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BANCO MUNDIAL Notas interpretativas de Las cuarenta recomendaciones

Notas interpretativas de Las cuarenta recomendaciones

 

Generales

 

1.    Las referencias que en este documento se hace a los “países” se deben considerar aplicables igualmente a “territorios” o “jurisdicciones”.

 

2.    Las Recomendaciones 5­16 y 21­22 requieren que las instituciones financieras y las demás actividades y profesiones no financieras designadas deban realizar determinadas acciones. Estas referencias exigen que los países adopten medi­ das que obliguen a las instituciones financieras y las demás actividades y pro­ fesiones no financieras designadas a cumplir con cada Recomendación. Las obligaciones básicas de las Recomendaciones 5, 10 y 13 deberían incluirse en una ley o reglamentación, en tanto que los elementos más detallados de esas Recomendaciones así como las obligaciones previstas en otras Recomendaciones, podrían ser exigidos por ley o reglamentación o por algún otro medio coercitivo emitido por autoridad competente.

 

3.    Cuando se hace referencia a que una institución financiera esté convencida con respecto a un asunto, esa institución debe ser capaz de justificar su evaluación a las autoridades competentes.

 

4.    Para cumplir con las Recomendaciones 12 y 16 no es necesario que los países dicten leyes o reglamentaciones que se relacionen exclusivamente con abogados, notarios, contadores o contables y las demás actividades y profesiones no finan­ cieras designadas, en tanto estas actividades o profesiones estén incluidas en las leyes o reglamentaciones que cubren a las actividades subyacentes.

 

 

 

5.    Las Notas interpretativas aplicables a las instituciones financieras también son relevantes para las actividades y profesiones no  financieras cuando  corres­ ponda.

 

Recomendaciones 5, 12 y 16

 

Los umbrales señalados para las operaciones (bajo las Recomendaciones 5 y 12) son los siguientes:

 

•      Instituciones financieras (para clientes ocasionales conforme a la Recomenda­

ción 5). US$/€15.000.

•      Casinos, incluidos los casinos por Internet (conforme a la Recomendación 12).

US$/€3.000.

•      Para comerciantes dedicados a la compraventa de metales preciosos y piedras preciosas, en el caso de operaciones en efectivo (conforme a la Recomendaciones

12 y 16). US$/€15.000.

 

Las operaciones financieras por encima del umbral señalado incluyen situaciones en las que la operación se lleva a cabo en una sola operación o en varias operaciones que parezcan relacionadas.

 

Recomendación 5

 

 

Debida diligencia respecto del cliente y advertencia

 

1.    Si cuando se entabla relación con un cliente o en el curso de esa relación, o cuando se realizan operaciones ocasionales, una institución financiera sospecha que una operación se relaciona con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, entonces la institución debería:

 

a.  tratar de identificar y verificar normalmente  la identidad del cliente y del beneficiario final, sea permanente u ocasional, y sin tener en cuenta cualquier exención u otro umbral señalado que pudiera aplicarse en otro caso.

b.  Hacer un ROS a la UIF, de acuerdo con la Recomendación 13.

 

2.    La Recomendación 14 prohíbe a las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados, difundir que un ROS o información relacionada ha sido reportada a la UIF. Existe el riesgo de que se advierta a los clientes, sin intención de hacerlo, cuando la institución financiera está tratando de cumplir con sus obligaciones del procedimiento  de debida diligencia respecto de sus clientes (DDC) en esas circunstancias. Si el cliente estuviera advertido de un ROS

 

 

 

o investigación, se podrían comprometer los futuros esfuerzos de investigar la operación sospechada de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

3.    Por tanto, si las instituciones financieras tuvieran una sospecha de que ciertas operaciones se relacionan con el lavado de activos o el financiamiento  del terrorismo, deberían tomar en cuenta el riesgo de advertir al cliente cuando se está llevando a cabo el procedimiento de debida diligencia. Si la institución creyera razonablemente que llevando a cabo el procedimiento  de DDC se advertirá al cliente o cliente potencial, podrá optar por no realizar ese procedimiento, y debería presentar un ROS. Las instituciones deberían asegurarse de que sus empleados sepan y estén sensibilizados a estas cuestiones cuando realizan una DDC.

 

 

DDC respecto de personas y estructuras jurídicas

 

4.    Cuando se lleven a cabo los elementos (a) y (d) del procedimiento de debida diligencia en relación con personas jurídicas o estructuras jurídicas, las insti­ tuciones financieras deberían:

 

a.  verificar si una persona que supuestamente actúa en nombre del cliente está autorizada para hacerlo, e identificar a esa persona;

b.  identificar al cliente y verificar su identidad ­ los tipos de medidas que se necesitarían normalmente para cumplir satisfactoriamente con esta función demandarían obtener pruebas de su constitución u otra constancia similar de la situación legal de la persona jurídica o estructura jurídica, así como información relativa al nombre del cliente, los nombres de los fiduciarios, la forma legal, domicilio, directores y cláusulas relativas a la capacidad de obligar a la persona jurídica o estructura jurídica;

c.  identificar al beneficiario final, hasta llegar a comprender la estructura de propiedad y control y tomar medidas razonables para verificar la identidad de esas personas. Los tipos de medidas que se necesitarían normalmente para cumplir satisfactoriamente con esta función requieren identificar a las personas físicas que tengan una participación significativa o de control e identificar a las personas físicas que constituyen la cabeza y la gestión de la persona jurídica o estructura legal. Cuando el cliente o el propietario de la participación significativa o de control  sea una sociedad anónima cuyos títulos se cotizan en bolsa, que por ley debe cumplir con requisitos de divulgación, no es necesario intentar identificar y verificar la identidad de ningún accionista de esa sociedad.

 

La información o los datos relevantes se podrán obtener de un registro público, del cliente o de otras fuentes confiables.

 

 

 

Confiabilidad en la identificación y verificación realizadas anteriormente

 

5.    Las medidas de DDC expuestas en la Recomendación 6 no implican que las instituciones financieras tengan que identificar y verificar repetidas veces la identidad de cada cliente cada vez que un cliente realiza una operación. Una institución puede usar confiadamente la información y verificación obtenidas en procedimientos efectuados anteriormente, salvo que tenga dudas acerca de la veracidad de esa información. Entre los ejemplos de situaciones que podrían generar tales dudas en una institución, se encuentran los casos en que surge una sospecha de lavado de activos en relación con ese cliente, o cuando se produce una variación importante en la forma en que se opera la cuenta de ese cliente que sea incompatible con el perfil comercial de éste.

 

 

Oportunidad de la verificación

 

6.    Entre los ejemplos de los tipos de circunstancias en las que se podría permitir que la verificación se complete después de establecida la relación comercial, porque sería esencial para no interrumpir  el curso normal de la actividad, se incluyen los siguientes:

 

•   negocios que se hacen sin la presencia física de las partes;

•   operaciones en valores. En la industria de los valores, es posible que las compañías y los intermediarios se vean en la necesidad de realizar opera­ ciones muy rápidamente, de acuerdo con las condiciones del mercado en el momento en que el cliente se pone en contacto con ellos y la realización de la operación puede ser necesaria antes de que esté completa la verificación de la identidad.

•   el negocio de los seguros de vida. En relación con el negocio de los seguros de vida, los países pueden permitir que la identificación y verificación del beneficiario de la póliza se termine después de haber establecido la relación comercial con el titular de la póliza. Sin embargo, en todos esos casos la identificación y verificación deberían hacerse para la fecha o antes de la fecha de pago o para la fecha en que el beneficiario se propone ejercer derechos adquiridos bajo la póliza.

 

7.    También será necesario que las instituciones financieras adopten procedimientos en relación con la gestión de riesgos con respecto a las condiciones en las que un cliente puede utilizar la relación comercial antes de la verificación.

Estos procedimientos deberían incluir un conjunto de medidas, como limitar el número, los tipos y/o el monto  de las operaciones que se pueden realizar

 

 

 

y la vigilancia de operaciones grandes o complejas que se lleven a cabo fuera de las normas previstas para ese tipo de relación. Las instituciones financieras deberían consultar el documento de Basilea sobre DDC8  (cláusula 2.2.6) para obtener una guía específica sobre ejemplos de medidas de gestión de riesgos para negocios que no implican la presencia física de las partes.

 

 

Requisito de identificación de los clientes existentes

 

8.    Los principios establecidos en el Documento  de Basilea sobre DDC con res­ pecto a la identificación de los clientes existentes debería servir como pauta para aplicar los procedimientos de debida diligencia respecto del cliente a insti­ tuciones dedicadas a la actividad bancaria, y se podría aplicar a otras institu­ ciones financieras en los casos que corresponda.

 

 

Medidas de DDC simplificadas o reducidas

 

9.    La regla general es que los clientes deben  estar sujetos a toda  la serie de medidas de DDC, incluyendo el requisito de identificar al beneficiario final. Sin perjuicio de ello, hay circunstancias en las que el riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo  es menor, donde la identidad del cliente y del beneficiario final de un cliente es de dominio público, o cuando existen verificaciones y controles adecuados en otras áreas de los sistemas nacionales. En tales circunstancias, sería razonable que un país permita que sus instituciones financieras apliquen medidas de DDC simplificadas o reducidas al identificar y verificar la identidad del cliente y del beneficiario final.

10.   Entre los ejemplos en clientes a los que se les podrían aplicar medidas de DCC

simplificadas o reducidas se encuentran los siguientes:

 

•   Instituciones financieras. Cuando estén sujetas a requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo compatibles con las Recomendaciones del GAFI y estén supervisadas respecto del cumplimiento de esos controles.

•   Sociedades anónimas que cotizan sus títulos en bolsa y que por ley deben

cumplir con requisitos de divulgación.

•   Administraciones o empresas del gobierno.

 

 

 

8      “Documento de Basilea sobre DDC” se refiere al documento  que contiene una guía sobre procedimientos de Debida diligencia de los clientes para los bancos, emitida por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria en octubre de 2001.

 

 

 

11.   Las medidas de DDC simplificadas o reducidas también podrían aplicarse a los beneficiarios finales de cuentas agrupadas mantenidas por actividades o pro­ fesiones no financieras designadas, siempre que esas empresas comerciales o profesiones estén sujetas a requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo compatibles con las Recomendaciones del GAFI y estén sujetas a sistemas eficaces para vigilar y asegurar el cumplimiento de esos requisitos. Los bancos, además, deberían remitirse al documento de Basilea sobre DDC (cláusula 2.2.4), que establece una guía específica referente a situa­ ciones en las que una institución que mantiene una cuenta puede delegar en un cliente que sea un intermediario financiero profesional para realizar el pro­ cedimiento de debida diligencia respecto de sus propios clientes (es decir, los beneficiarios finales de la cuenta bancaria). Cuando corresponda, el Documento sobre DDC también podrían brindar una guía en relación con cuentas similares que llevan otros tipos de instituciones financieras.

 

12.   Las medidas de DDC simplificadas o reducidas también podrían ser aceptables para diversos tipos de productos u operaciones como las siguientes (sólo a título de ejemplo):

 

•   Pólizas de seguro de vida donde la prima anual no supera los US$/€1.000 o una prima única de no más de US$/€2.500.

•   Pólizas de seguro para planes de pensión si no hay cláusula de rescate y la póliza no se puede usar como garantía.

•   Un plan de pensión, jubilación o similar que prevea beneficios de retiro para los empleados, en los que los aportes se hacen por medio de deducciones de los salarios y las reglas del plan no permiten la cesión de la participación de un miembro bajo el plan.

 

13.   Los países también podrían  decidir si las instituciones financieras deberían aplicar estas medidas simplificadas solamente a los clientes de su propio país o permitirles aplicarlas a clientes de cualquier otro país que el país original con­ sidere que esté cumpliendo y ha implementado efectivamente las Recomenda­ ciones del GAFI.

Las medidas de DDC simplificadas no son aceptables en los casos en que se sospeche lavado de activos o financiamiento del terrorismo o a los que se apli­ quen escenarios de mayor riesgo específico.

 

Recomendación 6

 

Se alienta a los países a hacer extensivos los requisitos de la Recomendación 6 a las personas que ocupen funciones públicas destacadas en su propio país.

 

 

 

Recomendación 9

 

Esta Recomendación no se aplica a las relaciones de tercerización o agencia.

Esta Recomendación tampoco se aplica a las relaciones, cuentas u operaciones entre instituciones  financieras para  sus clientes. Esas relaciones se contemplan  en las Recomendaciones 5 y 7.

 

Recomendaciones 10 y 11

 

En relación con el negocio de seguros, se debe entender que la palabra “operación” se refiere al producto seguro en sí mismo, el pago de la prima y los beneficios.

 

Recomendación 13

 

1.     La referencia a actividad delictiva que aparece en la Recomendación 13 atañe a:

 

a. todos  los actos delictivos que  pudieran  constituir  un  delito  subyacente respecto del lavado de activos en el país, o

b.  como mínimo, a aquellos delitos que constituirían un delito subyacente de acuerdo con lo requerido por la Recomendación 1.

 

Se alienta enfáticamente a los países a que adopten la alternativa (a). Todas las operaciones sospechosas, incluyendo los intentos de operaciones, deberían ser reportadas cualquiera sea el monto de la operación.

 

2.    Al implementar la Recomendación 13, las instituciones financieras deberían reportar las operaciones sospechosas sin tener en cuenta si se piensa que tam­ bién involucran cuestiones fiscales. Los países deberían tomar en cuenta que, para desalentar a instituciones financieras de reportar  una operación sospe­ chosa, quienes se dedican al lavado de activos pueden aducir, entre otras cosas, que sus operaciones están relacionadas con cuestiones fiscales.

 

Recomendación 14 (advertencia)

 

Cuando los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes, y conta­ dores o contables que actúen como profesionales legales independientes traten de disuadir a un cliente de dedicarse a actividades ilícitas, esto no cuenta como adver­ tencia.

 

 

 

Recomendación 15

 

El tipo y alcance de medidas a tomar respecto de cada requisito establecido en la Recomendación deberían ser los apropiados teniendo en cuenta el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y el volumen del negocio.

Para las instituciones financieras, los dispositivos respecto de la gestión del cumplimiento deberían incluir la designación de un funcionario de cumplimiento con nivel gerencial.

 

Recomendación 16

 

1.     Corresponde a cada país determinar las cuestiones que deberían considerarse como  privilegio profesional legal o secreto profesional. Normalmente  esto cubriría la información que los abogados, notarios o profesionales jurídicos reciben de sus clientes o a través de ellos: (a) en el curso de la determinación de la posición legal de su cliente; o (b) en la tarea de defender o representar a ese cliente en algún procedimiento  judicial, administrativo, de arbitraje o mediación o en relación con el mismo. En los casos en que los contadores o con­ tables estén sujetos a la misma obligación de secreto o privilegio, tampoco se les exigirá que reporten operaciones sospechosas.

 

2.    Los países pueden permitir que sus abogados, notarios, profesionales jurídicos independientes, y contadores  o contables, envíen sus ROS a un  órgano  de autorregulación apropiado, siempre que haya formas de cooperación apropiadas entre estos órganos y la UIF.

 

Recomendación 23

 

No debe entenderse que la Recomendación 23 pretende que se introduzca un sistema de revisión periódica de las licencias de las participaciones mayoritarias de las instituciones financieras simplemente por motivos de lavado de activos, sino que enfatiza la conveniencia de examinar si los accionistas con el control de instituciones financieras (bancarias y no bancarias en particular) son adecuados desde el punto de vista del GAFI. En consecuencia, en los casos en que existan pruebas para verificar que los accionistas son adecuados (o “aptos y apropiados”), los supervisores deberían atender a su relevancia a los efectos del lavado de activos.

 

Recomendación 25

 

Al considerar la retroalimentación que se debe brindar, los países deberían tener en cuenta las Pautas del GAFI sobre Mejores Prácticas para Proporcionar Retroalimen­ tación a las Instituciones Financieras y Otras Personas Denunciantes.

 

 

 

Recomendación 26

 

Cuando un país haya creado una UIF, debería considerar solicitar ser miembro del Grupo Egmont. Los países deberían tener en cuenta la Declaración de Objetivos del Grupo Egmont, y sus Principios para el Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera para casos de lavado de activos. Estos documentos estable­ cen pautas importantes referentes al rol y a las funciones de la UIF y los mecanismos para el intercambio de información entre las UIF.

 

Recomendación 27

 

Los países deberían considerar la adopción de medidas, inclusive legales, a nivel nacional, que permitan a sus autoridades competentes que investigan casos de lavado de activos postergar o renunciar al arresto de sospechosos y/o embargo del dinero con el propósito de identificar a las personas involucradas en esas actividades o para reunir pruebas. Sin esas medidas se impide el uso de procedimientos como entrega vigilada y operaciones encubiertas.

 

Recomendación 38

 

Los países deberían considerar:

 

a.  establecer en sus respectivos países un fondo de decomiso de activos para depositar en él la totalidad o parte de los bienes decomisados, los que se utilizarán para garantizar el cumplimiento de la ley, salud, educación u otros fines adecuados;

b.  adoptar las medidas necesarias que les permitan compartir con otros países los bienes decomisados, en especial cuando el decomiso sea resultado directo o indirecto de un esfuerzo de acciones policiales coordinadas.

 

Recomendación 40

 

1.     A los efectos de esta Recomendación:

 

•   “Homólogas” se refiere a las autoridades que ejercen responsabilidades y funciones similares.

•   “Autoridad competente” se refiere a todas las autoridades administrativas y garantes del cumplimiento de la ley involucradas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo a la UIF y a los supervisores.

 

 

 

2.    Según el tipo de autoridad competente involucrada y la naturaleza y el propósito de la cooperación, pueden ser apropiados distintos canales para al intercambio de información. Entre los ejemplos de mecanismos o canales que se usan para intercambiar información se encuentran los siguientes: convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales, memorandos de entendimiento, intercambios con base en la reciprocidad, o por intermedio de los organismos internacionales o regionales apropiados. Sin embargo, esta Recomendación no tiene por objeto abarcar la cooperación en relación con la asistencia legal mutua  o la extra­ dición.

 

3.    La referencia al intercambio indirecto de información con autoridades extran­ jeras que no sean homólogas abarca las situaciones en que la información solicitada pasa de la autoridad extranjera a través de una o más autoridades nacionales o extranjeras antes de que la reciba la autoridad  solicitante. La autoridad competente que solicita la información siempre debe aclarar cuál es el propósito y en nombre de quién se la solicita.

 

4.    Las UIF deberían estar capacitadas para hacer consultas en nombre de homólogas extranjeras cuando sea pertinente para el análisis de operaciones financieras. Como mínimo, las consultas deberían incluir:

 

•   Búsqueda en sus propias bases de datos, las que deberían incluir información relacionada con reportes de operaciones sospechosas.

•   Búsqueda en otras bases de datos a las que tengan acceso directo o indirecto, incluyendo bases de datos de autoridades garantes del cumplimiento de la ley, bases de datos públicas, bases de datos administrativas y bases de datos disponibles comercialmente.

 

Cuando les esté permitido, las UIF también deberían ponerse en contacto con otras autoridades competentes e instituciones financieras para obtener infor­ mación relevante.

 

 

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