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Derecho a la propiedad Derecho a la propiedad - debido proceso

Tema Derecho a la propiedad EXP. N° 7060-2006-PA/TC
SubTema Derecho a la propiedad - debido proceso LIMA
Resolución N. º 07060-2006-PA/TC MARIA MAGDALENA
Fecha de publicación 25/05/2007 RIVERA DE RUIZ
Caso María Magdalena Rivera de Ruiz y otro Y OTRO
Sumilla   
   
El derecho a un debido proceso, como condición previa para que la administración puede incidir o intervenir en el derecho de propiedad del administrado, constituye una garantía de éste sin cuya observancia se produce una lesión tanto del derecho al debido proceso como, también, en el plano sustantivo, del derecho de propiedad (FJ 4). RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
    Lima, 26 de marzo de 2007.
     
     
    VISTO
     
    El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Magdalena Rivera de Ruiz y Santiago Alfonso Ruiz Pajares contra la sentencia emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 1001, su fecha 27 de abril de 2006, que declara infundada a demanda de autos; y,
     
    ATENDIENDO
     
    1. Con fecha 14 de abril de 2003 los recurrentes interponen demanda de amparo contra el Alcalde de la Municipalidad de San Isidro, el ejecutor coactivo y el auxiliar coactivo de dicho municipio, con el objeto que se declare inaplicable la Resolución Directoral N° 2860 2002-26-DDU/MSI, así como los actos anteriores y posteriores, incluyendo el que ordena la demolición del departamento de su propiedad mediante proceso coactivo, debiendo disponerse su inmediata suspensión por considerar que lesiona sus derechos al debido proceso, a la legitima defensa e igualdad ante la ley, y a la inviolabilidad de domicilio. Los recurrentes afirman que mediante los escritos de fecha 10 de febrero de 2003 y 3 de marzo de 2003, pidieron se suspenda la ejecución forzada de demolición de su propiedad hasta que el alcalde resuelva su recurso de nulidad, oposición y suspensión (de fecha 23 de diciembre de 2002) y cumpla con seguir el proceso administrativo pertinente dándoles la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y hacer uso de los medios impugnatorios que la ley acuerda, alegando que contra su apartamento 302 no se ha seguido proceso alguno ni se les ha notificado con los seguidos por Edgar Carrión Sablich.
     
    2. La Municipalidad demandada afirma que ha habido un proceso administrativo en contra del anterior propietario Edgar Martín Carrión Sablich en el cual se le ordena la paralización de las obras de construcción y demolición de las obras antirreglamentarias por padecer de deficiencias insalvables. Agrega que los reclamos efectuados por los nuevos adquirientes de los apartamentos irregularmente construidos han sido acumulados al expediente de Carrión Sablich, dándosele el trámite correspondiente, por lo que los demandados sí tuvieron conocimiento de dicho proceso administrativo y que la defensa de los intereses del enajenante y de los adquirientes de los departamentos estuvo a cargo del mismo abogado.
    3. En primera instancia se declara fundada en parte la demanda por considerar que la actividad impugnatoria fue realizada por el anterior propietario y que con la adquisición del inmueble se había producido una sucesión procesal por lo que la municipal emplazarlos desde que comenzó la ejecución.
     
    4. La recurrida revocó la apelada y reformándola la declara infundada por considerar que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso por cuanto no se ha acredítalo que al momento e iniciarse el procedimiento administrativo por la construcción de obras sin licencia, la autoridad edil conocía que los ahora demandantes habían adquirido la Propiedad.
     
    5. La Constitución establece que solo los conflictos en relación a los derechos fundamentales de la persona humana permiten su solución a través de los procesos constitucionales considerados dentro de la concepción del proceso de urgencia.
     
    6. El derecho de propiedad si bien es un derecho fundamental de toda persona no faculta a ninguna a desconocer las atribuciones que la Ley de Municipalidades y otras leyes que reconocen a los municipios como personas jurídicas de derecho público llamadas a ordenar la vida social dentro de su respectivo territorio.
     
    7. Que los actos de la administración están revestidos de la autoridad que emana del ente público competente por lo que éstos actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, lo cual coloca al actor en una situación diferente, en grado, a la que se enfrenta cuando demanda contra la conducta de un particular. Quien invoque la ilegitimidad debe alegar y probar todo lo pertinente, lo cual se refleja en la imposición al impugnante de la carga probatoria. También aquí debe repararse en que los actos administrativos gozan de ejecutoriedad, esto es, la facultad de la administración para disponer por sí su cumplimiento.
     
    8. En el presente caso los demandantes afirman ser propietarios de un inmueble constituido por terreno y construcción respecto del cual el concejo municipal de la zona correspondiente, dentro del procedimiento administrativo regular, ha dispuesto la demolición de la obra por no haber recabado previamente a la construcción la correspondiente licencia que necesariamente todo particular está obligado a obtener.
     
    9. En consecuencia la temática traída al proceso constitucional entraña no solo la necesidad de prueba suficiente que lleve a considerar sin duda alguna que los recurrentes tienen la titularidad que alegan sino también que los actos de la administración se han dado dentro de un proceso administrativo seguido contra quien aparece en el Registro de Catastro no solo como titular del derecho de propiedad sino como el infractor frente a la municipalidad por haber construido el aludido bien sin la licencia correspondiente.
     
    10. Que siendo todo esto así se evidencia que el recurrente pretende cuestionar un acto administrativo, situación que corresponde ser discutida a través del proceso contencioso administrativo, en el que las partes puedan conseguir la actuación de todos los medios de pruebas típicos, atípicos y sucedáneos permitidos en el derecho procesal moderno. Es decir el conflicto en cuestión requiere necesariamente una etapa probatoria de amplitud que el proceso constitucional de urgencia no tiene.
     
    11. Por estas consideraciones la demanda debe ser declara improcedente según lo establecido en el inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional.
     
    Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú,
     
    RESUELVE
     
    1.      Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.
     
    Publíquese y notifíquese.
     
     
    SS.
    GONZALES OJEDA
    VERGARA GOTELLI
    MESIA RAMIREZ
     
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