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Derecho a la propiedad Amenaza

Tema Derecho a la propiedad EXP. N.º 5567-2006-AA/TC
SubTema Amenaza LIMA
Resolución N.º 05567-2006-PA/TC WILFREDO JOSÉ
Fecha de publicación 13/08/2007 CHINO LANCHIPA
Caso Wilfredo José Chino Lanchipa  
Sumilla   
  SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La orden judicial en un proceso penal por delito de usurpación no puede sino pronunciarse sobre la perturbación o afectación de este derecho, restituyendo en su ejercicio a quien resulte agraviado. Ello sin embargo, no puede ser alegado como amenaza del derecho de propiedad garantizado constitucionalmente (FJ 11-12).  
    En Lima, a los 16 días del mes de agosto del 2006, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma presidente; Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia
     
    ASUNTO
     
                Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilfredo José Chino Lanchipa contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 128, su fecha 25 de agosto de 2005, que declaró improcedente la demanda de autos.
     
    ANTECEDENTES
     
                Con fecha 15 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales de la Sala Penal de Tacna, con el objeto que se declare la nulidad de la resolución de fecha 13 de julio de 2004, expedida en el proceso penal 210-2003. Alega una vulneración de los derechos al debido proceso, y de defensa y amenaza al derecho de propiedad.
     
                Según refiere, el Primer Juzgado en lo Penal de Tacna le abrió proceso por los delitos de Daños y Usurpación – Alteración de linderos (artículo 200, inciso 1, del Código Penal), siendo luego acusado por el delito de Usurpación en la modalidad de Despojo por abuso de confianza (artículo 200, inciso 2, del Código Penal). Sostiene que tales hechos vulneran el derecho al debido proceso, específicamente el derecho de defensa, puesto que, alegándose la aplicación del principio de determinación alternativa, se le habría sentenciado según una modalidad delictiva de la que no pudo defenderse, al no haberse consignado en el auto apertorio de instrucción.
     
                Igualmente arguye que el Juez violó el principio de prohibición de la reforma peyorativa, puesto que pese a que el Ministerio Público no interpuso medio impugnatorio, el Juez de segunda instancia ordenó la restitución del inmueble materia de litis sin percatarse de que el recurrente es el único propietario del predio en cuestión.
     
                La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con fecha 20 de diciembre de 2004, se apersona al proceso y absuelve el traslado de la demanda, solicitando que la misma se declare improcedente o infundada por considerar que la resolución cuestionada fue emitida dentro de un proceso regular. Aduce asimismo que no se ha aplicado la reforma peyorativa “sino que dicho pronunciamiento debe constituir una consecuencia de la pena impuesta por el A-quo, más aún cuando el Fiscal Superior (Titular de la acción penal)  es de igual opinión en su dictamen (...)”. De igual modo señala que la restitución es una consecuencia lógica de la pena por delito de Usurpación, y que los magistrados de segunda instancia “(...) tenían la obligación de otorgarle eficacia a la sentencia ya impuesta por el A-quo, aplicando la norma jurídica pertinente, aunque esta no haya sido invocada por el impugnante en su Recurso de Apelación (...)”.
     
                Con fecha 25 de febrero de 2005, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna declara improcedente la demanda por considerar  que la acción de amparo no es la vía idónea para contradecir un proceso judicial llevado a cabo con todas las garantías y que por tanto se respetaron  las garantías del derecho al debido proceso y el derecho de defensa.
     
    La recurrida confirma la apelada por estimar que si bien el Juez de primera instancia, al expedir sentencia, declaró al recurrente de un delito por el cual no se formuló denuncia, la imputación se realizó aplicando elprincipio de determinación alternativa. Argumenta también que dado que la sentencia fue impugnada por el agraviado don Elfren Raúl Liendo Liendo, tampoco se advertía la existencia de la reforma peyorativa.Finalmente, respecto a la amenaza del derecho de propiedad, recuerda que “(...) en el proceso penal de usurpación se persigue la sanción penal para el infractor o infractores que ilícitamente ha(n) desposeído de la posesión a quien la detentaba lícitamente, no siendo materia de discusión en aquel proceso lo pertinente al derecho de propiedad que esgrime el amparista, cuyo derecho en todo caso se encuentra expedido en vía civil (...)”.
     
    FUNDAMENTOS
     
    I.                   Petitorio
     
    1.      Fluye de autos, que mediante el presente proceso se pretende la nulidad de la sentencia de fecha 13 de julio de 2003 expedida en el proceso penal seguido en su contra y signado con el N.º 210-2003. Se argumenta que con la referida sentencia se ha vulnerado los derechos al debido proceso, concretamente el derecho de defensa, y que se amenaza el derecho de propiedad, toda vez que pese a ser el único propietario del predio en cuestión se ha ordenado la restitución del mismo al supuesto agraviado del delito de Usurpación.
     
    2.      Este Tribunal considera que las cuestiones que deben analizarse en el presente caso son las siguientes:
     
    a)      Si se ha vulnerado el derecho al debido proceso, concretamente el derecho de defensa, mediante la sentencia que condena al recurrente por un delito por el cual no se abrió instrucción.
    b)      Si se ha vulnerado el derecho al debido proceso, al trasgredirse la prohibición de la reforma peyorativa, por cuanto se habría empeorado la situación del recurrente en segunda instancia a pesar de que el Ministerio Público no habría interpuesto recurso de apelación.
    c)      Si existe amenaza al derecho de propiedad del recurrente por cuanto la sentencia de segunda instancia ordena la restitución de dicho bien.
     
    II.                Cuestiones de Fondo
     
    ii.1. Sobre la supuesta vulneración del debido proceso
     
    3.      Según se desprende de la sentencia cuestionada y de los escritos del recurrente, el proceso penal cuestionado fue instruido por los delitos de Daños y Usurpación en la modalidad de destrucción o alteración de linderos, tipificado en el inciso 1) del artículo 202 del Código Penal, delito que se configura cuando el inculpado, teniendo la intención de arrogarse la posesión de todo o parte de un inmueble, destruye o altera sus linderos.
     
    4.      No obstante que se instruyó todo el proceso por la comisión del delito de Usurpación en la modalidad antes descrita, el Ministerio Público invocó otra modalidad del delito de Usurpació, i.e. la referida a la comisión del delito por medio de violencia, amenaza o abuso de confianza, tipificado en el inciso 2) del mismo artículo 202 de Código Penal.
     
    5.      El recurrente estima que el hecho de que se lo haya acusado y sentenciado por una modalidad distinta del delito de Usurpación por la que inicialmente fue denunciado e instruido el proceso, vulnera su derecho al debido proceso, específicamente el derecho de defensa.
     
    6.      No obstante, respecto de este extremo, las propias instancias judiciales han dejado establecido que en el caso de autos “(...) se debe tener muy en cuenta que de los fundamentos de la denuncia fiscal originaria en folio 96 dentro del relato factual se pronuncia respecto al despojo imputado al procesado. Consecuentemente, se advierte clara conexidad objetiva y subjetiva por identidad de sujetos, identidad de la cosa y causa; no se afecta el derecho de defensa puesto que el centro de gravedad de la actividad investigatoria ha girado precisamente respecto a la possesio [,] la cual actualmente no es ejercida por el agraviado” (fundamento 5 de la sentencia de primera instancia).
     
    7.      En este sentido, la instancia de mérito ha concluido que en el caso de autos “no obstante haberse aperturado instrucción bajo el art. 202.1 CP, merced a Determinación Alternativa de los Hechos permitida por nuestro sistema penal conforme a reiterada y uniforme jurisprudencia nacional y extranjera, es procedente el juzgamiento conforme al numeral expuesto en el 8vo. Fundamento, reiterando que no existe afectación al derecho de defensa pues hay identidad de sujetos, causa y cosa, i (sic) además no se trata de delito de mayor gravedad o punición”.
     
    8.      En base a lo expuesto por las propias instancias penales, coincidente además con el dictamen acusatorio del propio titular de la acción penal obrante a fojas 16, este Colegiado encuentra que en el caso de autos la desvinculación del auto apertorio de instrucción, que en el presente caso se denuncia como violación al derecho de defensa no es tal, en la medida en que ésta se encuentra debidamente justificada por la sentencia de mérito y ha logrado su cometido, esto es, no retrasar el pronunciamiento sobre el fondo puesto que se trata del mismo hecho denunciado, respecto de la misma persona y, además, dicha desvinculación no ha significado para el inculpado ninguna posibilidad de agravamiento de la sanción penal. Ello es así, toda vez que para ambos tipos penales, esto es, tanto el supuesto del inciso 1) como,del inciso 2) del artículo 202 del Código Penal, la pena prevista es la misma. En consecuencia, este extremo de la pretensión debe desestimarse.
     
    ii.2. Supuesta violación del principio de prohibición de la reforma peyorativa
     
    9.      En otro extremo de su demanda, el recurrente también ha cuestionado que en la sentencia de segunda instancia, “pese a que no interpuso medio impugnatorio el representante del Ministerio Público a la sentencia que disponía la imposibilidad jurídica de restituir la posesión el predio al agraviado”, la Sala “revoca y reforma la sentencia ordenando la restitución del inmueble materia de litis al agraviado, sin tener en cuenta que el recurrente es propietario con derecho inscrito desde el 28 de agosto de 2000 en la Oficina Registral de Tacna”.
     
    10.  Respecto de este argumento, a fojas 41 de autos consta el recurso de apelación del agraviado Elfren Raúl Liendo Liendo, en cuyo fundamento cuarto cuestiona precisamente el que el Juez Penal, en la sentencia de mérito, haya declarado “la imposibilidad jurídica de restitución del predio sub materia, sin indicar los motivos”. En consecuencia, la Sala, respondiendo este extremo del recurso de apelación y, reformando la apelada, dispuso que el sentenciado “restituya la posesión del inmueble materia de juzgamiento a favor del agraviado”.
     
    En consecuencia, también en este extremo carece de sustento el argumento  puesto que el mandato de la Sala no “empeora” la situación de éste, sino en todo caso, lo que hace es ejecutar la consecuencia jurídica del delito de usurpación, esto es, el restituir en el goce del derecho de posesión a quien ha sido excluido del mismo mediante la acción delictiva sancionada.
     
    ii.3. Sobre la supuesta amenaza al derecho de propiedad
     
    11.  Finalmente, el recurrente ha sostenido que la medida en que la resolución judicial cuestionada ha ordenado la restitución al agraviado de la posesión del predio materia del proceso penal, se estaría también consumando una amenaza real de su derecho de propiedad sobre el mismo.
     
    12.  Sobre este extremo, el recurrente no ha precisado la forma en que dicha amenaza resulta inminente en el caso de autos, limitándose a sostener que ello ocurriría como consecuencia de la restitución en el ejercicio del derecho de posesión ordenada por la segunda instancia en el referido proceso.
     
    No obstante, como es fácil percatarse, la orden judicial en un proceso penal por delito de usurpación no puede sino pronunciarse sobre la perturbación o afectación de este derecho, restituyendo en su ejercicio a quien resulte agraviado, como ha ocurrido en el caso de autos. Ello sin embargo, no puede ser alegado como amenaza del derecho de propiedad garantizado constitucionalmente.
     
    Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
     
    HA RESUELTO
     
    Declarar INFUNDADA la demanda de autos
     
    Publíquese y notifíquese.
     
     
    SS.
     
    LANDA ARROYO
    GONZALES OJEDA
    ALVA ORLANDINI
    BARDELLI LARTIRIGOYEN
    GARCÍA TOMA
    VERGARA GOTELLI
    MESÍA RAMÍREZ
     
     
     
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