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BANCO MUNDIAL Medidas preventivas

Medidas preventivas

 

 

 

 

 

A.   Identificación del cliente y debida

diligencia

1.    Alcance de la identificación del cliente y la debida diligencia

2.    ¿Quién es un cliente?

3.    Procedimientos  de aceptación e identificación del cliente

4.    Cuentas  y operaciones de alto y bajo riesgo

5.    Casos que necesitan  mayor debida diligencia

6.    Ampliación de la debida diligencia para incluir a los proveedores y otros

7.    Medidas del sector de seguros

8.    Medidas del sector de valores

9.    Medidas con respecto  a las actividades y profesiones  no financieras designadas

 

B.   Exigencias sobre el mantenimiento

de registros

1.    Instituciones financieras

2.    Sector de seguros

3.    Sector de valores

4.    Actividades y profesiones  no financieras designadas


C.   Reportes sobre  operaciones sospechosas

1.    Operaciones  sospechosas: lo que esto supone

2.    Disposiciones “para  llegar a puerto  seguro”

con respecto  a los reportes

3.    Alcance de la obligación de presentar reportes

4.    Delitos fiscales

5.    Sector de seguros

6.    Sector de valores

7.    Actividades y profesiones  no financieras designadas

 

D.   Reportes sobre operaciones de dinero en

efectivo

1.    Operaciones  múltiples de dinero en efectivo

2.    Movimientos transnacionales

3.    Técnicas modernas de administración  del dinero

 

E.   Equilibrio entre  las leyes de confidencialidad y las exigencias de reportes y divulgación de información

 

F.    Controles internos, cumplimiento y auditoría

 

G.   Regulación y supervisión. Estándares de

integridad

 

H.  Personas jurídicas y estructuras jurídicas

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  blanqueadores  de  dinero  y aquéllos que  financian  el terrorismo  utilizan varios tipos de instituciones financieras y ciertas actividades y profesiones no finan­ cieras para ayudarlos en sus actividades delictivas. De hecho, tener acceso a tales entidades es crucial para que los delincuentes logren sus objetivos, ya que las ins­ tituciones financieras y otras proporcionan  los medios para que dichos individuos transfieran fondos entre otras instituciones financieras, tanto a nivel nacional como

 

 

 

internacional; cambien moneda extranjera, y conviertan las ganancias del delito en diferentes instrumentos financieros y otros bienes.

En Las cuarenta recomendaciones  sobre el lavado de activos (Las cuarenta reco- mendaciones),1  el Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos (GAFI) ha establecido una serie de medidas preventivas que un país debe adoptar en el área del antilavado de activos (ALD). Dichas medidas preventivas se aplican a todas las instituciones financieras, y de manera más limitada, a las actividades y profesiones no financieras designadas. Además, estas medidas preventivas se aplican también en  la lucha contra  el financiamiento  del terrorismo  (LFT), de acuerdo  con  las Recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo (las Recomendaciones especiales)2 del GAFI.

Como es el caso de todas Las cuarenta recomendaciones, las medidas preventivas, especialmente las recomendaciones 5­25, no son recomendaciones sino mandatos para que un país tome medidas si quiere ser considerado como un país que cumple con los estándares internacionales de ALD y LFT. Sin embargo, estos mandatos para la acción son también flexibles para que un país pueda adoptar requisitos que sean consistentes con sus propias características económicas, su sistema jurídico y su constitución. Los países también pueden consultar la Metodología para Evaluar el Cumplimiento  de Las cuarenta recomendaciones y las Recomendaciones especiales, para obtener una explicación más detallada sobre los requisitos.3

 

 

A. Identificación del cliente y debida diligencia

 

Según los estándares internacionales establecidos por el Comité de Basilea de Super­ visión Bancaria (Comité de Basilea)4 y el GAFI,5 los países deben asegurarse de que sus instituciones financieras tengan métodos adecuados de identificación del cliente y debida diligencia. Dichos métodos se aplican tanto a los clientes particulares como empresariales de una institución  financiera. Estos reglamentos o procedimientos aseguran que las instituciones financieras mantengan un conocimiento adecuado

 

 

 

 

1      http://www.fatf­gafi.org/pdf/40Recs­2003_en.pdf

2      http://www.fatf­gafi.org/pdf/SRecTF_en.pdf

3      http://www.fatf­gafi.org/pdf/Meth­2004_en.PDF

4      Comité de Basilea, Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz y debida diligencia para los bancos, Principio 15, en http://www.bis.org/publ/bcbs30.pdf

5      Las cuarenta recomendaciones, Rec. 5, http://www.fatf­gafi.org/pdf/40Recs­2003_en.pdf  Las cuarenta recomendaciones están incluidas en el Anexo 4 y las Recomendaciones especiales en el Anexo 5 de esta Guía de referencia.

 

 

 

sobre sus clientes y las actividades financieras de estos últimos. Las exigencias de identificación del cliente también son conocidas como “Conozca a su cliente” (CSC),6 un término utilizado por el Comité de Basilea.7

Los estándares CSC no sólo ayudan a las instituciones financieras a detectar, impedir y prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, también conceden beneficios concretos a la institución financiera, a sus clientes respetuosos de la ley y al sistema financiero en su totalidad. En particular, los estándares CSC:

 

•   promueven los buenos negocios, el buen gobierno y la gestión de riesgos entre las instituciones financieras;

•   ayudan a mantener la integridad del sistema financiero y permiten realizar esfuerzos de desarrollo en los mercados emergentes;

•   reducen la frecuencia del fraude y otros delitos financieros; y

•   protegen  la  reputación  de  la  organización  financiera  contra  los  efectos perjudiciales de la relación con delincuentes.8

 

1.  Alcance de la identificación del cliente y la debida diligencia

Los métodos de identificación del cliente y debida diligencia utilizados por una institución financiera también deben aplicarse a sus sucursales y filiales de  participación  mayoritaria,  tanto  a  nivel nacional  como  internacional, siempre y cuando no entren en conflicto con el derecho interno.9  Cuando el derecho interno prohíbe su aplicación, se les debe notificar a las autoridades pertinentes en el país de origen que estos métodos no pueden ser utilizados por las instituciones de su país beneficiario. Los supervisores de los países beneficiarios deberían realizar esfuerzos para cambiar tales leyes y reglamentos

 

 

 

6      Comité de Basilea, Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz, Principio 15, el cual establece que: “Los supervisores bancarios deben asegurarse que los bancos tengan políticas, prácticas y procedimientos adecuados, incluyendo reglas estrictas de ‘conozca a su cliente’, que promueven normas éticas y profesionales de alto nivel en el sector financiero y eviten que el Banco sea utilizado, voluntaria o involuntariamente, por delincuentes”.

7      La debida diligencia del cliente para los bancos, del Comité de Basilea, establece que: “Los supervisores a nivel mundial están cada vez más reconociendo la importancia de asegurarse que sus bancos tengan controles y procedimientos adecuados, de manera que sepan con qué clientes están tratando. Una debida diligencia adecuada con respecto a clientes existentes y nuevos es un elemento fundamental de estos controles”.

http://www.bis.org/publ/bcbs85.pdf

8      Debida diligencia del cliente para los bancos, del Comité de Basilea (disposición 9).

9      Las cuarenta recomendaciones, Rec. 22.

 

 

 

en  la jurisdicción local.10  Cuando  no  hay restricciones legales en  el país beneficiario y existen dos niveles diferentes de estándares reglamentarios entre el país de origen y el país beneficiario, debe aplicarse el estándar más importante o más amplio de los dos.11

 

2.  ¿Quién es un cliente?

El Comité de Basilea define a un cliente como:

 

•   una persona o entidad que mantiene una cuenta en una institución finan­ ciera o en cuyo nombre se mantiene una cuenta (es decir, los beneficia­ rios);

•   beneficiarios de operaciones realizadas por intermediarios profesionales

(por ejemplo: agentes, contadores, abogados); y

•   una persona o entidad vinculada con una operación financiera que puede representar un riesgo importante para el banco.12

 

Un aspecto crucial de la identificación del cliente es establecer si éste está actuando  en su propio  nombre  o si hay un beneficiario de la cuenta que puede no estar identificado en los documentos mantenidos por la institución financiera. Si existe una razón para sospechar que el cliente está actuando en nombre de otra persona o entidad, deberían establecerse medidas adecuadas de debida diligencia.

La propiedad usufructuaria también es complicada en el caso de entidades jurídicas o sociedades anónimas donde existe propiedad escalonada. La pro­ piedad escalonada comprende una sociedad anónima que posee o controla una o más empresas. En algunos casos puede haber varias sociedades anó­ nimas, cada una de las cuales puede ser a su vez propiedad de otra sociedad anónima y, finalmente, ser propiedad o estar bajo el control de una sociedad matriz. Cuando las sociedades anónimas o personas jurídicas están en juego, se deberían emplear medidas adecuadas de debida diligencia para determinar la identidad de la verdadera sociedad matriz o entidad de control.

 

3.  Métodos de aceptación e identificación del cliente

Las instituciones financieras deberían desarrollar e imponer métodos claros de aceptación e identificación del cliente para los clientes mismos y para aquéllos

 

 

10    Id.

11    Debida diligencia de los clientes para los bancos, del Comité de Basilea (disposición 66).

12    Id. (disposición 21).

 

 

 

que actúan en nombre  de estos últimos.13  Estos métodos deberían incluir la elaboración de perfiles de clientes de alto riesgo. Dichos perfiles podrían comprender indicadores de riesgo estándar, como los antecedentes personales, el país de origen, la ocupación de un cargo público o de alto perfil, las cuentas conexas y el tipo y la naturaleza de la actividad comercial.14

Al diseñar políticas de aceptación de clientes, las instituciones financieras deben  actuar  con  mucho  cuidado  para  encontrar  el equilibrio adecuado entre la prevención del riesgo con respecto a las actividades delictivas y la buena disposición para aceptar nuevos clientes. Por regla general, la rigidez de los estándares de aceptación debería estar acorde con el perfil de riesgo de un  cliente potencial. Se recomienda  firmemente  que sólo la adminis­ tración superior tome decisiones sobre los clientes cuyos perfiles indican que representan un alto riesgo de estar implicados en actividades de lavado de activos.15

Las instituciones financieras deberían diseñar sus políticas de aceptación del cliente de manera que no se excluya a los desfavorecidos sociales. Estas políticas de aceptación del cliente no deberían de ninguna forma restringir el acceso del público en general a los servicios financieros.16  Esto es especialmente importante para los países que avanzan hacia una utilización más amplia de los instrumentos financieros, incluidos el uso de cheques, tarjetas de crédito o débito, mecanismos de pago electrónicos y otros, y el alejamiento de una economía basada en el dinero en efectivo.

Se deberían abrir las cuentas sólo luego de haber verificado de forma satisfactoria la identidad del nuevo cliente.17 No se le debería permitir a ningún cliente abrir o mantener una cuenta utilizando un nombre anónimo o falso.18

Esta prohibición también se aplica a una cuenta numerada, si se tiene acceso a dicha cuenta mediante  el uso de un  número  o código, una  vez que la cuenta no requiere los procedimientos de identificación del cliente al utilizar la documentación oficial.19 Las cuentas numeradas sólo son permitidas cuando

 

 

 

13    Id. (disposición 20).

14    Id.

15    Id.

16    Id.

17    Id. (disposición 22). Las cuarenta recomendaciones, Rec. 5

18    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 5, y Debida diligencia de los clientes para los bancos, del

Comité de Basilea (disposición 30).

19    Id.

 

 

 

se utilizan los mismos métodos de identificación del cliente y documentos justificativos (con mantenimiento  de registros). Según estos estándares, las instituciones financieras deben comprobar y verificar el documento de identi­ dad oficial de sus clientes. Los mejores documentos para verificar la identidad de los clientes potenciales o existentes son aquéllos que son más difíciles de reproducir.20  En este sentido, los países deberían exigir el uso de documentos “oficiales” emitidos por las autoridades correspondientes, como un pasaporte, una licencia de conducir, un documento de identificación personal o un docu­ mento de identificación fiscal.

En los casos en que un agente representa a un beneficiario (por ejemplo, a través de fideicomisos, apoderados, cuentas fiduciarias, sociedades anónimas y otros intermediarios), las instituciones financieras necesitan tomar medidas razonables para verificar la identidad y naturaleza de las personas u organi­ zaciones en cuyo nombre se está abriendo una cuenta o para quienes se está completando una transacción.21  Las instituciones financieras deben verificar la legalidad de tales entidades reuniendo la siguiente información sobre los clientes potenciales:

 

•   Nombre y forma jurídica de la organización del cliente;

•   dirección;

•   nombres de los directores;

•   propietarios o beneficiarios principales;

•   disposiciones que regulan el poder de obligar a la organización;

•   agente(s) que actúan en nombre de la organización; y

•   número de cuenta (si es pertinente).22

 

En los casos de transferencias de fondos, como las remesas de fondos, las instituciones financieras deberían incluir información exacta y significativa sobre la persona que origina la transferencia (nombre, dirección y número de cuenta) y transmitir esta información a través de la cadena de pago junto con la transferencia de fondos.23

Se debe confirmar la identidad de un cliente a través de métodos de de­ bida diligencia en los casos en que se trate de un cliente eventual que ha so­ brepasado el umbral determinado o cuando haya alguna duda sobre la ver­

 

 

20    Ver Debida diligencia de los clientes para los bancos, del Comité de Basilea (disposición 23).

21    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 5.

22    Id., Rec. 5.

23    Recomendaciones especiales, Rec. Esp. VII.

 

 

 

dadera identidad de ese cliente.24 Lo mismo sucedería en el caso del cliente de una empresa.

La identificación del cliente es un proceso en curso que, por regla general, les exige a las instituciones financieras mantener registros actualizados de toda la información pertinente sobre los clientes. Los registros deben actualizarse, por ejemplo en el caso de operaciones importantes, cambios en los estándares con respecto a la documentación del cliente, cambios sustanciales en la ope­ ración de una  cuenta, y si se comprueba  que los registros existentes son insuficientes.25 Se exhorta a los supervisores nacionales a que ayuden a las instituciones financieras a desarrollar sus propios métodos de aceptación e identificación del cliente.

 

4.  Cuentas y operaciones de alto y bajo riesgo

Las medidas de debida diligencia con respecto al cliente, descritas anteriormente, deberían aplicarse de acuerdo  con el riesgo asociado al tipo  de cliente u operación. Este principio general es primordial, tanto en las Recomendaciones del GAFI como en el documento del Comité de Basilea sobre debida diligencia respecto al cliente. En lo que se refiere a las categorías de mayor riesgo, se debería llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia más exhaustivo. En algunas circunstancias en que los riesgos sean menores, los países pueden permitirles a sus instituciones financieras que apliquen medidas más reducidas o simplificadas. El GAFI y el Comité de Basilea han identificado algunos ejem­ plos de este tipo de clientes u operaciones, pero no es absoluto y es un asunto que se deja a discreción de cada país. Entre los ejemplos de clientes de menor riesgo se encuentran las instituciones financieras, las sociedades anónimas y las administraciones o empresas del gobierno.26 Algunos ejemplos de operaciones de menor riesgo son las cuentas de fondos comunes, los planes de pensión y las pólizas de seguro pequeñas.27

No obstante, se espera que los clientes siempre sean identificados y que se tomen algunas medidas elementales para verificar su identidad. Las medidas simplificadas o reducidas podrían aplicarse dependiendo del proceso de verifi­

 

 

 

 

 

24    Ver Debida diligencia de los clientes para los bancos, del Comité de Basilea, Disposición 53, y GAFI, Las cuarenta recomendaciones, Rec. 11.

25    Debida diligencia de los clientes para los bancos, del Comité de Basilea (disposición 24).

26    Ver Las cuarenta recomendaciones, Notas interpretativas de la Rec. 5, párrafos 9 y 10.

27    Ver Las cuarenta recomendaciones, Notas interpretativas de la Rec. 5, párrafos 11 y 12.

 

 

 

cación y/o la cantidad de información recopilada sobre el propósito y la natu­

raleza de la relación comercial y las operaciones.28

Un caso especial en el cual el riesgo es un factor importante es cuando se establece la identidad de clientes que ya tenían cuentas antes que el proceso de verificación de la identidad de los nuevos clientes fuera un requisito. Ni el Comité de Basilea ni el GAFI requieren que se establezca un  programa general para verificar la identidad de clientes existentes o para aplicar los pro­ cedimientos de debida diligencia.29

 

5.  Casos que necesitan una mayor debida diligencia

En algunos casos, Las cuarenta recomendaciones disponen que deberían tomar­ se ciertas medidas exhaustivas, además de aquéllas que aplican normalmente las instituciones financieras. A continuación, se analizan algunos casos que requieren procedimientos adicionales de debida diligencia.

 

a.  Personas expuestas políticamente

El GAFI define a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) como:

 

Los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes de Estado o de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios  gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.30

Esta definición comprende sólo a los clientes que desempeñan funciones públicas en un país “extranjero”. Por tanto, no se aplica a las PEP “nacio­ nales”. Sin embargo, el GAFI alienta a los países a hacer extensivos los requisitos de una  mayor  debida diligencia a las personas que ocupan funciones públicas destacadas en su propio país, pero exige que se aplique una mayor debida diligencia a los PEP extranjeros.31

 

 

 

28    Ver Las cuarenta recomendaciones, Notas interpretativas de la Rec. 5, párrafo 9.

29    Ver Las cuarenta recomendaciones, Notas interpretativas de la Rec. 5, párrafo 8.

30    Las cuarenta recomendaciones, Glosario, Personas expuestas políticamente.

31    Las cuarenta recomendaciones, Notas interpretativas de la Rec. 6.

 

 

 

Las medidas adicionales de debida diligencia consisten en lo siguiente:

 

•   identificar a las PEP;

•   obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía para abrir una cuenta;

•   establecer cuál es el origen de la riqueza y de los fondos;

•   llevar a cabo una vigilancia permanente más exhaustiva.

 

En realidad, descubrir si un cliente es una PEP es, por lo general, el mayor desafío para una institución financiera, dada la definición del término. Ninguna organización oficial publica una lista de dichos individuos, pero diversas entidades comerciales mantienen  y actualizan regularmente ese tipo de listas.

 

b.  Relaciones de corresponsalía bancaria transnacional

Las relaciones de corresponsalía bancaria transnacional son otra fuente de posibles cuentas de alto riesgo para las instituciones financieras. Tales relaciones podrían servir para que las entidades o personas de países con medidas poco estrictas tengan acceso al sistema financiero mundial sin someterse a las medidas apropiadas de debida diligencia. Antes de entablar relaciones de corresponsalía bancaria con una institución transnacional, un banco debería:

 

•   Establecer la naturaleza de los negocios de la institución representada, su reputación y la calidad de sus supervisores.

•   Evaluar las medidas de control ALD/LFT de la institución representada.

•   Obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía antes de establecer la relación.

•   Documentar las respectivas responsabilidades de cada institución.

•   Si las “cuentas de transferencias de pago en otras plazas” son parte de la relación comercial, asegurarse que el banco representado haya verificado la identidad de sus clientes y realizado el procedimiento de debida diligencia con respecto a estos últimos.32

 

Debería evitarse la relación de corresponsalía bancaria con instituciones ubicadas en los países clasificados por el GAFI como “países y territorios

 

 

 

32    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 7.

 

 

 

no cooperantes (PTNC)”.33  No se deberían llevar a cabo operaciones con “bancos pantalla” (es decir, un banco constituido en un país en el que no tiene presencia física y que no es filial de un grupo financiero regulado).34

 

c.  Clientes sin presencia física

A medida que la tecnología avanza, el fenómeno de las relaciones comer­ ciales y los clientes sin presencia física aumenta, ya que los clientes usan el teléfono y la Internet  para  obtener  servicios financieros sin visitar necesariamente  al proveedor.  Los organismos que  fijan los estándares internacionales no pretenden  impedir dichos adelantos, que brindan  al cliente más opciones y servicios, y benefician al mismo tiempo la economía. Las instituciones financieras y otras que proveen dichos servicios deben saber que los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son algo diferentes con respecto a estos clientes y necesitan tomar  las medidas necesarias para tratar con ellos.35

 

d.  Negocios “presentados” por terceros

En algunos países, se permite que intermediarios o terceros “presenten” clientes a las instituciones financieras y estas últimas no los sometan al procedimiento  de debida diligencia. En dichos casos, las instituciones financieras deben hacer tres cosas.36 Primero, la institución debe asegurarse que el intermediario o tercero se someta a los requisitos de debida diligencia y que el cumplimiento  de tales requisitos esté sujeto a supervisión. En segundo lugar, la institución debe asegurarse que el intermediario o tercero haya recopilado suficiente información sobre la identidad del cliente y otra documentación pertinente de debida diligencia sobre el mismo. Tercero, las instituciones deben asegurarse que el intermediario pueda presentar dicha información cuando se le solicite y sin demora.

El intermediario puede ser nacional o internacional. Cuando se trata de un intermediario internacional, la institución financiera debe asegurarse especialmente que se cumpla con los requisitos mencionados anteriormente.

 

 

 

 

33     Para obtener una lista completa de los países y territorios “no cooperantes” del GAFI, ver, http://www.fatf­gafi.org/NCCT_en.htm

34    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 18. Ver también Debida diligencia de los clientes para los bancos, del Comité de Basilea, disposición 51.

35    Id., Rec. 8.

36    Id., Rec. 9.

 

 

 

Diversos países, que permiten la “presentación” de negocios, exigen que el intermediario sea una persona o institución sujeta a medidas de ALD, supervisada por un organismo regulador responsable del cumplimiento de las medidas de ALD, y que esté ubicado en un país que cumpla con los estándares del GAFI.

 

e.  Otras actividades de alto riesgo

El GAFI también menciona otros dos tipos de categorías de operaciones que  merecen  especial atención.  Primero,  hay operaciones complejas e inusualmente  grandes, así como patrones de operaciones inusuales que no tienen un objeto económico aparente o legítimo visible.37 Dentro de lo posible, se deberían analizar los antecedentes y el propósito de dichas operaciones, asentándose los resultados por escrito. Si la institución finan­ ciera no  puede  encontrar  dicha información  y se siente insegura con respecto a la relación comercial, debería considerar rechazarla y hacer un reporte de operación sospechosa.

En segundo lugar, existen países donde no se aplican las Recomendacio­ nes del GAFI, que merecen especial atención. Aunque las operaciones con dichos países no están prohibidas, las instituciones financieras deberían prestarles especial atención y, cuando haya una duda respecto a su propó­ sito, investigar más a fondo y plasmar los resultados por escrito.38 Si las instituciones financieras no están convencidas de que la operación es de buena fe, deben rechazarla y hacer un reporte de operación sospechosa.

 

6.  Ampliación de la debida diligencia para incluir a los proveedores y otros

La estructura  de la cadena de abastecimiento de muchas  empresas se ha vuelto cada vez más compleja e interrelacionada con el desarrollo del comer­ cio mundial.  Por  lo tanto,  muchas  instituciones  financieras se han  dado cuenta que es necesario ejercer una mayor diligencia con respecto a los provee­ dores, abastecedores y agentes de organizaciones, así como en relación con los empleados y bancos corresponsales de las instituciones financieras. Los supervisores de las instituciones financieras de cada país deberían considerar poner en práctica políticas que incluyan estas tendencias de la debida diligencia, especialmente cuando dichas relaciones podrían representar un mayor riesgo, como se describió anteriormente.

 

 

 

 

37    Id., Rec. 11.

38    Id., Rec. 21.

 

 

 

7.  Medidas del sector de seguros

La Asociación Internacional  de Supervisores de Seguros (AISS) mantiene sus propios estándares de identificación del cliente y debida diligencia. La industria de seguros debe observar estos estándares, además de los requisitos pertinentes de Las cuarenta recomendaciones, que se analizaron anteriormente. Los estándares de la AISS recomiendan que las compañías de seguros:

 

•   Establezcan de una manera que “consideren razonable” que cada parte per­ tinente para la aplicación de los seguros existe realmente. En el caso de muchos temas (por ejemplo: pólizas de seguro de vida colectivo y planes de pensiones), puede ser suficiente usar un grupo limitado, como los prin­ cipales accionistas o los directores más importantes.

•   Verifiquen todos los mandantes subyacentes, así como su relación con los

asegurados. Los mandantes, y no los asegurados, deberían ser interrogados con respecto a la naturaleza de la relación.

•   Prohíban cuentas anónimas y ficticias.

•   Verifiquen las reclamaciones, comisiones, y cualquier otra suma de dinero entregada a los no asegurados (por ejemplo: asociaciones, compañías).

•   Aumenten la debida diligencia cuando los flujos financieros o los esquemas de las operaciones de los asegurados cambien de manera  significativa, inesperada o inexplicada.

•   Aumenten la debida diligencia con respecto a la compra y venta de pólizas dotales usadas y la utilización de pólizas relacionadas a una sola unidad.

•   Vigilen el reaseguro o la retrocesión con regularidad, para asegurar los pagos a las empresas reaseguradoras de buena fe, a tarifas justificadas por el nivel de riesgo.39

 

8.  Medidas del sector de valores

La Organización  Internacional  de  Comisiones  de  Valores (OICV)  no  ha establecido exigencias particulares  sobre la identificación del cliente o  la debida diligencia para las sociedades de valores, los corredores o las entidades de inversión colectiva. Aunque la OICV no  ha instaurado  tales exigencias específicas, los requisitos de identificación del cliente de Las cuarenta recomen- daciones (como se describe con mayor detalle en la Metodología)40 se aplican al sector de valores.

 

 

 

39    Ver AISS, Notas  de  orientación  sobre  el antilavado  de  dinero,  http://www.iaisweb.org/

02money.pdf

40    http://www.fatf­gafi.org/pdf/Meth­2004_en.PDF

 

 

 

9.  Medidas con respecto a las actividades y profesiones no financieras designadas Estos requisitos de debida diligencia, así como los relacionados con el mante­ nimiento de registros, se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas, de una manera más restringida. El siguiente análisis resume las circunstancias específicas en que las medidas de debida diligencia se aplican a estas entidades y personas.

 

a.  Casinos

Las medidas de debida diligencia para las instituciones financieras se apli­ can cuando los clientes de casinos realizan operaciones financieras equiva­ lentes a U$S/€3.000 o que exceden este monto.

Algunos ejemplos de estas operaciones comprenden la compra o el canje de fichas de casino, la apertura de cuentas, la transferencia de fondos y el cambio de moneda. Esto no significa que todas las operaciones de juego deban ser controladas o registradas durante 5 años.41

 

b.  Agentes inmobiliarios

Las operaciones realizadas para clientes, relacionadas con la compraventa de bienes inmuebles, están sujetas a medidas de debida diligencia. Sin embargo, la identificación del cliente y otras medidas de debida diligencia sólo deben llevarse a cabo cuando se realiza una operación y sólo con respecto a la parte que es el cliente del agente inmobiliario.42  En muchos países, el cliente es el vendedor, más que el comprador.

 

c.  Comerciantes de metales y piedras preciosas

Las operaciones en efectivo, equivalentes a U$S/€15.000 o que excedan este monto estarán sujetas a los requisitos de debida diligencia.43

 

d.  Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores Los requisitos de identificación y debida diligencia se aplican a las opera­ ciones preparadas o llevadas a cabo para clientes con respecto a las siguien­ tes actividades:

 

•   compraventa de bienes inmuebles;

•   administración del dinero, valores y otros activos;

 

 

41    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 12, párrafo a. Las recomendaciones aplicables son las

Recs. 5, 6, y 8­11.

42    Id., Rec. 12, párrafo b.

43   Id., Rec. 12, párrafo c.

 

 

 

•   administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;

•   organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías;

•   creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.44

 

La frase clave es “preparar o llevar a cabo operaciones”. Esto significa que el simple hecho de brindar consejo sobre cómo efectuar dichas operaciones no está incluido. La identificación  y debida diligencia con respecto al cliente (y el mantenimiento de registros) son requisitos aplicables después que el profesional se ha comprometido a llevar a cabo la operación, lo cual incluye el trabajo previo de preparación de la operación, así como su realización. Estas son situaciones en las cuales los abogados y contadores funcionan como “guardianes” frente al sistema financiero, al proveer servicios que podrían  permitir  a los clientes involucrarse en posibles operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

 

e.  Proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos

Las medidas de debida diligencia se aplican a las operaciones que se pre­ paran o llevan a cabo para un cliente en relación con las siguientes acti­ vidades específicas:

 

•   actuación como agente para la constitución de personas jurídicas;

•   actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o secretario de una compañía, socio de una sociedad o desempeño de un cargo similar en relación con otras personas jurídicas;

•   provisión de un domicilio registrado; domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una compañía, sociedad o cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica;

•   actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como fiduciario de un fideicomiso expreso;

•   actuación (o arreglo para que otra  persona actúe) como accionista nominal por cuenta de otra persona.45

 

En algunos países, las operaciones descritas anteriormente son efectuadas por abogados. Para ser consistentes con los criterios respecto a los abo­

 

 

 

44    Id., Rec. 12, párrafo d.

45    Id., Rec. 12, párrafo e.

 

 

 

gados, establecidos más atrás, el elemento clave es otra vez la expresión “preparadas y llevadas a cabo”, la cual excluye el hecho de simplemente brindar consejo, pero incluye el trabajo previo al llevar a cabo una ope­ ración específica.

 

 

B. Exigencias sobre el mantenimiento de registros

 

1.  Instituciones financieras

Las instituciones financieras deberían mantener los registros sobre la identidad del cliente y las operaciones por un plazo mínimo de cinco años, luego del cierre de una cuenta.46 Se les podría exigir a las instituciones que mantengan registros por más de cinco años, si así lo requieren los reguladores. El con­ tenido de los registros debería ponerse inmediatamente a disposición de las autoridades cuando éstas lo soliciten y, más adelante, ser suficiente para per­ mitir que se entablen acciones judiciales contra las actividades delictivas.47

El mantenimiento  de registros es importante  tanto para prevenir como para detectar alguna intención de lavado de activos o financiamiento del terro­ rismo. Si un cliente potencial sabe que se mantienen registros, es poco pro­ bable que dicho cliente trate de usar la institución para estos fines ilegales. Mantener registros también es útil para detectar a las personas implicadas y además proporciona  pistas a nivel financiero para ayudar a las autoridades competentes a perseguir a estas personas.

Cuando se registra la transacción de un cliente, se debería incluir la siguiente información:

 

•   nombre del cliente y/o del beneficiario;

•   dirección;

•   fecha y naturaleza de la transacción;

•   tipo y cantidad de dinero comprendidos en la transacción;

•   tipo de cuenta y número de identificación de la cuenta; y

•   otra información pertinente que la institución financiera registra general­

mente.48

 

2.  Sector de seguros

La AISS mantiene su propio conjunto de exigencias sobre el mantenimiento de registros. Las compañías de seguro deben acatar estas exigencias, además

 

 

46    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 10.

47    Id.

48    Id.

 

 

 

de los estándares correspondientes que se encuentran en Las cuarenta reco- mendaciones. La compañía de seguros también debe obtener la siguiente infor­ mación (si es pertinente) al registrar la transacción del cliente:

 

•   locación finalizada;

•   evaluación financiera sobre el cliente;

•   análisis de las necesidades del cliente;

•   detalles sobre los métodos de pago;

•   descripción de los beneficios;

•   copia de la documentación utilizada para verificar la identidad del cliente;

•   registros de posventa relacionados con el contrato hasta su plazo de venci­

miento; y

•   detalles sobre el proceso de vencimiento y la liquidación de reclamaciones

(incluida la “documentación sobre el pago”).49

 

Los supervisores de las instituciones financieras deben verificar que todos los representantes de las compañías de seguros sean titulares de una licencia, según la ley de seguros y jurisdicción correspondientes.50 Los representantes pueden guardar documentos en nombre de una compañía de seguros, pero la totalidad de los registros permanece en la compañía de seguros en su calidad de proveedora de productos.51  En tales casos, se necesita hacer una división clara de responsabilidades entre la compañía de seguros y sus representantes.52

 

3.  Sector de valores

El OICV ha establecido su propio conjunto de exigencias sobre el mantenimiento de registros, que las sociedades de valores deben respetar, además de acatar los requisitos generales pertinentes de Las cuarenta recomendaciones, men­ cionados anteriormente. El OICV exige que la autoridad nacional centralizada sobre el delito financiero u otra autoridad  competente se asegure que los intermediarios mantengan los registros necesarios para demostrar que obser­

 

 

 

49    Ver Notas de orientación sobre el antilavado de activos de la AISS.

50    Id.

51    Id.

52    Id.

53    Ver OICV, Principles for the Supervision of Operators of Collective Investment Schemes (CIS, septiembre 1997), disponible en http://www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD69.pdf.

 

 

 

van los estándares establecidos.53 Estos registros deben ser legibles, compren­ sibles y detallados, y deben incluir todas las operaciones que comprendan los bienes y las operaciones de inversión colectiva.54

 

4.  Actividades y profesiones no financieras designadas

Las exigencias de mantenimiento de registros para las actividades y profesiones no financieras designadas se aplican bajo las mismas circunstancias que los requisitos de identificación del cliente y debida diligencia.55 Ver más atrás, la sección A.9, Identificación del cliente y debida diligencia, Medidas con respecto a las actividades y profesiones no financieras designadas.

 

 

C. Reportes sobre operaciones sospechosas

 

Si una institución financiera sospechara o tuviera fundamentos razonables para sos­ pechar que ciertos fondos son el producto de una actividad delictiva, o que están relacionados con el financiamiento del terrorismo, dicha institución debería reportar sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pertinente.56  Además, se les debe exigir a los bancos que denuncien las actividades sospechosas y los casos importantes de fraude a los supervisores, y los supervisores deben asegurarse que se ha alertado a las autoridades competentes.57 Cuando las instituciones financieras presenten reportes de actividades sospechosas (RAS) no deberían en ningún caso avisar a sus clientes que su comportamiento  ha sido reportado  como sospechoso a las autoridades.58  Desde ese momento  en adelante, es decir, a partir del reporte, las instituciones financieras deben acatar completamente  las instrucciones de las autoridades gubernamentales, incluyendo la preparación de reportes.59

 

1.  Operaciones sospechosas: lo que esto supone

Las operaciones sospechosas contienen ciertas características generales, entre las cuales se incluyen, obviamente, las operaciones que parten de esquemas normales de actividad de una cuenta. Cualquier operación compleja o excep­ cionalmente importante, además de cualquier esquema de operación extraño, sin la presencia de un  propósito  económico, comercial o  legal aparente,

 

 

54    Id.

55    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 12.

56    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 13.

57    Principio Central 15 del Comité de Basilea, descripción 31.

58    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 14.

59    Id., Recs. 10 y 28.

 

 

 

es sospechosa y, por  lo tanto,  merece una  mayor investigación por  parte de la institución financiera y, si es necesario, por parte de las autoridades competentes.60  Para ayudar a las instituciones financieras a detectar las ope­ raciones sospechosas, éstas deberían establecer límites sensibles a los riesgos para vigilar categorías o tipos particulares de cuentas. Los ejemplos específicos de actividades sospechosas (por  ejemplo, un  alto movimiento  de cuentas incompatible con la cantidad de dinero que queda como saldo) son útiles para las instituciones financieras individuales, y los supervisores deberían, de alguna manera, darles estos ejemplos.61

Las instituciones financieras y sus empleados deberían estar siempre alertas con respecto a las operaciones sospechosas. Aunque los ejemplos siguientes indican la presencia de operaciones sospechosas, la lista no es exhaustiva:

 

•   Indicios generales:

–   Fondos retirados inmediatamente después de haber sido abonados en una cuenta.

–   Una cuenta sin movimiento que de pronto se vuelve activa sin ninguna razón admisible.

–   El alto valor del capital de un cliente no es compatible con la información sobre el cliente mismo ni sobre sus negocios.

–   Un cliente proporciona  información falsa o adulterada, o se niega a transmitir al banco la información requerida.

–   La forma en que se hace una transacción implica un propósito ilegal, es ilógica desde el punto de vista económico, o no identificable.

 

•   Indicios con respecto a las operaciones de dinero en efectivo:

–   Depósitos frecuentes de dinero en efectivo incompatibles con la infor­

mación sobre el cliente o sus negocios.

–   Depósitos de dinero en efectivo inmediatamente seguidos de la emisión de cheques o remesas hacia cuentas abiertas en otros bancos ubicados en el mismo país o en el exterior.

–   Retiros frecuentes de dinero en efectivo sin ningún vínculo evidente con los negocios del cliente.

–   Intercambio frecuente de billetes de gran valor por billetes de valor más pequeño, o por otra moneda.

 

 

 

60    Id., Rec. 11.

61    Id., Rec. 25; Ver también Debida diligencia de los clientes para los bancos, del Comité de

Basilea (disposición 53).

 

 

 

–   Cobros de cheques, incluidos los cheques de viajero, por grandes can­

tidades.

–   Operaciones frecuentes de dinero  en efectivo por montos  justo por debajo del nivel donde se exige la identificación o reporte por parte de la institución financiera.

 

•   Indicios con respecto a las operaciones de las cuentas a plazo:

–   Cierre de una cuenta seguido de la apertura de cuentas nuevas bajo el mismo nombre o por miembros de la familia del cliente.

–   Compra  de valores bursátiles con fondos que han sido transferidos del exterior o inmediatamente después de haber depositado dinero en efectivo en la cuenta.

–   Estructuras ilógicas (varias cuentas, remesas frecuentes entre cuentas, etc.).

–   Concesión de garantías (empeños, fianzas) sin ninguna razón aparente.

–   Remesas en favor de otros bancos sin ninguna indicación sobre el bene­

ficiario.

–   Reembolso inesperado, sin ninguna razón convincente, de un préstamo moroso.

–   Depósito de cheques de montos importantes incompatibles con la infor­

mación sobre el cliente o sus negocios.

 

2.  Disposiciones “para llegar a puerto seguro” con respecto a los reportes

Las leyes “para llegar a puerto  seguro” ayudan a incitar a las instituciones financieras a que reporten todas las operaciones sospechosas. Dichas leyes pro­ tegen a las instituciones financieras y los empleados contra la responsabilidad penal y civil cuando reportan de buena fe operaciones sospechosas a las auto­ ridades competentes. Estas disposiciones legales deberían dar protección a las instituciones financieras, y a sus empleados o representantes, contra juicios por cualquier supuesta violación de las leyes de confidencialidad o secreto, siempre y cuando el reporte sobre la transacción sospechosa haya sido hecho de buena fe (es decir, no fue hecho de forma superficial ni maliciosa).62

 

3.  Alcance de la obligación de presentar reportes

Un ROS es una manera de advertir a las autoridades sobre la posibilidad de que una operación específica pueda estar relacionada con el lavado de activos

 

 

 

 

62    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 14.

 

 

 

o el financiamiento del terrorismo  y, por lo tanto, debería ser investigada. En la mayoría de los casos, la institución financiera no tendrá pruebas de que la operación represente las ganancias de un delito, y menos aún sabrá de qué delito se trata específicamente. La institución financiera estará al tanto simplemente de que la operación es inusual y no es consistente con el tipo normal de operaciones de la cuenta. Lo más probable es que no conozca el origen de los fondos o el motivo de la operación y que no pueda preguntarle al cliente sin correr el riesgo de “advertirle”. En dichos casos, la institución debería presentar un reporte de operación sospechosa y dejar que las autoridades continúen con la investigación.

Debido a que las instituciones que presentan reportes normalmente  no conocen el motivo subyacente de la operación, un sistema de reportes de operaciones sospechosas debería basar la exigencia de presentar reportes en la “sospecha” de que los fondos podrían estar relacionados con un delito penal. No es necesario exigirle a la institución que hace el reporte que investigue la operación o tenga pruebas concretas de que los fondos están relacionados con una actividad delictiva.

 

4.  Delitos fiscales

Algunos países no clasifican los delitos fiscales, como la evasión de impuestos, como delitos subyacentes del lavado de activos. Por lo tanto, el lavado de las ganancias provenientes de la evasión de impuestos no es necesariamente un delito de lavado de activos. Sin embargo, las instituciones financieras deberían seguir reportando  operaciones que consideren sospechosas y dejar que las autoridades determinen si están relacionadas con el lavado de activos. De lo contrario, existe el riesgo de que los clientes traten de justificar las operaciones relacionadas con los delitos subyacentes del lavado de activos alegando que son ganancias provenientes de la evasión fiscal, y obliguen a las instituciones a no presentar reportes de operaciones sospechosas.

 

5.  Sector de seguros

La AISS ha establecido su propio conjunto de estándares con respecto a los reportes de operaciones sospechosas.63 La industria de seguros debe acatar estos estándares, además de los requisitos de Las cuarenta recomendaciones, mencionados anteriormente. Las compañías de seguro deberían reportar las actividades sospechosas a la unidad de inteligencia financiera o a otra autoridad nacional centralizada. Los siguientes son casos de operaciones sospechosas,

 

 

 

63    Ver Notas de orientación sobre el antilavado de activos de la AISS.

 

 

 

relacionados específicamente con el sector de seguros, que merecen una inves­

tigación adicional:

 

•   cancelación temprana de una póliza de seguros, de forma inusitada o des­

favorable;

•   utilización poco común de un intermediario durante algunas operaciones o actividades financieras habituales (por ejemplo: el pago de reclamaciones o una comisión alta a un intermediario inusual);

•   método de pago anormal; y

•   operaciones que comprometen  a jurisdicciones con instrumentos  regu­ ladores poco estrictos con respecto al lavado de activos y/o el financia­ miento del terrorismo.64

 

6.  Sector de valores

La OICV no ha establecido exigencias específicas con respecto a los reportes de actividades sospechosas para las sociedades de valores, los corredores o las entidades de inversión colectiva. Aunque la OICV no ha implantado requi­ sitos específicos o adicionales en esta área, las exigencias sobre reportes de actividades sospechosas que aparecen en Las cuarenta recomendaciones  se aplican al sector de valores.

 

7.  Actividades y profesiones no financieras designadas

Según la revisión de 2003 de Las cuarenta recomendaciones, las actividades y profesiones no financieras designadas están obligadas a presentar reportes de operaciones sospechosas, pero es una  exigencia menos estricta que su obligación de identificar a los clientes y aplicar medidas de debida diligen­ cia.65

Los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y los contadores sólo tienen la obligación de presentar reportes de operaciones sospechosas cuando, por cuenta o en representación de un cliente, efectúen una operación financiera. Esta exigencia es menos estricta que la obligación de identificar a los clientes y someterlos a medidas de debida diligencia, en dos aspectos:

 

•   La obligación de  presentar  reportes  comprende  sólo las “operaciones financieras”, no todas las operaciones.

 

64    Id.

65    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 16.

66    Id., Rec. 16, párrafo a.

 

 

 

•   Hay una obligación de presentar reportes sólo cuando el profesional efectúa una operación financiera por cuenta o en representación de su cliente.66

 

No es obligatorio presentar reportes en circunstancias legalmente privi­ legiadas. Corresponde  a cada país determinar  las cuestiones que deberían considerarse como  privilegio profesional legal o secreto profesional. Nor­ malmente esto cubriría la información obtenida en el curso de la determinación de la posición legal de un cliente, o al representar a ese cliente en algún pro­ cedimiento judicial.

Los países pueden permitir  que los miembros de este grupo envíen los reportes a sus órganos de autorregulación respectivos, y no a la UIF, siempre que haya formas de cooperación apropiadas entre estos órganos y la UIF.67

Los comerciantes dedicados a la compraventa  de metales preciosos y piedras preciosas tienen la obligación de presentar reportes de operaciones sospechosas cuando realizan alguna operación en efectivo con un cliente, igual o mayor que el umbral de U$S/€15.000.68

Los proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos están obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas sólo cuando participan en operaciones por cuenta o en nombre de un cliente.69 Como consecuencia, todas las operaciones, no sólo las operaciones financieras, que sean sospechosas deben ser reportadas. Sin embargo, los reportes se limitan a situaciones donde el proveedor de servicios de sociedades y fideicomisos realmente lleva a cabo la operación. El simple hecho de brindar consejo o preparar una operación no tiene que ser reportado.

 

 

D. Reportes sobre operaciones de dinero en efectivo

 

Los países deberían considerar los beneficios que podrían  obtener  al exigir que se reporten  todas las operaciones de dinero en efectivo que sobrepasen un valor umbral determinado.70  No es obligatorio, sin embargo, que un país tenga ese tipo de requisito. Los reportes sobre operaciones de dinero en efectivo tienen consecuencias significativas con respecto a los recursos y la privacidad que los países necesitan tener en cuenta al considerar el asunto. Cada país o jurisdicción establece su propio umbral de reportes, basándose en su propia situación. Por ejemplo, Estados Unidos exige

 

 

67    Id., Nota interpretativa de la Rec. 16.

68    Id., Rec. 16, párrafo b.

69   Id., Rec. 16, párrafo c.

70    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 19.

 

 

 

que las instituciones financieras registren y reporten a las autoridades competentes todas las operaciones que comprendan dinero o instrumentos al portador superiores a $10.000.71

Otros países exigen reportes en niveles semejantes. Dichos umbrales pueden ser establecidos por ley, o mediante reglamentación bajo la autoridad  del organismo de supervisión correspondiente del gobierno. Según la situación de un país, dichos requisitos también pueden aplicarse a las actividades y profesiones no financieras, como los casinos, los anticuarios, los concesionarios de automóviles, los abogados, los contadores, o cuando se pagan compras de un valor importante con dinero en efectivo.

Las autoridades competentes deben tener mucho cuidado al determinar el nivel umbral  de un  país. Éste debe ser suficientemente alto como para detectar ope­ raciones insignificantes, pero también  tan  bajo como  para detectar operaciones potencialmente  relacionadas con el delito financiero. Además, los países podrían añadir excepciones a las exigencias sobre los reportes en el caso de operaciones donde éstos son onerosos para el sistema y no sirven mucho para asegurar el cumplimiento de la ley.

Asimismo, algunas entidades presentan un bajo riesgo de estar implicadas en el lavado de activos y, por lo tanto, pueden reunir las condiciones para ser incluidas dentro de estas excepciones. Entre estas entidades se incluyen los gobiernos, ciertas instituciones financieras o empresas que lógicamente se supone están libres de la corrupción, y clientes que realizan operaciones frecuentes y de grandes sumas de dinero, debido a la naturaleza de sus negocios. Dichas excepciones deberían ser revisadas regularmente para determinar si todavía son adecuadas. Esto debe hacerse como regla general y en el caso de algunas entidades, bajo circunstancias específicas.

 

1.  Operaciones múltiples de dinero en efectivo

Las exigencias con respecto a los reportes sobre operaciones de dinero en efectivo también se aplican a las operaciones múltiples realizadas en un solo día, una práctica llamada smurfing. Si el monto consolidado de la operación sobrepasa el umbral de reportes establecido, las instituciones financieras deben reportar toda la serie de operaciones.72 Esta protección contra el smurfing (por el cual muchas operaciones individuales que comprenden múltiples cuentas en una  institución  financiera logran llevarse a cabo justo por  debajo del umbral de reportes de un país) es un elemento fundamental de los esfuerzos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los

 

 

 

71    Ver, por ejemplo, Ley del secreto bancario de Estados Unidos (1970).

72    Debida diligencia de los clientes para los bancos, del Comité de Basilea (disposición 16).

 

 

 

delincuentes y los terroristas, obviamente, recurren a sus propias medidas para evitar ser detectados por los programas de software. Esta es la razón por la cual es absolutamente importante  que las autoridades competentes empleen un análisis proactivo para detectar las actividades delictivas y de financiamiento del terrorismo.

Por supuesto, una operación también puede ser reportada como una ope­ ración sospechosa que no pasa la prueba de umbrales u operaciones múltiples. Por ejemplo, un solo depósito de 9.900 puede considerarse sospechoso, bajo diversas circunstancias, cuando el umbral de reportes de un país es de 10.000, porque indica una estructura de operaciones realizada por un cliente para eludir las exigencias sobre los reportes.

 

2.  Movimientos transnacionales

Los blanqueadores de dinero se dedican a hacer transferencias transnacionales de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador y bienes de gran valor, como un sistema para blanquear fondos. Es importante que los países establezcan un  mecanismo para  detectar cuándo  dichas transferencias de fondos son utilizadas con fines de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

Las autoridades deberían pensar en establecer un límite mínimo con res­ pecto a los reportes sobre los movimientos de dinero, otros instrumentos negociables y bienes de gran valor (es decir, metales preciosos o gemas). El movimiento extraño o sospechoso de tales bienes, su punto  de origen y su destino deberían reportarse al servicio de aduanas del país o a otras auto­ ridades correspondientes.73

 

3.  Técnicas modernas de administración del dinero

Las capacidades de supervisión de las instituciones financieras y los funcionarios públicos se han beneficiado de un menor empleo de las remesas de dinero en efectivo y divisas y un mayor uso de los cheques, las tarjetas de crédito, los depósitos directos y el registro de valores en el libro mayor. Estas operaciones dejan una huella escrita que es útil cuando se sospecha que ha habido una infracción y les permite a las autoridades competentes llevar a cabo las inves­ tigaciones. El éxito de éstas depende de un mantenimiento de registros exacto y completo. Por este motivo, se recomienda mucho el uso de estos métodos modernos de administración del dinero y transferencia de pagos.74

 

 

 

73    Las cuarenta recomendaciones, Rec. 19.

74    Id., Recs. 20 y 28.

 

 

 

E. Equilibrio entre las leyes de confidencialidad y las exigencias de reportes y divulgación de información

 

Los reportes  sobre algún tipo  de información,  por  ejemplo, con respecto a las operaciones sospechosas y operaciones de dinero en efectivo, o la divulgación de registros realizados por parte de una institución financiera a una autoridad compe­ tente, comprenden necesariamente datos que, por regla general, se tratan de manera confidencial, bajo las leyes de privacidad y secreto bancario de un país.

Al exigir el reporte o divulgación de tales datos para fines de ALD y LFT, un país debe incluir las excepciones correspondientes  en sus leyes de privacidad o, de lo contrario,  autorizar  específicamente el reporte  y la divulgación con  esos fines limitados. El GAFI aconseja que las leyes de privacidad de la institución finan­ ciera sean redactadas de manera que no impidan la aplicación de ninguna de sus recomendaciones.75 Al mismo tiempo, un país necesita incorporar medidas de pro­ tección para asegurarse de que se respete la confidencialidad, excepto cuando las necesidades de políticas públicas, como las acciones judiciales por lavado de activos, sean mayores que la necesidad global de proteger la privacidad de la información financiera. Al garantizar la confidencialidad y privacidad en el plan global, un país evita el uso incorrecto de los reportes y divulgación.  Al hacer esto, el país promueve una cooperación absoluta y un reporte y divulgación adecuados por parte de las entidades y personas sujetas a dichas exigencias.

 

 

F.  Controles internos, cumplimiento y auditoría

 

Los países deberían exigirles a todas las instituciones financieras cubiertas por sus leyes de ALD y LFT que establezcan y mantengan políticas y procedimientos internos para evitar que sus instituciones sean utilizadas para fines de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.76   Las políticas y procedimientos  internos  pueden variar de una institución a la otra y entre los diversos tipos de instituciones; sin embargo, todos deberían considerar el tamaño, el alcance y la naturaleza de las operaciones de la institución.

Los procedimientos  internos comprenden  un adiestramiento permanente  que mantenga a los empleados informados y al día sobre los avances con respecto al ALD y la LFT. La capacitación ofrecida a los empleados debe: 1) describir la naturaleza y los procesos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; 2) explicar las leyes de ALD/LFT y las exigencias reglamentarias; y 3) explicar las políticas y los sistemas

 

 

 

75    Id., Recs. 4 y 28.

76    Id., Rec. 15.

 

 

 

de una institución con respecto a las exigencias de los reportes sobre actividades sospechosas, haciendo hincapié en la identificación del cliente, la debida diligencia y las exigencias de los reportes.

Además, las instituciones financieras deberían investigar a los postulantes a un empleo para verificar si tienen la intención de usar sus instituciones para blanquear el dinero y/o financiar el terrorismo.77

Se recomienda que cada institución financiera nombre a un funcionario, a nivel administrativo, que garantice el cumplimiento de las leyes ALD/LFT.78  Dicho funcio­ nario ayuda a asegurarse que se dedique la atención administrativa adecuada a los esfuerzos de cumplimiento de la institución.

La función de auditoría también forma parte de las políticas y procedimientos internos que deben ser establecidos. Esta función debería ser independiente de la función administrativa de cumplimiento, con el fin de poner a prueba y asegurarse de la aceptabilidad de la función de cumplimiento, en términos generales.79

 

 

G. Regulación y supervisión. Estándares de integridad

 

Las consideraciones precedentes tratan  de las medidas preventivas de ALD y LFT que las autoridades nacionales deberían aplicar a las instituciones financieras y a ciertas actividades y profesiones no financieras designadas. No es suficiente que las autoridades nacionales impongan estos requisitos en la legislación. Los países deben tomar medidas para asegurarse que en la práctica se cumplan estos requisitos. Como es el caso de muchos otros elementos de los estándares internacionales, el alcance de la regulación y supervisión debería basarse en el riesgo que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo representan para la institución en cuestión. El marco establecido por los organismos que fijan los estándares contempla diferentes tipos de regulación y supervisión para:

 

•   Instituciones que se rigen por los Principios Centrales

•   Otras instituciones financieras; y

•   Actividades y profesiones no financieras designadas.

 

Las recomendaciones sobre la regulación y supervisión con respecto a los están­ dares de integridad de Las cuarenta recomendaciones se analizan en detalle en el Capí­ tulo 5.

 

 

 

77    Id.

78    Id., Nota interpretativa de la Rec. 15.

79    Id.

 

 

 

H. Personas jurídicas y estructuras jurídicas

 

Los países deberían tomar medidas para impedir el uso ilícito de personas jurídicas por  parte  de los lavadores de activos y aquéllos que  financian el terrorismo.80

Como parte de esas medidas se debería contar con información adecuada, precisa y oportuna sobre los beneficiarios finales y el control de las personas jurídicas que las autoridades competentes puedan obtener o a las que puedan acceder sin demora. Además, los países que tengan personas jurídicas autorizadas a emitir acciones al portador deberían tomar medidas apropiadas para asegurar que dichas acciones no sean empleadas incorrectamente para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.81

Los países también deberían tomar medidas para impedir el uso ilícito de fidei­ comisos y otras estructuras jurídicas similares por parte de los lavadores de activos y aquellos que financian el terrorismo.82  Dichas medidas preventivas deberían incluir el acceso a información sobre los fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios de estos tipos de estructuras jurídicas.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80    Id., Rec 33.

81    Id.

82    Id., Rec 34.

83    Id.

 

 

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