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DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Derechos sociales y económicos. Contenido esencial(1)
Jurisprudencia Referencia El reconocimiento de los derechos sociales y económicos implica (…) superar su concepción programática, perfeccionando los mandatos sociales de la Constitución, así como la obligación del Estado, en la cual se impongan metas cuantificables para garantizar la vigencia del derecho (José Luis Cascajo Castro. La tutela constitucional de los derechos sociales. Cuadernos y Debates Nº 5. Madrid. 1998, pág. 53).
Esta nueva visión de los derechos sociales permite reconocer, en su contenido esencial, principios como la solidaridad y el respeto a la dignidad de la persona, los que, a su vez, constituyen pilares fundamentales del Estado social de derecho. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJs.14 y 15 Derechos sociales y económicos. Principio de solidaridad
Jurisprudencia Referencia Es indubitable que en cualquier forma de vida comunitaria se hace necesario que esta se instaure y organice en relación con un fin compartido y cuyos logros, de alguna manera, alcancen a todos los que la conforman. De ahí que al percibirse los denominados derechos sociales como fines esenciales de toda comunidad política, se deduzca que toda persona o grupo intermedio tenga que regir sus relaciones coexistenciales bajo el principio de solidaridad. Exp. Nº 2016-2004-AA/TC, 05/10/2004, S1, FJ. 15 Derechos sociales y económicos. Noción de solidaridad
Jurisprudencia Referencia La solidaridad implica la creación de un nexo ético y común que vincula a quienes integran una sociedad política. Expresa una orientación normativa dirigida a la exaltación de los sentimientos que impulsan a los hombres a prestarse ayuda mutua, haciéndoles sentir que la sociedad no es algo externo, sino consustancial. Exp. Nº 2016-2004-AA/TC, 05/10/2004, S1, FJ. 15 Derechos sociales y económicos. Deberes derivados del principio de solidaridad
Jurisprudencia Referencia El principio de solidaridad promueve el cumplimiento de un conjunto de deberes, a saber:
a)     El deber de todos los integrantes de una colectividad de aportar con su actividad a la consecución del fin común. Ello tiene que ver con la necesidad de verificar una pluralidad de conductas (cargos públicos, deberes ciudadanos, etc.) a favor del grupo social.
b)     El deber del núcleo dirigencial de la colectividad política de redistribuir adecuadamente los beneficios aportados por sus integrantes; ello sin mengua de la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para alcanzar los fines sociales. Exp. Nº 2016-2004-AA/TC, 05/10/2004, S1, FJ. 15 Derechos sociales y económicos. Como deberes de solidaridad u obligación conjunta de la sociedad, individuos y el Estado
Jurisprudencia Referencia [L]a moderna concepción de los derechos sociales supone que no solo constituyen obligaciones de hacer del Estado, sino de toda la sociedad en su conjunto; por ello, la doctrina ha empezado a denominarlos deberes de solidaridad (...). Exp. Nº 2016-2004-AA/TC, 05/10/2004, S1, FJ. 22 [E]l reconocimiento de los derechos sociales como deberes de solidaridad sirve a su vez para que cada individuo dirija sus máximos esfuerzos a la obtención de aquellos bienes que representan sus derechos sociales, superando de este modo la visión paternalista que exige que la satisfacción de necesidades estéúnicamente en manos del Estado. Para este Tribunal, conseguir bienestar y un nivel de vida digno es un deber conjunto, tanto de la sociedad como del propio individuo y el Estado, pero no exclusivamente de este. Exp. Nº 2016-2004-AA/TC, 05/10/2004, S1, FJ. 24 Conseguir bienestar y un nivel de vida digno es un deber conjunto, tanto de la sociedad como del propio individuo y el Estado, pero no exclusivamente de este. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJs. 23 y 25 En una sociedad democrática y justa, la responsabilidad de la atención de los más necesitados no recae solamente en el Estado, sino en cada uno de los individuos con calidad de contribuyentes sociales. Es así como adquieren mayor sentido las sanciones jurídicas frente al incumplimiento de estos deberes [los derechos sociales y económicos]; por ejemplo, las sanciones que se imponen ante la omisión del pago de impuestos, pues justamente a través de ellos se garantiza la recaudación y una mayor disponibilidad presupuestal para la ejecución de planes sociales. Exp. Nº 2016-2004-AA/TC, 05/10/2004, S1, FJ. 23 Derechos sociales y económicos. Principio y deberes de solidaridad
Jurisprudencia Referencia La solidaridad implica la creación de un nexo ético y común que vincula a quienes integran una sociedad política. Expresa una orientación normativa dirigida a la exaltación de los sentimientos que impulsan a los hombres a prestarse ayuda mutua, haciéndoles sentir que la sociedad no es algo externo sino consustancial.
El principio de solidaridad promueve el cumplimiento de un conjunto de deberes, a saber:
a)     El deber de todos los integrantes de una colectividad de aportar con su actividad a la consecución del fin común. En esa orientación se alude a la necesidad de verificar una pluralidad de conductas (cargos públicos, deberes ciudadanos, etc.) a favor del grupo social.
b)     El deber del núcleo dirigencial de la colectividad política de redistribuir adecuadamente los beneficios aportados por sus integrantes; ello sin mengua de la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para alcanzar los fines sociales. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ.16 Derechos sociales y económicos. Dignidad como premisa del Estado social
Jurisprudencia Referencia La dignidad de la persona supone el respeto del hombre como fin en sí mismo, premisa que debe estar presente en todos los planes de acción social del Estado suministrando una base constitucional a sus políticas, pues en el Estado social el respeto a la dignidad se refiere esencialmente a lograr una mejor calidad de vida de las personas.
En razón de ello, en sede jurisdiccional ningún análisis puede desarrollarse sin verificar el respeto a la dignidad del hombre, tanto en la actuación del Estado como en la de los particulares. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ.17 Derechos sociales y económicos. Influencia del principio de dignidad
Jurisprudencia Referencia El principio de dignidad irradia en igual magnitud a toda la gama de derechos, ya sean los denominados civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, toda vez que la máxima eficacia en la valoración del ser humano solo puede ser lograda a través de la protección de las distintas gamas de derechos en forma conjunta y coordinada. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ. 19 Derechos sociales y económicos. Exigencia
Jurisprudencia Referencia Se hace necesaria la exigencia de los derechos sociales y económicos, también llamados derechos prestacionales, como la seguridad social, salud pública, vivienda, educación y demás servicios públicos, pues ellos representan los fines sociales del Estado a través de los cuales el individuo puede lograr su plena autodeterminación.
Debe entenderse, empero, que cuando se habla de exigencia, nos referimos al derecho de requerir que el Estado adopte las medidas adecuadas para el logro de fines sociales, pues no en todos los casos los derechos sociales son por sí mismos jurídicamente sancionables, al ser necesario el soporte presupuestal para su ejecución (...). Exp. Nº 2016-2004-AA/TC, 05/10/2004, S1, FJ. 9 Los derechos sociales, como la salud pública, no pueden ser exigidos de la misma manera en todos los casos, pues no se trata de prestaciones específicas, en tanto dependen de la ejecución presupuestal para el cumplimiento de lo exigido, lo contrario supondría que cada individuo podría exigir judicialmente al Estado un puesto de trabajo o una prestación específica de vivienda o salud en cualquier momento. En consecuencia, la exigencia judicial de un derecho social dependerá de factores tales como la gravedad y razonabilidad del caso, su vinculación o afectación de otros derechos y la disponibilidad presupuestal del Estado, siempre y cuando puedan comprobarse acciones concretas de su parte para la ejecución de políticas sociales. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ. 32 Los derechos sociales, como es el caso de la salud pública, no representan prestaciones específicas por sí mismas, pues dependen de la disponibilidad de medios con que cuente el Estado, lo que, sin embargo, de ninguna manera puede justificar la inacción prolongada (...) ya que ello devendría en una omisión constitucional. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ. 49 Derechos sociales y económicos. Necesidad de satisfacción mínima inmediata
Jurisprudencia Referencia Los derechos económicos y sociales no son meras normas programáticas de eficacia mediata, como tradicionalmente se ha señalado para diferenciarlos de los denominados derechos civiles y políticos de eficacia inmediata, pues justamente su mínima satisfacción representa una garantía indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos. De este modo, sin educación, salud y calidad de vida digna en general, mal podría hablarse de libertad e igualdad social, lo que hace que tanto el legislador como la administración de justicia deban pensar en el reconocimiento de los mismos en forma conjunta e interdependiente. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ. 11 Derechos sociales y económicos. Aplicación progresiva
Jurisprudencia Referencia Los derechos fundamentales económicos, sociales y culturales que, en tanto derechos subjetivos de los particulares y obligaciones mediatas del Estado, necesitan de un proceso de ejecución de políticas sociales para que el ciudadano pueda gozar de ellos o ejercitarlos de manera plena. Exp. Nº 1417-2005-AA 08/07/05, P, FJ. 13 Si bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales requiere un mínimo de actuación del Estado a través del establecimiento de servicios públicos, así como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que toda política social necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que estos derivan en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas constantes y eficaces para lograr progresivamente la plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad de la población. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ. 12 Tanto el derecho a la seguridad social como el derecho a la protección de la salud forman parte de aquellos derechos fundamentales sociales de preceptividad diferida, prestacionales, o también denominados progresivos o programáticos, positivizados orgánicamente por primera vez en la Constitución de Weimar de 1919. La ratio de dichas denominaciones estriba en que no se trata de derechos autoaplicativos; su vigencia y exigibilidad requiere de una participación protagónica del Estado en su desarrollo. Lejos del abstencionismo estatal que debe informar el correcto desenvolvimiento de los derechos que podrían denominarse de libertad, bajo la máxima “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” (parágrafo a), inciso 24), del artículo 2 de la Constitución), en el caso de los derechos sociales, la incidencia estatal no solo resulta recomendable, sino, en determinados casos, medular y obligatoria. En este correcto entendido, nuestra Constitución vincula de manera especial la actividad estatal con el progresivo desarrollo de los derechos a la seguridad social y a la protección de la salud. Exp. Nº 0011-2002-AI 10/06/02, P, FJs. 9 y 10 Derechos sociales y económicos. Eficacia plena
Jurisprudencia Referencia El reconocimiento constitucional de los derechos sociales y económicos no es suficiente para dotarlos de eficacia plena, pues su vinculación jurídica solo queda configurada a partir de su regulación legal, la que los convierte en judicialmente exigibles. Por ello, en la Constitución mantienen la condición de una declaración jurídica formal, mientras que la ley los convierte en un mandato jurídico aprobatorio de un derecho social. Exp. Nº 1417-2005-AA 08/07/05, P, FJ.14 Derechos sociales y económicos. Progresividad frente a la regresión en avances efectuados
Jurisprudencia Referencia [E]l concepto de progresividad no supone absoluta imposibilidad de regresión en los avances efectuados por el Estado en materia de derechos sociales, en la medida que ello quede plenamente justificado considerando atención a la totalidad de los recursos que disponga el Estado, y siempre que existan razones de interés social que así lo impongan. Exp. Nº 0001-2004-AI/TC, 27/09/2004, P, FJ. 55 [E]l concepto de progresividad constituye un concepto netamente objetivo y no subjetivo, motivo por el cual el análisis de las eventuales regresiones que en materia de seguridad social realice el Estado no pueden ser analizadas a la luz de un grupo de pensionistas no representativos de la situación que afronta el Estado en dicha materia. Exp. Nº 0001-2004-AI/TC, 27/09/2004, P, FJ. 56 Derechos sociales y económicos. Carácter no declarativo
Jurisprudencia Referencia Los derechos económicos, sociales y culturales (...) no deben aparecer como una mera declaración de buenas intenciones, sino como un compromiso con la sociedad dotado de metas claras y realistas. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ. 38 Derechos sociales y económicos. Como fines sociales del Estado
Jurisprudencia Referencia El Estado peruano, definido por la Constitución de 1993 presenta las características básicas de un Estado social y democrático de derecho, en el cual se requiere la configuración de dos aspectos básicos: la existencia de condiciones materiales mínimas para alcanzar sus presupuestos, y la identificación del Estado con los fines de su contenido social (...).
Este mínimo vital busca garantizar la igualdad de oportunidades en todo nivel social, así como neutralizar las situaciones discriminatorias y violatorias de la dignidad del hombre; por ello, el logro de estas condiciones materiales mínimas de existencia debe motivar la intervención del Estado y la sociedad de manera conjunta para la consecución de este fin.
Es ahí donde se hace necesaria la exigencia de los derechos sociales y económicos, también llamados derechos prestacionales, como la seguridad social, salud pública, vivienda, educación y demás servicios públicos, pues ellos representan los fines sociales del Estado a través de los cuales el individuo puede lograr su plena autodeterminación. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJs. 8, 9 y 10 Derechos sociales y económicos. Como facultades tuitivas para grupos en situación de desventaja
Jurisprudencia Referencia [Los derechos sociales y económicos son] facultades tuitivas dirigidas a favorecer a aquellos grupos humanos con características accidentales diferenciadas con relación a otros por factores culturales, o que se encuentran en situación de desventaja por razones económico-sociales, es decir, con una posición o ubicación depreciada en sus estándares de vida, no acordes con la dignidad humana. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ. 10 Derechos sociales y económicos. Como garantías del ciudadano
Jurisprudencia Referencia Los derechos sociales deben interpretarse como verdaderas garantías del ciudadano frente al Estado dentro de una visión que busca revalorar la eficacia jurídica de los mandatos constitucionales y, por ende, la vigencia de la Constitución. Exp. Nº 2945-2003-AA, 20/04/04, S1, FJ. 13 Artículo 4º.- PROTECCIÓN DEL NIÑO, MADRE, ANCIANO Y DE LA FAMILIA, PROMOCIÓN DEL MATRIMONIO
Artículo 5º.- UNIÓN DE HECHO. CONSECUENCIAS
Artículo 6º.- PATERNIDAD RESPONSABLE, DERECHOS Y DEBERES DE PADRES E HIJOS. IGUALDAD DE LOS HIJOS
Artículo 7º.- PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA SALUD, EL MEDIO FAMILIAR Y LA COMUNIDAD
Artículo 8 º.- CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Artículo 9º.- POLÍTICA NACIONAL DE SALUD
Artículo 10º.- EL DERECHO UNIVERSAL Y PROGRESIVO A LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 11º.- EL LIBRE ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SALUD Y PENSIONES
Artículo 12º.- LA INTANGIBILIDAD DE LOS FONDOS Y RESERVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 13º.- DERECHO A LA EDUCACIÓN. LIBERTAD DE ENSEÑANZA
Artículo 14º.- FINES Y CONTENIDO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Artículo 15 º.- RÉGIMEN DEL PROFESORADO. DERECHOS DEL EDUCANDO. PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIVADA.
Artículo 16º.- SISTEMA Y RÉGIMEN EDUCATIVO
Artículo 17º.- GRATUIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN
Artículo 18º.- RÉGIMEN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Artículo 19º.- RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA EDUCACIÓN
Artículo 20º.- COLEGIOS PROFESIONALES Y COLEGIACIÓN OBLIGATORIA
Artículo 21º.- PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
Artículo 22º.- DEBER Y DERECHO AL TRABAJO.
Artículo 23º.- ATENCIÓN PRIORITARIA DEL DERECHO AL TRABAJO. PROTECCIÓN DE LA MADRE, MENORES E  IMPEDIDOS QUE TRABAJAN. PROMOCIÓN DEL TRABAJO. EMPLEO PRODUCTIVO Y EDUCACIÓN  PARA EL TRABAJO
Artículo 24º.- DERECHO A LA REMUNERACIÓN
Artículo 25º.- JORNADA DE TRABAJO
Artículo 26º.- PRINCIPIOS DE LA RELACIÓN LABORAL
Artículo 27º.- PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO
Artículo 28º.- DERECHOS DE SINDICALIZACIÓN, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA
Artículo 29º.- PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA
 
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