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BANCO MUNDIAL Las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de activos y notas interpretativas

Las cuarenta recomendaciones del

Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de activos y notas interpretativas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sistemas jurídicos

 

Alcance del delito de lavado de activos

 

1.    Los países deberían tipificar como delito el lavado de activos, con base en la Con­ vención de 1988 de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena) y la Convención de 2000 de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).

Los países deberían aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, a efectos de incluir la gama más amplia de delitos subyacentes. Los delitos subyacentes se pueden definir tomando como base todos los delitos, o a partir de un umbral vinculado ya sea con una categoría de delitos graves o con la pena de prisión aplicable al delito subyacente (criterio del umbral), o cons­ truyendo una lista de delitos subyacentes, o usando una combinación de estos criterios.

Cuando un país aplica el criterio del umbral, los delitos subyacentes deberían comprender, como mínimo, todos los delitos que quedan comprendidos en la categoría de delitos graves dentro de su legislación nacional o deberían incluir delitos punibles con una pena máxima de más de un año de prisión. En los países cuyos sistemas jurídicos tienen un umbral mínimo para los delitos, los delitos subyacentes deberían comprender a todos los delitos que se castigan con una pena mínima de más de seis meses de prisión.

 

 

 

Cualquiera sea el criterio que se adopte, cada país debería incluir por lo me­ nos una serie de delitos dentro de cada una de las categorías establecidas de delitos.1

Los delitos subyacentes en materia de lavado de activos deberían abarcar las conductas que hayan sido cometidas en otro país, que constituyan un delito en ese país, y que hubieran constituido un delito subyacente de haberse cometido en el territorio nacional. Los países pueden establecer que, como único requisito previo, las conductas hubieran sido tipificadas como delito subyacente de haber tenido lugar en el territorio nacional.

Los países pueden establecer que el delito de lavado de activos no sea aplica­ ble a personas que hayan cometido el delito subyacente cuando así lo requieran los principios fundamentales de sus legislaciones nacionales.

 

2.     Los países deberían garantizar que:

a.  La intención y el conocimiento requeridos para probar el delito de lavado de activos sea coherente con las normas establecidas en las Convenciones de Viena y de Palermo, incluyendo el concepto de que ese estado mental se pueda inferir a partir de circunstancias de hecho objetivas.

b.  Se debería aplicar a las personas jurídicas la responsabilidad penal y, en los casos en que no sea posible, la responsabilidad civil o administrativa. Esto no debería obstaculizar los procedimientos penales, civiles o administrativos paralelos con respecto a personas jurídicas en aquellos países en que se apliquen esas formas de responsabilidad. Las personas jurídicas deberían estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas medidas se aplicarían sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas.

 

Medidas provisionales y decomiso

 

3.    Los países deberían adoptar medidas similares a las previstas en las Convenciones de Viena y de Palermo, incluyendo medidas legales, para que sus autoridades competentes puedan decomisar los activos lavados, el producto del lavado de activos o de delitos subyacentes, los instrumentos utilizados o destinados al uso en la comisión de estos delitos, o bienes por un valor equivalente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Estas medidas deberían incluir la facultad de: 1) identificar, localizar y valo­

rar los activos objeto del decomiso; 2) implementar  medidas provisionales,

 

 

 

 

1      Ver la definición de “categorías establecidas de delitos” en el Glosario.

 

 

 

como el congelamiento y el embargo, para impedir cualquier comercialización, transferencia o disposición de dichos bienes, 3) adoptar medidas que impidan o eviten actos que perjudiquen la capacidad del Estado para recuperar bienes sujetos a decomiso; y 4) tomar medidas de investigación apropiadas.

Los países también pueden considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera una condena penal, o que requieran que el imputado demuestre el origen lícito de los activos eventualmente sujetos a decomiso, en la medida en que ese requisito sea compatible con los principios de sus respectivas legislaciones nacionales.

 

 

B. Medidas que deben tomar las instituciones financieras

y actividades y profesiones no financieras para impedir

el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

 

4.    Los países deben asegurarse de que las leyes de confidencialidad de las institu­ ciones financieras no impidan la implementación de las Recomendaciones del GAFI.

 

Procedimientos de debida diligencia (DDC) y registros actualizados sobre clientes

 

5.*  Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o cuentas bajo nombres evidentemente ficticios.

Las instituciones financieras deberían tomar medidas para llevar a cabo pro­ cedimientos de debida diligencia respecto del cliente, entre ellas la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, cuando:

 

•   se inicien relaciones comerciales;

•   se lleven a cabo operaciones ocasionales: (i) por encima del umbral designado aplicable; o (ii) que sean transferencias electrónicas en las circunstancias cubiertas por la Nota interpretativa de la Recomendación Especial VII;

•   exista la sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo; o

•   la institución financiera tenga dudas acerca de la veracidad o congruencia de la información de identificación del cliente obtenida anteriormente.

 

Las medidas a tomar sobre procedimientos de debida diligencia respecto del cliente (DDC), son las siguientes:

 

 

 

*     Las Recomendaciones marcadas con un asterisco deben leerse conjuntamente con sus Notas interpretativas.

 

 

 

a.  identificar al cliente y verificar su identidad empleando documentos, datos e información de una fuente independiente y confiable;2

b.  identificar al beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario final de modo que la institución financiera quede convencida de que conoce al beneficiario final. En el caso de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, las instituciones financieras deberían, además, tomar medidas razonables para conocer la estructura de propiedad y control del cliente;

c. obtener  la información  sobre el propósito  y la naturaleza de la relación comercial;

d.  llevar a cabo un proceso continuo de debida diligencia respecto de la relación comercial, así como  un  examen detallado de las operaciones realizadas durante todo el curso de esa relación, con el fin de asegurar que las opera­ ciones que se están haciendo son compatibles con lo que la institución sabe del cliente, sus negocios y perfil de riesgo, incluso el origen de los fondos, en caso necesario.

 

Las instituciones financieras deberían aplicar cada una de las medidas sobre procedimientos de debida diligencia respecto del cliente de los puntos a) a d) anteriores, pero podrán determinar el alcance de esas medidas sobre la base de la sensibilidad al riesgo, según el tipo de cliente, relación comercial u operación. Las medidas que se adopten deberían ser coherentes con cualquier pauta dictada por las autoridades competentes. En lo que tiene relación con las categorías de mayor riesgo, las instituciones  financieras deberían llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia más exhaustivo. En algunas circunstancias en que los riesgos sean menores, los países pueden decidir que las instituciones financieras apliquen medidas más reducidas o simplificadas.

Las instituciones financieras deberían verificar la identidad  del cliente y del beneficiario final antes y mientras se establece una relación comercial o se hacen operaciones con clientes ocasionales. Los países pueden permitir a sus instituciones financieras que completen la verificación lo antes posible después de establecida la relación, cuando  los riesgos de lavado de activos se estén manejando con eficacia y cuando sea esencial para no interrumpir  el curso normal de los negocios.

En los casos en que la institución  financiera no  pueda  cumplir  con lo previsto en los puntos (a) a (c) anteriores, no debería abrir la cuenta, iniciar

 

 

2      En adelante, los documentos, datos o información de fuentes independientes, confiables, se denominarán “datos de identificación”.

 

 

 

relaciones comerciales ni llevar a cabo la operación; o debería poner fin a la rela­ ción comercial, y considerar hacer un reporte de operaciones sospechosas (ROS) en relación con el cliente.

Estos requisitos se aplicarían a todos los clientes nuevos, aunque las insti­ tuciones financieras también deberían aplicar esta Recomendación a los clientes ya existentes con base en su importancia y riesgo, y deberían llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia respecto de esas relaciones existentes en su debido momento.

 

6.*  En relación con las personas expuestas políticamente, las instituciones finan­ cieras, además de implementar las medidas sobre procedimientos de debida diligencia normales, deberían:

 

a.  contar con sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si el cliente es una persona políticamente expuesta;

b.  obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía para establecer relaciones comerciales con esos clientes;

c.  tomar medidas razonables para determinar cuál es el origen de la riqueza y el origen de los fondos;

d.  llevar a cabo una  vigilancia permanente  más exhaustiva de la relación comercial.

 

7.    En lo que refiere a las relaciones de corresponsalía bancaria transnacional y otras relaciones similares, las instituciones financieras, además de implementar las medidas sobre procedimientos de debida diligencia normales, deberían:

 

a.  reunir información suficiente sobre un banco representado que le permita comprender  cabalmente la naturaleza de sus negocios y para determinar, con base en la información de dominio público, cuál es la reputación de la institución y la calidad de su supervisión, incluyendo si ha sido objeto de investigación o intervención de la autoridad de control por lavado de activos o financiamiento del terrorismo;

b.  evaluar los controles instalados para lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de la institución representada;

c.  obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía antes de establecer nuevas relaciones de corresponsalía;

d.   documentar las respectivas responsabilidades de cada institución;

e.  con respecto a las cuentas de transferencias de pagos en otras plazas (payable through accounts)  tener  la convicción de que el banco  representado  ha verificado la identidad y realizado el procedimiento  de debida diligencia

 

 

 

permanente de los clientes que tienen acceso directo a las cuentas del banco corresponsal y que está en condiciones de suministrar los datos de identi­ ficación de un cliente a pedido del banco corresponsal.

 

8.    Las instituciones  financieras deberían prestar  especial atención  a cualquier amenaza de lavado de activos que surja a raíz de tecnologías nuevas o en desa­ rrollo que favorezcan el anonimato, y adoptar medidas, si fuera necesario, para impedir su utilización en actividades de lavado de activos. En particular, las instituciones financieras deberían instaurar  políticas y procedimientos  para hacer frente a cualquier riesgo específico asociado con las relaciones comerciales u operaciones que no impliquen la presencia física de las partes.

 

9.*  Los países pueden permitir a las instituciones financieras que deleguen a inter­ mediarios y otros terceros para llevar a cabo lo dispuesto en los elementos (a) a (c) del procedimiento de DDC o para atraer nuevos negocios, siempre que se cumplan los criterios establecidos a continuación. En los casos en que se permita lo anteriormente señalado, la responsabilidad final por la identificación y verificación del cliente recae sobre la institución  financiera que utiliza a terceros.

Los criterios a cumplir son los siguientes:

 

a.  Una institución financiera que delegue en terceros debería obtener, de inme­ diato, la información necesaria relativa a los elementos (a) a (c) del pro­ cedimiento de DDC. Las instituciones financieras deberían tomar medidas adecuadas para tener la convicción de que, a pedido, se podrá acceder sin demora a las copias de los datos de identificación y demás documentación relevante relacionadas con los requisitos de DDC de esos terceros.

b.  La institución financiera debería estar convencida de que esos terceros están regulados y supervisados, y de que ha tomado medidas para cumplir con los requisitos de DDC acorde con las Recomendaciones 5 y 10.

 

Queda a decisión de cada país determinar en qué países pueden tener su sede los terceros que cumplan con las condiciones, teniendo en cuenta la infor­ mación disponible sobre los países que no aplican las Recomendaciones del GAFI o no las aplican adecuadamente.

 

10.* Las instituciones financieras deberían conservar, al menos durante cinco años, todos los documentos necesarios sobre las operaciones realizadas, tanto nacio­ nales como internacionales, que les permitan  cumplir rápidamente  con las solicitudes de información de las autoridades competentes. Esos documentos

 

 

 

deberían permitir reconstruir las diferentes operaciones (incluidas las cuantías y los tipos de moneda utilizados, en su caso) con el fin de aportar pruebas, si fuera necesario, en el caso de acciones judiciales por conductas delictivas.

También deberían conservar registro de los datos de identificación de sus clientes, obtenidos a través del procedimiento  de debida diligencia sobre el cliente (por ejemplo, copias o registros de documentos de identidad oficiales como pasaportes, cédulas de identidad, permisos de conducir o documentos similares), los archivos de cuentas y la correspondencia comercial durante no menos de cinco años después de haber concluido la relación comercial.

Estos datos de identificación y los registros de operaciones deberían estar a disposición de las autoridades nacionales competentes con la autorización adecuada.

 

11.* Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a todas las ope­ raciones complejas e inusualmente grandes, así como a todos los patrones de operaciones inusuales, que no tengan un objeto económico aparente o legítimo visible. Dentro de lo posible, se deberían analizar los antecedentes y el propósito de dichas operaciones, asentándose los resultados por escrito, y deben estar a disposición para ayudar a las autoridades competentes y a los auditores.

 

12.* Los requisitos del procedimiento de debida diligencia respecto del cliente y de conservación de los registros expuestos en las Recomendaciones 5, 6 y 8 a 11 se aplican también a las actividades y profesiones no financieras en las siguientes situaciones:

 

a.  Casinos. Cuando los clientes realicen operaciones financieras iguales o mayo­

res al umbral designado aplicable;

b.  Agentes inmobiliarios.  Cuando participan en operaciones para sus clientes relacionadas con la compra y venta de bienes inmuebles;

c.  Comerciantes  dedicados a la compraventa  de metales preciosos  y  piedras preciosas. Cuando hagan alguna operación en efectivo con un cliente, igual o mayor que el umbral designado aplicable;

d.  Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes  y contadores o contables. Cuando preparan o llevan a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes:

 

•   compraventa de bienes inmuebles;

•   administración del dinero, valores y otros activos del cliente;

•   administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;

•   organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías;

 

 

 

•   creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.

 

e.  Proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos (trust), cuando pre­ paran  o llevan a cabo operaciones para  un  cliente en relación con  las actividades detalladas en la definición del Glosario.

 

Reporte de operaciones sospechosas y cumplimiento

 

13.* Si una  institución  financiera sospechara o tuviera fundamentos  razonables para sospechar que ciertos fondos son el producto de una actividad delictiva, o que están relacionados con el financiamiento del terrorismo, se les debería exigir, directamente por ley o reglamentación, que reporten sus sospechas de inmediato a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

 

14.* Las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados debe­

rían:

 

a.  estar protegidos  por  medio  de disposiciones legales respecto de la res­ ponsabilidad penal y civil por incumplimiento de alguna restricción referida a la divulgación de información impuesta por contrato o por disposición legal, reglamentaria o administrativa, en el caso de que reporten sus sospe­ chas de buena fe a la UIF, aun si no supieran exactamente cuál era la activi­ dad ilegal e independientemente de si esa actividad ilegal tuvo lugar efecti­ vamente.

b.  tener prohibido por ley la divulgación del hecho de que se está haciendo un reporte de operaciones sospechosas (ROS) o información relacionada con la UIF.

 

15.* Las instituciones financieras deberían desarrollar programas para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos programas deberían incluir:

 

a.  el desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo dispositivos apropiados para gestionar el cumplimiento, y procedimientos de detección adecuados para asegurar que haya un estándar elevado para la contratación de empleados;

b.  un programa permanente de capacitación de empleados;

c.  una función de auditoría para hacer pruebas sobre el sistema.

 

 

 

16.* Los requisitos dispuestos en las Recomendaciones 13 a 15 y 21 se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas, con las precisiones siguientes:

 

a.  Se debería requerir a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores o contables que reporten operaciones sospe­ chosas cuando, por cuenta o en representación de un cliente, efectúen una operación en relación con las actividades descritas en la Recomendación 12 (d). Se alienta firmemente a los países a que hagan extensivo el requisito de reporte al resto de las actividades profesionales de los contadores o contables, incluyendo las auditorías.

b.  Se debería requerir a los comerciantes dedicados a la compraventa de metales preciosos y piedras preciosas que reporten operaciones sospechosas cuando realicen alguna operación en efectivo con un cliente, igual o mayor que el umbral aplicable señalado.

c.  Se debería requerir a los proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos (trust), que reporten  operaciones sospechosas de un cliente cuando, por cuenta o en nombre de un cliente, participen en una operación en relación con las actividades descritas en la Recomendación 12 (e).

 

No se requiere que los abogados, notarios, otros  profesionales jurídicos independientes y contadores o contables que actúen como profesionales inde­ pendientes, reporten sus sospechas si la información relevante ha sido obtenida en circunstancias en las que se encontraban  sujetos al privilegio del secreto profesional o secreto legal.

 

Otras medidas para impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

 

17.   Los países deberían asegurar que se disponga de sanciones eficaces, propor­ cionadas y disuasivas, sean de orden penal, civil o administrativo, para tratar a las personas físicas o jurídicas cubiertas por estas Recomendaciones que no cumplan con los requisitos para combatir el lavado de activos o el financia­ miento del terrorismo.

 

18.   Los países no deberían aprobar la instalación o aceptar la continuidad  de la operatoria de bancos pantalla. Las instituciones financieras deberían negarse a entrar o permanecer en una relación de corresponsalía bancaria con bancos pantalla. Asimismo, las instituciones  financieras deberían cuidarse de esta­ blecer relaciones con  instituciones  financieras extranjeras representadas  en

 

 

 

corresponsalía cuando éstas permitan que sus cuentas sean utilizadas por ban­

cos pantalla.

 

19.* Los países deberían considerar la viabilidad y utilidad de un sistema en el cual los bancos y demás instituciones financieras e intermediarios reporten todas las operaciones nacionales e internacionales en efectivo por encima de una cuantía determinada, a una agencia central nacional dotada de una base de datos computarizada, a disposición de las autoridades competentes para ser utilizada en casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, sujeto a salvaguardas estrictas que aseguren el uso correcto de la información.

 

20.   Los países deberían considerar la aplicación de las recomendaciones del GAFI a otras actividades y profesiones, además de las actividades y profesiones no financieras designadas, que presenten un riesgo de lavado de activos o finan­ ciamiento del terrorismo. Los países deberían, además, alentar el desarrollo de técnicas modernas y seguras de gestión del dinero que sean menos vulnerables al lavado de activos.

 

Medidas a adoptar con respecto a países donde no se aplican las

Recomendaciones del GAFI o se las aplica insuficientemente

 

21.   Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a las relaciones comerciales y operaciones con personas, incluidas las empresas e instituciones financieras, de países donde no se aplican las Recomendaciones del GAFI o no se las aplica suficientemente. Cuando estas operaciones no tengan una causa lícita o económica aparente, deberá examinarse su trasfondo y fines, en la mayor medida posible, plasmándose los resultados por escrito, los que deben estar dis­ ponibles para ayudar a las autoridades competentes. En el caso de que ese país siga sin aplicar o aplicando de modo insuficiente las Recomendaciones del GAFI, las jurisdicciones deberían poder aplicar contramedidas apropiadas.

 

22.   Las instituciones financieras deberían asegurarse de que los principios aplicables a las instituciones financieras mencionadas anteriormente también se apliquen a las sucursales y a filiales ubicadas en el exterior en las que posean la mayoría, especialmente en países donde no se aplican las Recomendaciones del GAFI o se las aplica de manera insuficiente, en la medida en que las leyes y reglamentaciones locales lo permitan. Cuando las leyes y reglamentaciones aplicables prohíban esta implementación,  las instituciones  financieras deberían  informar  a las autoridades competentes del país de la institución matriz que no pueden aplicar las Recomendaciones del GAFI.

 

 

 

Regulación y supervisión

 

23.* Los países deberían asegurarse de que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuadas y que estén implementando  efec­ tivamente las Recomendaciones del GAFI. Las autoridades competentes debe­ rían adoptar las medidas legales o reglamentarias necesarias para impedir que delincuentes o sus asociados tengan o sean beneficiarios finales de participa­ ciones importantes o controlantes o que ocupen una función gerencial en una institución financiera.

Respecto de las instituciones financieras sujetas a los Principios Centrales, las medidas de regulación y de supervisión que se aplican con fines de precaución y que también son relevantes para el lavado de activos, deberían aplicarse de manera similar para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terro­ rismo.

Otras instituciones financieras deberían ser registradas, reguladas apropia­ damente y estar sujetas a la supervisión o el control a los fines de la lucha contra el lavado de activos, teniendo en cuenta el riesgo que constituye el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo en dicho sector. Como mínimo, las actividades que presten el servicio de transferencias de dinero o valor, o de cambio de moneda o divisas, deberían recibir autorización o ser registradas y estar sujetas a sistemas efectivos de vigilancia y garantía del cumplimiento de los requisitos nacionales destinados a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

 

24.   Las actividades y las profesiones no financieras designadas deberían estar sujetas a medidas de regulación y de supervisión en la forma anteriormente expresada.

 

a.  Los casinos deberían estar sometidos a un régimen de regulación y super­ visión integral que asegure que han implementado efectivamente las medidas necesarias contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Como mínimo:

 

•   los casinos deberían funcionar bajo licencia;

•   las autoridades  competentes  deberían  adoptar  las medidas  legales o reglamentarias necesarias para impedir que delincuentes o sus asociados tengan o sean beneficiarios finales de participaciones significativas o de control o que ocupen una función gerencial o sean operadores de un casino;

•   las autoridades competentes deberían asegurar la efectiva supervisión de los casinos en lo atinente al cumplimiento de los requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

 

 

 

b.  Los países deberían asegurarse de que las demás categorías de actividades y profesiones no financieras designadas estén sujetas a sistemas eficaces de vigilancia que aseguren el cumplimiento de los requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta vigilancia debería realizarse en función de la sensibilidad al riesgo y podría estar a cargo de una autoridad gubernamental o un órgano de autorregulación apropiado, siempre que tal órgano sea capaz de garantizar que sus miembros cumplirán con las obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

 

25.* Las autoridades competentes deberían establecer directrices y dar retroalimen­ tación que ayuden a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras a aplicar las medidas nacionales destinadas a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y, en particular, a detectar y repor­ tar operaciones sospechosas.

 

 

C. Medidas institucionales y de otros tipos necesarias en los sistemas destinados a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

 

Autoridades competentes, sus facultades y recursos

 

26.* Los países deberían crear una UIF que se desempeñe como organismo central nacional para la recepción (y, si estuviera permitido, la solicitud), el análisis y la divulgación de ROS y otra información relacionada con un posible lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La UIF debería tener acceso, directa o indirectamente, y oportunamente,  a la información financiera, administrativa y proveniente de las autoridades garantes del cumplimiento de la ley necesaria para el cumplimiento apropiado de sus funciones, incluyendo el análisis de los ROS.

 

27.* Los países deberían asegurar que la responsabilidad de las investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo recaiga en las autoridades garantes del cumplimiento  de la ley (law enforcement authorities). Se alienta a los países a apoyar y desarrollar, en la mayor medida posible, técnicas de investigación especiales adecuadas para la investigación del lavado de activos, como entrega vigilada, operaciones encubiertas y otras técnicas relevantes. Tam­ bién se alienta a los países a que utilicen otros mecanismos eficaces, como el uso de grupos permanentes o temporales especializados en las investiga­ ciones patrimoniales y las investigaciones en colaboración con las autoridades competentes correspondientes de otros países.

 

 

 

28.   Cuando se llevan a cabo investigaciones de lavado de activos y de los delitos subyacentes sobre los que aquél se funda, las autoridades competentes deberían estar en condiciones de obtener documentos e información para emplearlos en esas investigaciones, y en los procesos judiciales penales y acciones relacionadas. Esto debería incluir facultades para emplear medidas compulsivas para la presentación de registros por parte de las instituciones financieras y otras per­ sonas, para el registro de personas y de locales, y para embargar y obtener pruebas.

 

29.   Los supervisores deberían tener facultades adecuadas para vigilar y asegurar el cumplimiento, por parte de las instituciones financieras, de las obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo la autoridad  para realizar inspecciones. Se los debería autorizar  a exigir la presentación de cualquier información de las instituciones financieras que sea pertinente a la vigilancia de ese cumplimiento, y a imponer sanciones adminis­ trativas por el incumplimiento de esas obligaciones.

 

30.   Los países deberían proporcionar a sus organismos competentes involucrados en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados. Los países deberían contar con procesos que aseguren que el personal de esos organismos sean personas de gran integridad.

 

31.   Los países deberían asegurar que los responsables de formular las políticas, las UIF, las autoridades garantes del cumplimiento de la ley y los supervisores cuenten con mecanismos efectivos que les permitan cooperar y, en los casos apropiados, coordinar a nivel nacional entre sí con respecto al desarrollo y la implementación de políticas y actividades destinadas a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

 

32.   Los países deberían asegurarse de que sus autoridades competentes sean capaces de revisar la eficacia de sus sistemas para combatir  el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, llevando estadísticas completas respecto de las cuestiones relevantes para la efectividad y eficiencia de esos sistemas. Éstas deberían incluir estadísticas sobre los ROS recibidos y divulgados; sobre inves­ tigaciones, acciones judiciales y condenas referidas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, sobre bienes congelados, embargados y deco­ misados; y sobre asistencia legal mutua  u otros pedidos internacionales de cooperación.

 

 

 

Transparencia de las personas jurídicas y de otras estructuras jurídicas

 

33.   Los países deberían tomar  medidas para impedir el uso ilícito de personas jurídicas por parte de los lavadores de activos. Los países deberían asegurarse de contar con información adecuada, precisa y oportuna sobre los beneficiarios finales y el control de las personas jurídicas que las autoridades competentes puedan  obtener  o a las que puedan  acceder sin demora. En particular, los países que tengan personas jurídicas autorizadas a emitir acciones al portador deberían tomar  medidas apropiadas  para  asegurar que dichas acciones no sean empleadas incorrectamente para el lavado de activos, y poder demostrar que esas medidas son adecuadas. Los países podrían considerar medidas que faciliten a las instituciones  financieras el acceso a la información  sobre el beneficiario final y el control a efectos de que puedan cumplir con los requisitos de la Recomendación 5.

 

34.   Los países deberían tomar medidas para impedir el uso ilícito de estructuras jurídicas por parte de los lavadores de activos. En especial, los países deberían asegurarse de contar con información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios que las autoridades  competentes puedan obtener o a las que puedan acceder sin demora. Los países podrían considerar medidas que faciliten a las instituciones financieras el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control a efectos de que puedan cumplir con los requisitos de la Recomendación 5.

 

 

D. Cooperación internacional

 

35.   Los países deberían adoptar medidas inmediatas para ser parte y aplicar sin res­ tricciones la Convención de Viena, la Convención de Palermo y la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo de 1999. Los países también son alentados a ratificar e implementar otras convenciones internacionales pertinentes, como la Convención del Consejo de Europa sobre blanqueo de capitales, investigación, incautación y decomiso de los productos del delito, y la Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002.

 

Asistencia legal mutua y extradición

 

36.   Los países deberían prestar, rápida, constructiva y efectivamente, la gama más amplia posible de asistencia legal mutua  en relación con las investigaciones, procesos judiciales y procedimientos relacionados referidos al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En especial, los países:

 

 

 

a.  No deberían prohibir o imponer condiciones no razonables o indebidamente restrictivas sobre la prestación de asistencia legal mutua.

b.  Deberían asegurarse de contar con procedimientos claros y eficientes para cumplir con los pedidos de asistencia legal mutua.

c.  No deberían negarse a cumplir con los pedidos de asistencia legal mutua fundándose exclusivamente en que se considera que el delito también invo­ lucra cuestiones fiscales.

d.  No deberían negarse a cumplir con un pedido de asistencia legal mutua fundándose en que las leyes exigen que las instituciones financieras man­ tengan el secreto o la confidencialidad.

 

Los países deberían asegurarse de que las facultades de sus autoridades com­ petentes exigidas en la Recomendación 28 también puedan ser utilizadas en respuesta a los pedidos de asistencia legal mutua y, si fueran compatibles con sus sistemas nacionales, en respuesta a los pedidos directos formulados por autoridades extranjeras judiciales o garantes del cumplimiento de la ley a sus homólogas nacionales.

Para evitar conflictos de jurisdicción, se debería considerar la creación y apli­ cación de mecanismos para determinar cuál es la jurisdicción territorial más apropiada, en interés de la justicia, para enjuiciar a los acusados en aquellos casos en que estén sujetos a causas penales en más de un país.

 

37.   Los países deberían prestarse, en la mayor medida  posible, asistencia legal mutua aun en ausencia de doble incriminación penal.

Cuando se requiera la doble incriminación penal para la asistencia legal mutua o para la extradición, dicho requisito debería considerarse cumplido sin tener en cuenta si ambos países ubican al delito dentro de la misma categoría de delitos o si lo denominan con la misma terminología, siempre que ambos países tipifiquen la conducta subyacente del delito.

 

38.* Debería existir la facultad de adoptar medidas rápidas en respuesta a los pedi­ dos de otros países de identificación, congelamiento, embargo y decomiso de activos lavados, del producto  del lavado de activos o de delitos subyacentes, instrumentos utilizados o destinados al uso en la comisión de estos delitos, o bienes por un valor equivalente. También deberían existir acuerdos para coor­ dinar el embargo y el decomiso del producto, que podrían incluir el compartir los activos decomisados.

 

39.   Los países deberían reconocer al lavado de activos como delito que puede dar lugar a extradición. Cada país debería, o bien extraditar a sus propios nacio­

 

 

 

nales, o bien en aquellos países donde no proceda únicamente por razón de nacionalidad, ese país debería, a pedido del país que requiere la extradición, someter el caso sin demora indebida a sus autoridades competentes con el fin de que se inicien acciones judiciales por los delitos indicados en la solicitud. Dichas autoridades deberían tomar su decisión y llevar a cabo sus procedimientos de la misma manera que en el caso de cualquier otro delito de carácter grave bajo la legislación nacional de ese país. Los países involucrados deberían colaborar entre  sí, especialmente en los aspectos de procedimientos  y pruebas, para asegurar la eficiencia de dichas acciones judiciales.

Con sujeción a sus respectivos sistemas legales, los países pueden considerar la simplificación de la extradición permitiendo la transmisión directa de pedi­ dos de extradición entre los ministerios apropiados, extraditando a personas sólo con base en órdenes de detención o sentencias, y/o introduciendo  una extradición simplificada de personas que, por propia y libre voluntad, renuncian a los procedimientos de extradición formales.

 

Otras formas de cooperación

 

40.* Los países deberían asegurarse de que sus autoridades competentes presten la gama más amplia posible de cooperación internacional  a sus homólogas extranjeras. Debería existir una vía clara y efectiva para facilitar el intercambio inmediato y constructivo entre homólogas, ya sea espontáneamente o a pedido, de información relacionada tanto con el lavado de activos como con los delitos subyacentes en los que aquél se funda. Se deberían permitir los intercambios sin condiciones indebidamente restrictivas. En particular:

 

a.  Las autoridades competentes no deberían rechazar una solicitud de asistencia fundándose solamente en que se considera que la solicitud también involucra cuestiones fiscales.

b.  Los países no deberían invocar leyes que requieran que las instituciones financieras mantengan el secreto o la confidencialidad como fundamento para rehusarse a cooperar.

c.  Las autoridades competentes deberían estar en condiciones de realizar inda­ gatorias y, en los casos en que sea posible, investigaciones en representación de homólogas extranjeras.

 

Cuando la facultad de obtener la información por parte de una autoridad competente extranjera no esté dentro de las facultades de su homólogo, tam­ bién se alienta a los países a que permitan  un intercambio de información rápido y constructivo con otras autoridades. La cooperación con autoridades

 

 

 

extranjeras que no sean homólogas podría darse directa o indirectamente. En caso de que no se sepa con certeza cuál es la vía adecuada a seguir, las autori­ dades competentes deberían ponerse en contacto primero con sus homólogas extranjeras solicitando asistencia.

Los países deberían establecer controles y garantías para asegurar que la información intercambiada por las autoridades competentes se use sólo en la forma autorizada, compatible con sus obligaciones relacionadas con la priva­ cidad y la protección de datos.

 

Glosario

 

En las Recomendaciones se emplean las siguientes abreviaturas y referencias:

 

“Beneficiario final” se refiere a las personas físicas que son las propietarias finales o tienen el control final de un cliente y/o de la persona en cuyo nombre se realiza una operación. También comprende a aquellas personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica o acuerdo legal.

 

“Principios Centrales”  se refiere a  los  Principios  Centrales  para  una  Efectiva Supervisión Bancaria dictados por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, los Objetivos y Principios para la Regulación de Valores dictados por la Organización Internacional  de Comisiones de Valores y los Principios para la Supervisión de Seguros dictados por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros.

 

Categorías establecidas de delitos” significa:

•      participación en un grupo delictivo organizado y en asociaciones extorsivas

•      terrorismo, incluyendo el financiamiento del terrorismo

•      tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de inmigrantes

•      explotación sexual, incluyendo la explotación sexual de niños

•      tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

•      tráfico ilegal de armas

•      tráfico de mercancías robadas y otros bienes

•      corrupción y soborno

•      fraude

•      falsificación de dinero

•      falsificación y piratería de productos

•      delitos ambientales

•      homicidio, lesiones corporales graves

•      secuestro, privación ilegítima de la libertad y toma de rehenes

•      robo o hurto

 

 

 

•      contrabando

•      extorsión

•      falsificación

•      piratería

•      uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado.

 

En el momento de decidir la gama de delitos que quedarán comprendidos como delitos subyacentes en cualquiera de las categorías detalladas antes, cada país podrá decidir, de acuerdo con su legislación nacional, la forma en que tipificará dichos delitos y la naturaleza de los elementos particulares que pueden convertirlos en delitos graves.

 

Actividades y profesiones no financieras designadas” significa:

 

a.     Casinos (que también incluye a los casinos por Internet)

b.     Agentes inmobiliarios

c.     Comerciantes de metales preciosos d.     Comerciantes de piedras preciosas

e.     Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores o contables. Se refiere a los profesionales que trabajan solos, en sociedad o empleados dentro de firmas de profesionales. No se propone referirse a los pro­ fesionales ‘internos’ que son empleados de otros tipos de emprendimientos ni a los profesionales que trabajan para agencias gubernamentales, que posible­ mente ya estén sujetos a medidas que combatirían el lavado de activos.

f.     Proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos (trust), haciendo referencia a todas las personas o actividades que no quedan comprendidas en otra parte de estas Recomendaciones, y que, por su actividad, presten a terceros cualquiera de los siguientes servicios:

 

­   actuación como agente para la constitución de personas jurídicas;

­    actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o secretario de una compañía, socio de una sociedad o desempeño de un cargo similar en relación con otras personas jurídicas;

­    provisión de un domicilio registrado; domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una compañía, sociedad o cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica;

­    actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como fiduciario de un fideicomiso expreso;

­    actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como accionista nominal por cuenta de otra persona.

 

 

 

“Umbral señalado” se refiere al monto indicado en las Notas interpretativas.

 

“Instituciones financieras” significa cualquier persona o entidad que lleva adelante como negocio una o más de las siguientes actividades u operaciones por cuenta o en nombre de un cliente:

 

1.  Toma de depósitos y otros fondos reintegrables de terceros3

2.  Préstamo4

3.  Arrendamiento financiero o leasing5

4.  La transferencia de dinero o valores6

5.  Emisión y administración de medios de pago (por ejemplo, tarjetas de crédito y de débito, cheques, cheques de viajero, giros postales y giros bancarios, dinero electrónico)

6.  Garantías y compromisos financieros

7.  Compraventa de:

 

a.  instrumentos del mercado de dinero (cheques, letras, certificados de depósito, derivados, etc.);

b.  moneda extranjera;

c.  instrumentos de canje, tasas de interés e índices;

d.  valores transferibles;

e.  negociación a futuro de productos primarios.

 

8.  Participación en emisiones de valores y prestación de servicios financieros relacionados con esas emisiones.

9.  Gestión de carteras individuales y colectivas.

10.  Custodia y administración  de efectivo o valores líquidos en nombre  de ter­

ceros.

11.  Otras formas de inversión, administración o gestión de fondos o de dinero en nombre de terceros.

 

 

3      Esto también abarca a la banca privada.

4      Esto incluye, entre otras cosas: créditos personales; créditos hipotecarios; factoraje, con o sin recurso y financiamiento de operaciones comerciales.

5      Esto no abarca los acuerdos de arrendamiento  financiero relacionados con bienes de con­

sumo.

6      Esto se aplica a la actividad financiera tanto en el sector formal como en el informal, por ejemplo, la actividad de remesas alternativas. Remitirse a la Nota interpretativa de la Reco­ mendación Especial VI. No se aplica a ninguna persona física o jurídica que proporcione a las instituciones financieras únicamente sistemas de mensajes u otro tipo de soporte para la transmisión de fondos. Remitirse a la Nota interpretativa de la Recomendación Especial VII.

 

 

 

12.  Suscripción y colocación de seguros de vida y otros seguros relacionados con la inversión.7

13.  Cambio de moneda y divisas.

 

Cuando una persona física o jurídica desarrolla una actividad financiera en forma ocasional o muy limitada (teniendo en cuenta criterios cuantitativos y abso­ lutos), de modo  que exista poco riesgo de que haya una actividad de lavado de activos, un país puede decidir que no es necesaria la aplicación de las medidas contra el lavado de activos, sea total o parcialmente.

En circunstancias estrictamente limitadas y justificadas, y con base en un riesgo comprobadamente  bajo de lavado de activos, un país puede decidir no aplicar la totalidad o algunas de Las cuarenta recomendaciones a algunas de las actividades financieras detalladas precedentemente.

 

“UIF” significa Unidad de Inteligencia Financiera.

 

“Estructuras jurídicas” se refiere a fideicomisos (trust) expresos u otras estructuras jurídicas similares.

 

“Personas jurídicas” se refiere a las sociedades por acciones, fundaciones, institutos anstalt, sociedades de personas o asociaciones, o cualquier otro organismo similar capaz de establecer una  relación permanente  como  cliente con  una  institución financiera o capaz de tener propiedades de otro modo.

 

Cuentas de transferencias de pagos en otras plazas” se refiere a cuentas de corres­ ponsales que son usadas directamente por terceros para realizar operaciones comer­ ciales por cuenta propia.

 

“Personas Expuestas Políticamente” (PEP)  son  los individuos  que  desempeñan o  han  desempeñado  funciones  públicas destacadas en  un  país extranjero,  por ejemplo, jefes de Estado o de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación  similares a los de las mismas PEP. Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.

 

 

 

7      Esto se aplica tanto a las empresas de seguros como a los intermediarios de seguros (agentes y corredores).

 

 

 

“Banco pantalla” significa un banco constituido en un país en el que no tiene pre­

sencia física y que no es filial de un grupo financiero regulado.

 

ROSse refiere a los reportes de operaciones sospechosas.

 

Supervisores” se refiere a las autoridades competentes designadas responsables de asegurar el cumplimiento, por parte de las instituciones financieras, de los requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

 

“Las Recomendaciones  del GAFIse refieren a estas Recomendaciones y a las Reco­

mendaciones Especiales sobre el Financiamiento del Terrorismo del GAFI.

 

 

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