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Derecho a la propiedad Límites

Tema Derecho a la propiedad EXP. N.° 906-2004-AA/TC
SubTema Límites AREQUIPA
Resolución N.º 0906-2004-AA/TC JOSÉ SALOMÓN 
Fecha de publicación 31/08/2004 LINARES CORNEJO    
Caso José Salomón Linares Cornejo  
Sumilla  SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En concordancia con las normas internacionales de derechos humanos y constitucionales, se ha resaltado que los límites al derecho de propiedad sólo pueden establecerse por la Constitución y la ley. Por lo tanto, resulta inconstitucional que a través de cualquier otra norma jurídica se trate de establecer límites a dicho derecho (FJ 10 y 11).  
    En Lima, a los 5 días mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia  
     
    ASUNTO
     
    Recurso extraordinario interpuesto por don José Salomón Linares Cornejo contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 495, su fecha 28 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
     
    ANTECEDENTES
     
    El recurrente, con fecha 7 de mayo de 2001, interpone acción de amparo, en representación de Mabel Karina Gamarra León y Norka Liseth Gamarra León, contra la Aduana de Mollendo-Matarani y el Jefe del Departamento de Técnica Aduanera, a fin de que, aplicándosele la normatividad vigente, se le permita la nacionalización de dos vehículos marca Nissan Civilian de año de fabricación 1992, conforme ha sucedido con otros vehículos de iguales características, e inmovilizados desde el 1 de marzo de 2001 por funcionarios de la Aduana, a pesar de que el 13 de abril del año 2000 la empresa supervisora Bureau Veritas dio su conformidad para el ingreso de los vehículos a Ceticos Matarani; alega la violación de sus derechos constitucionales a la igualdad, a la propiedad, al trabajo y de petición.
     
    Los demandados deducen la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, aduciendo que el demandante inició, antes de la interposición de la demanda, procedimientos administrativos con el objeto que se efectúe una inspección ocular, que se le aclare los fundamentos de hecho de la inmovilización, que se anule la medida y que se le permita dar término al trámite de nacionalización. Contestando la demanda, sostienen que los vehículos cuya nacionalización se solicita no cumplen con las características establecidas en el Decreto Legislativo N.° 843, en el Decreto Supremo N.° 100-96-EF, en el Decreto Supremo N.° 016-96-MTC, en la Circular N.° 46-33-94-ADUANAS/INTA y en la Circular N.° 46-33-96-ADUANAS/INTA.
     
    El Juzgado Especializado Civil de Islay, con fecha 28 de febrero de 2003, declaró fundada la excepción propuesta, e improcedente la demanda.
     
    La recurrida confirmó la apelada, estimando que el demandante interpuso la demanda de forma prematura.
     
    FUNDAMENTOS
     
    1.      Mediante acta de fecha 1 de marzo de 2001, la Aduana de Mollendo inmovilizó los vehículos Nissan Civilian. Al haberse ejecutado la medida en la misma fecha, no era obligatorio el agotamiento de la vía administrativa, conforme al inciso 1) del artículo 28° de la Ley N. ° 23506.
     
    De otro lado, tal como se ha expresado en el caso Henry Nicolás Mendoza Ramos, Exp. N.° 0112-2004-AA/TC, por el hecho que el recurrente haya interpuesto tres recursos contra el acta de inmovilización, no puede exigírsele que agote totalmente la vía administrativa para poder interponer la demanda de amparo. En tales casos, bastará con verificar si la demanda ha sido interpuesta antes de que haya vencido el plazo de caducidad previsto en el artículo 37° de la Ley N. ° 23506, computado desde la fecha en que se ejecutó la medida.    
     
    Dado que la demanda fue interpuesta el 7 de mayo de 2001, y atendiendo a que la inmovilización se produjo el 1 de marzo de 2001, el plazo de caducidad de 60 días hábiles no había vencido, por lo que corresponde evaluar el fondo del asunto. 
     
    2.      Asimismo,  debe tenerse en cuenta que con fecha 24 de mayo de 2001, la Aduana de Mollendo, mediante Resolución N. ° 145145/2001-000100, declaró improcedente la nacionalización de los vehículos y dispuso su reembarque; decisión contra la cual el demandante solicitó –dentro del presente proceso– una medida cautelar de suspensión del reembarque, que fue concedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa.
     
    3.      Por tanto, y atendiendo al principio de economía procesal, este Colegiado también se pronunciará sobre la decisión de la Aduana de Mollendo de no nacionalizar los vehículos y disponer su reembarque. 
     
    4.      La decisión de inmovilizar los vehículos y, posteriormente, de no nacionalizarlos y ordenar su reembarque, se fundamenta en la aplicación de las Circulares N.° 46-33-94-ADUANAS/INTA, del 20 de octubre de 1994 y  N.° 46-33-96-ADUANAS/INTA, del 6 de diciembre de 1996.
     
    5.      La primera Circular dispone que: “(...) se consideran vehículos automóviles para el transporte colectivo de personas a los vehículos PROYECTADOS para transportar un mínimo de diez (10) personas incluido el conductor (...) Por tanto, sólo es procedente contabilizar los asientos planificados por el fabricante, sin considerar aquellos habilitados supletoriamente, así como los rebatibles o plegables que ocupan el espacio reservado al acceso de los pasajeros.”
     
    6.      La segunda Circular establece que: “Para la importación de vehículos automotores para el transporte de carga y pasajeros con capacidad no mayor de (24) con motores diesel cuya antigüedad deberá no ser mayor de (8) años, es de plena aplicación las instrucciones contenidas en la Circular N.° 46-33-94-ADUANAS/INTA publicada el 20.10.94”.
     
    7.      Al respecto, debe precisarse que a tenor de los artículos 1° del Decreto Legislativo N.º 843 y 1° del Decreto Supremo N.° 100-96-EF, a la fecha de los hechos se podía importar vehículos automotores para el transporte de carga y pasajeros con capacidad mayor de veinticuatro pasajeros y con una antigüedad no mayor de ocho años. Sobre la base de estas disposiciones, la empresa supervisora Bureau Veritas (fojas 49 y 50), verificando que los vehículos materia del proceso tenían una capacidad de veinticinco pasajeros, dio su conformidad para el ingreso de estos a Ceticos Matarani para su acondicionamiento.
     
    8.      Como puede apreciarse, estas últimas normas no establecen el requisito adicional de la Circular N.° 46-33-94-ADUANAS/INTA del año 1994 sobre el cómputo de los asientos, sino que se refieren a la capacidad de pasajeros, estableciendo que debe ser mayor de veinticuatro pasajeros; condición que cumplieron los vehículos, conforme a la verificación de la empresa supervisora.
     
    9.      En el presente caso, la cuestión principal consiste en determinar si la decisión de la Aduana de Mollendo de no nacionalizar los vehículos y ordenar su reembarque, en aplicación de las Circulares mencionadas que contemplan requisitos adicionales sobre el cómputo de asientos no considerados en el Decreto Legislativo N. º 843, constituye un límite constitucionalmente legítimo al derecho de propiedad del demandante.
     
    10.  A tenor de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y al artículo 15° de la Ley N.° 25398, que disponen que la interpretación de los derechos que la Constitución reconoce se realizan de conformidad con los tratados de Derechos Humanos, se desprende que, en concordancia con los artículos 70° de la Constitución y 21.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el ejercicio, uso y goce del derecho de propiedad sólo puede ser limitado  por ley.
     
    11.  En el presente caso, el demandante importó sus vehículos ajustándose a lo que dispone el Decreto Legislativo N. º 843 y su modificatoria, de modo que las limitaciones establecidas por la aplicación de las Circulares, el 1 de marzo del 2001, que impiden la nacionalización de los vehículos del demandante, que fueron internados en Ceticos Matarani en abril del año 2000 para su acondicionamiento, no cumplen con la exigencia constitucional de que sólo mediante ley o norma de igual jerarquía se puede limitar el ejercicio, uso y goce del derecho de propiedad. En consecuencia, se ha vulnerado tal derecho del demandante.
     
    Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere
     
    HA RESUELTO
     
    1.      Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicables al demandante las Circulares N.° 46-33-94-ADUANAS/INTA; N.° 46-33-96-ADUANAS/INTA y la Resolución de Intendencia N.° 145145/2001-000100, mediante la cual se le impide la nacionalización de sus dos vehículos marca Nissan Civilian.
     
    2.      Ordena que se repongan las cosas al estado anterior de la violación y se proceda a continuar con el trámite regular para la nacionalización de los vehículos. 
     
    Publíquese y notifíquese.
     
    SS.
     
    BARDELLI LARTIRIGOYEN
    GONZALES OJEDA
    GARCÍA TOMA
     
     
     
     
     
     
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