registros financieros) por parte de las instituciones financieras, otras entidades o personas naturales; (2) el allanamiento de instituciones financieras, otras entidades y domicilios; (3) la obtención de declaraciones de testigos; y (4) el seguimiento, identificación, decomiso y confiscación de los bienes blanqueados (o que pretendían serlo), las ganancias provenientes del lavado de activos y los bienes utilizados (o que pretendían serlo) para el financiamiento del terrorismo, así como los medios empleados para cometer dichos delitos, o los bienes de valor equivalente.26

Deben establecerse tratados  u otros  acuerdos formales (y mecanismos informales) para apoyar la cooperación internacional, así como en los casos en que se emplea la asistencia legal mutua,  bilateral o multilateral.27   Los acuerdos institucionales y de otro tipo deberían permitirles a las autoridades policiales intercambiar información con sus contrapartes internacionales, con respecto a los temas de las investigaciones. Dichos convenios deberían basarse en acuerdos vigentes y en otros mecanismos de cooperación. Además, las

 

 

 

 

25    Id, Rec. 40.

26    Id., Rec. 38.

27    Id., Rec. 27.

 

 

 

autoridades nacionales deberían registrar el número, fuente y propósito de las solicitudes para dicho intercambio de información, así como su resolución.

Los países deberían proporcionarles a las autoridades policiales y judiciales

correspondientes  los suficientes recursos financieros, humanos  y técnicos, de manera que puedan garantizar una fiscalización adecuada, llevar a cabo investigaciones y responder rápidamente y en su totalidad las solicitudes de asistencia recibidas de otros países.

 

2.  Otros principios

Hasta donde sea posible, los diferentes estándares existentes, con respecto a la “intención mental” del delito según las leyes nacionales, en las jurisdicciones solicitantes y en aquéllas a quienes se les solicita información no deberían afectar la capacidad de brindar asistencia legal mutua.28

Se debería brindar asistencia en las investigaciones y los procesos donde las personas han cometido tanto delitos de lavado de activos como delitos subya­ centes, así como en las investigaciones y procesos donde las personas sólo han cometido el delito de lavado de activos.

Se debería otorgar a las autoridades la facultad para llevar a cabo inves­ tigaciones coordinadas  (incluida  la divulgación controlada  de datos  con­ fidenciales) junto  con las autoridades correspondientes de otros países. Se debe garantizar que se han instaurado las debidas protecciones.29

Los acuerdos deberían permitir la coordinación internacional eficaz del decomiso y el embargo, incluyendo, cuando sea permisible, la autorización para compartir los bienes confiscados con otros países cuando la confiscación es un resultado directo o indirecto de acciones coordinadas de aplicación de la ley.30

Por último, los procedimientos deberían tener en cuenta la extradición de las personas acusadas de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, u otro delito conexo, o el enjuiciamiento del acusado a nivel nacional cuando éste no está sujeto a la extradición.31

 

 

 

 

 

 

 

 

28    Id., Rec. 36.

29    Id., Rec. 27.

30    Id., Rec. 38.

31    Id., Rec. 39.

 

 

 

F.  Consideraciones sobre los delitos fiscales

 

En general, los países deberían asegurarse que sus autoridades competentes brinden la gama más amplia posible de cooperación internacional a sus contrapartes extranjeras. Como se mencionó anteriormente (Sección B), los países están autorizados a imponer ciertas condiciones con respecto a la ayuda que proporcionan. Una condición que puede imponerse a la asistencia legal mutua o a la extradición es el principio de la doble criminalidad, aunque se alienta a los países a brindar dicha asistencia incluso en ausencia del principio de doble criminalidad.

Algunos países no tipifican ciertos delitos fiscales, como la evasión de impuestos, como delitos subyacentes del lavado de activos y, por lo tanto, tal vez no sean capaces de   brindar  asistencia si un  país la solicita en el contexto de una  investigación relacionada con el blanqueo de las ganancias provenientes de un delito fiscal. Sin embargo, si los asuntos fiscales son sólo parte de la solicitud y esta última también contiene un componente de tipo no fiscal (siempre y cuando el componente no fiscal incluya un delito subyacente de lavado de activos), el país a quien se le ha solicitado información podría brindar asistencia.

 

 

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