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Derecho al debido proceso Procedimiento Administrativo

Tema Derecho al debido proceso  EXP. N.° 8865-2006-PA/TC
SubTema Procedimiento Administrativo  
Resolución N. º 08865-2006-PA/TC LIMA
Fecha de publicación 22/05/2007  
Caso MEGGA E.I.R.L MEGGA E.I.R.L.
Sumilla   
   
Los principios y derechos que conforman el debido proceso vinculan no sólo en el ámbito de los procesos judiciales, sino también en el ámbito de los procedimientos administrativos e, incluso, en los procedimientos que tienen lugar en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado. Desde tal perspectiva, el derecho al debido proceso también vincula las actuaciones de la autoridad en el procedimiento de ejecución coactiva (FJ 5).   
     
     
    SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
     
     
     
    En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 
     
     
     
    ASUNTO
     
     
     
    Recurso de agravio constitucional interpuesto por MEGGA E.I.R.L. contra la sentencia de la Tercera Sala Civil  de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 115, su fecha 9 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de amparo en autos.
     
     
     
     ANTECEDENTES
     
     
     
    Con fecha 23 de abril de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el objeto de que se deje sin efecto el embargo de su cuenta de ahorro, de fecha 20 de abril de 2004, por considerar que la lesiona en su derecho de defensa.
     
     
     
    Afirma la recurrente que la Municipalidad demandada le impuso la sanción N.º 01M212812, de 11 de febrero de 2002, con el argumento de haber efectuado modificaciones en un inmueble, sin autorización. Contra tal sanción interpuso recurso de reconsideración, el que fue declarado inadmisible y, posteriormente, presentó recurso de apelación, el que, a su vez, fue declarado improcedente. Sostiene que, a consecuencia de ello, la demandada inició el procedimiento coactivo, expediente N.º 33325-2001-SAT/24, y que, sin haber sido notificada, se ordenó el embargo de su cuenta bancaria, por el monto de S/. 4.605,04, lo que la afecta en sus derechos, al trabajo y de defensa.
     
     
     
    La demandada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía previa y afirma que la resolución sancionatoria fue debidamente notificada; asimismo, que en el procedimiento coactivo se notificó a la recurrente con la resolución de inicio de dicho procedimiento y de otras emitidas por el ejecutor.
     
     
     
    El Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 3 de mayo de 2005, declara improcedente la demanda por considerar que prescribió su derecho de tutela frente a la resolución sancionatoria,  agregando que el proceso de amparo no es la vía adecuada para tal pretensión. 
     
     
     
    La recurrida confirma la apelada por considerar que opera la prescripción.
     
     
     
    FUNDAMENTOS
     
     
     
    1.      El objeto del presente proceso consiste en que se deje sin efecto el embargo de su cuenta de ahorro, de fecha 20 de abril de 2004. Ello no obstante, la controversia en el presente proceso se plantea respecto a dos extremos. El primero concierne a la sanción N.º 01M212812, de 11 de febrero de 2002; el segundo, a la orden de embargo de la cuenta de ahorro de la recurrente.
     
     
     
    2.      Las instancias precedentes han abordado exclusivamente el primer extremo señalado y considerado respecto al mismo que ha operado la prescripción, de modo que la demanda resulta improcedente. La recurrente ha precisado, tanto en su recurso de apelación como en el de agravio constitucional, que no es tal el extremo que cuestiona en el presente proceso, sino el referido al procedimiento de ejecución coactiva.
     
     
     
    3.      Centrado así el objeto del presente proceso, cabe señalar que la demanda satisface los requisitos de procedibilidad. Por una parte, ella ha sido interpuesta dentro del plazo establecido por el artículo 37 de la Ley N.º 23506, aplicable al momento de interponerse la demanda. En efecto, el embargo dispuesto por la demandada tuvo lugar el 20 de abril de 2004 y la demanda fue interpuesta el 23 de abril del mismo año. Por otra parte, en cuanto a la vía previa, es de aplicación la excepción establecida en el artículo 28, inciso 2, dado que el agotamiento de la misma puede ocasionar la irreparabilidad de la lesión, máxime cuando el acto cuestionado proviene de un procedimiento coactivo.
     
     
     
    4.      El problema que se plantea en el presente caso es determinar si, en el embargo de la cuenta de ahorro dispuesto en el procedimiento coactivo, se han lesionado o no los derechos al debido proceso y a la defensa de la recurrente.
     
     
     
    5.      La Constitución garantiza el derecho al debido proceso (artículo 139, inciso 3) y, por consiguiente, la observancia de los principios y derechos que lo conforman. Ahora bien, estos principios y derechos vinculan no sólo en el ámbito de los procesos judiciales, sino también en el ámbito de los procedimientos administrativos e, incluso, en los procedimientos que tienen lugar en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado. Desde tal perspectiva, el derecho al debido proceso también vincula las actuaciones de la autoridad en el procedimiento de ejecución coactiva. Este Tribunal ha sostenido al respecto que “las garantías del debido proceso son plenamente aplicables a los procedimientos administrativos, entre los cuales se encuentra el procedimiento de ejecución coactiva” (STC N.º 417-2005-AA, fundamento 3, in fine). Entre los elementos que componen el debido proceso es de particular relevancia el derecho a la defensa, debido a la característica sumarial y meramente ejecutiva del procedimiento de ejecución coactiva.
     
     
     
    6.      En el presente caso, la recurrente ha alegado que la orden de embargo de su cuenta de ahorro ha tenido lugar sin que la demandada le haya notificado el inicio del respectivo procedimiento coactivo. La demandada ha sostenido en su contestación que “dentro del procedimiento coactivo se cumplió con las notificaciones tanto de la resolución de ejecución coactiva, con que se da inicio al procedimiento así como las demás emitidas por el ejecutor” (fojas 62). Ello no obstante, la demandada no ha acreditado con ninguna documental que tales notificaciones se hayan efectuado, tal como señala.
     
     
     
    7.      La carga de la prueba respecto a la notificación de las resoluciones del procedimiento coactivo corresponde, en el presente caso, a la administración demandada. Resultaría un contrasentido exigir a la recurrente que pruebe que no fue notificada de dichas resoluciones. Por el contrario, si se trata de establecer el que tales notificaciones hayan tenido lugar o no, la prueba sólo puede proceder de la demandada, sobre todo si ha afirmado que se han realizado tales notificaciones. En consecuencia, el onus probandi recae sobre la demandada. 
     
     
     
    8.      La demandada, empero, no ha acreditado que se haya efectuado la notificación de las resoluciones del procedimiento coactivo y, por consiguiente, no ha acreditado que no se haya afectado el derecho al debido proceso ni el derecho de defensa. En consecuencia, de autos resulta que no se ha notificado a la recurrente de las resoluciones del procedimiento coactivo, omisión que lesiona su derecho a un debido proceso, al no haber precedido un procedimiento de cuya existencia estuviese la recurrente debidamente enterada, y lesiona su derecho de defensa, debido a que la ausencia de notificación de las resoluciones del procedimiento coactivo le han ocasionado un estado de indefensión, contrario a sus intereses.
     
     
     
    Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
     
     
     
    HA RESUELTO
     
     
     
    1.      Declarar FUNDADA la demanda de amparo.
     
     
     
    2.      Ordenar al Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima que, de inmediato, oficie a la entidad bancaria donde se dispuso el embargo de la cuenta de ahorros de la demandante para que dicha medida sea levantada.
     
     
     
    3.      Declarar infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa.
     
     
     
    Publíquese y notifíquese.
     
     
     
     
     
    SS.
     
     
     
    ALVA ORLANDINI
     
    BARDELLI LARTIRIGOYEN
     
    MESÍA RAMÍREZ
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