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Derecho a la libertad de tránsito Límites

Tema Derecho a la libertad de tránsito  EXP. N.º 2508-2005-PHC/TC
SubTema Límites  
Resolución N. º 2508-2005-HC/TC LIMA
Fecha de publicación 19/04/2006  
Caso Sergio Augusto Lucero Gonzales SERGIO AUGUSTO 
Sumilla   
Se desarrolla diversos supuestos referidos a las restricciones explícitas en el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito. También se hace referencia a las restricciones implícitas, precisando que éstas a diferencia de las explícitas resultan mucho más complejas en cuanto a su delimitación (FJ 5-10).  LUCERO GONZALES
     
     
     
     
     
    SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
     
     
     
    En La Oroya, a los 17 días del mes de mayo de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
     
     
     
    I. ASUNTO
     
     
     
    Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sergio Augusto Lucero Gonzales contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 157, su fecha 2 de noviembre de 2004, que declara infundada la demanda de autos.
     
     
     
    II. ANTECEDENTES 
     
     
     
    1.      Demanda
     
     
     
    Con fecha 5 de noviembre de 2003, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra doña Eduviges Peña de Block, solicitando que cese la vulneración de sus derechos a la libertad personal y a la libertad de tránsito.
     
     
     
    La demanda se funda en lo siguiente:
     
     
     
    -         El demandante es copropietario de un bien inmueble que adquirió mediante contrato de compraventa, en el cual consta que el vendedor le hizo entrega de los derechos indivisos de condominio sobre el pasaje común. Asimismo, en la declaración de fábrica y reglamento interno de condominio se señala que el pasaje de ingreso común al condominio se constituye en servidumbre perpetua de paso, aires y luz a favor de las dos casas exteriores –una de las cuales le pertenece– y de las siete casas interiores, pactándose la indivisión forzosa del mismo.
     
     
     
    -         La demandada ha cambiado la chapa de la reja de seguridad del condominio, lo que le impide el uso de la parte del pasaje común del inmueble que le corresponde, con lo cual se está limitando su libertad de tránsito, puesto que se ve impedido de desplazarse al interior del pasaje y obligado a dejar en la calle su vehículo con el riesgo de sufrir un robo o daño material.
     
     
     
    2.      Investigación sumaria de hábeas corpus
     
     
     
    Con fecha 27 de abril de 2004, la titular del Trigésimo Sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima ordena la realización de la investigación sumaria de hábeas corpus. Para tal efecto, dispone que se reciba la declaración indagatoria tanto del demandante como de la demandada, y, adicionalmente, ordena que se practique una diligencia de constatación in situ.
     
     
     
    -         Con fecha 29 de abril de 2004, personal del Trigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima lleva a cabo la constatación in situ del inmueble. En dicha diligencia se confirma que existe una reja de seguridad en la entrada del condominio y que tiene una puerta pequeña que al momento de la constatación estaba abierta para que pudieran ingresar las personas que viven en el interior. Se observa, además, que el demandante no vive en el interior del condominio; pero que su casa colinda con el área de ingreso al mismo, sin que ninguna de las puertas de su propiedad dé hacia él.
     
     
     
    -         Con fecha 30 de abril del año 2004, se recibe la declaración indagatoria del demandante. Señala el demandante que la emplazada le impide hacer ejercicio de su derecho al libre tránsito, toda vez que, habiendo cambiado las chapas de la reja de seguridad, le impide el acceso a las áreas comunes del inmueble del cual es copropietario. Añade que incluso ha cursado carta notarial a la demandada para que le haga entrega de las llaves de la reja de acceso al pasaje en cuestión; pero que no ha obtenido respuesta.
     
     
     
    -         Con fecha 30 de abril de 2004, se recibe la declaración indagatoria de la demandada, quien sostiene no conocer a la persona del demandante y que sólo sabe que habita en la casa que colinda con el pasaje del condominio en que ella vive. Añade que el inmueble del demandante no tiene ninguna puerta por el lado colindante a la entrada del pasaje del condominio. Finalmente, declara que no hay portero ni persona encargada de las llaves de la reja de seguridad, razón por la cual cada propietario tiene sus propias llaves; y que por la puerta chica de la reja, que permanece abierta, entran libremente los mensajeros, carteros y vendedores.
     
     
     
    3.      Resolución de primera instancia
     
     
     
    Con fecha 10 de mayo de 2004, el Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima declara infundada la demanda argumentando que de todo lo actuado no se advierte la consumación o la inminente producción de actos de violación del derecho fundamental a la libertad personal o de algún otro derecho conexo.
     
     
     
    4.      Resolución de segunda instancia
     
     
     
    Con fecha 2 de noviembre de 2004, la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel de Lima confirma la apelada atendiendo a que no se advierte la presencia de actos de violación del derecho fundamental a la libertad personal o de otro derecho conexo, toda vez que el inmueble del recurrente no tiene ninguna puerta de ingreso que dé a las áreas comunes del condominio, y que, siendo así, las rejas de seguridad no le impiden el acceso a su propiedad.
     
     
     
    III. FUNDAMENTOS
     
     
     
    Aplicación inmediata del Código Procesal Constitucional
     
     
     
    1.      La Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional, vigente desde el 1 de diciembre de 2004, señala que “las normas procesales previstas en el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado”.En tal sentido, a efectos del pronunciamiento sobre este caso concreto, el Tribunal Constitucional aplicará el Código Procesal Constitucional, en virtud del principio de aplicación inmediata de las leyes y por no existir vulneración de los derechos procesales del demandante.
     
     
     
    Hábeas corpus restringido: objeto y alcances
     
     
     
    2.      En anterior pronunciamiento (cf. STC 2663-2003-HC/TC), este Tribunal ha establecido que el hábeas corpus restringido “se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, ‘se la limita en menor grado’. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.”. Dado que el objeto del hábeas corpus restringido consiste en atender, no aquellos supuestos en los cuales el derecho a la libertad personal es afectado totalmente, sino que procede en aquellos casos en que existe una restricción menor en la libertad física de la persona, se convierte en el instrumento idóneo para tutelar el derecho fundamental a la libertad de tránsito.  
     
     
     
    El derecho fundamental a la libertad de tránsito
     
     
     
    3.      El artículo 2.°, inciso 11, de la Constitución (también el artículo 25.°, inciso 6, del Código Procesal Constitucional) reconoce el derecho de todas las personas “(...) a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”. En esta disposición constitucional se busca reconocer que todo nacional o extranjero con residencia establecida pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta de que, en tanto que sujeto con capacidad de autodeterminación, tiene la libre opción de disponer cómo o por dónde decide desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, o simplemente salida o egreso del país. 
     
     
     
    4.      Sin embargo, el derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta en la facultad de toda persona para desplazarse, sin impedimentos, en las vías públicas. No obstante, como ha establecido este Colegiado (vid. STC 4453-2004HC/TC), si bien la libertad de tránsito suele manifestarse en tanto la persona se desplaza a través de autopistas, avenidas, calles, veredas, plazas, o vías con similar característica, ello no significa que dentro de espacios semiabiertos e, incluso, ámbitos de carácter particular, no puedan darse manifestaciones vinculadas al ejercicio de este derecho.
     
     
     
    Límites del derecho a la libertad de tránsito
     
     
     
    5.      Por otro lado, por mandato expreso de la propia Constitución, el derecho a la libertad de tránsito se encuentra sometido a una serie de restricciones en su ejercicio (cf. STC 2876-2005-PHC/TC). Dichas restricciones, por de pronto, pueden ser de dos clases: explícitas o implícitas. Las restricciones explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enunciados por el inciso 11 del artículo 2.° de la Constitución (mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad), como a supuestos de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137.° de la Constitución, referidos a los estados de emergencia y de sitio, respectivamente).
     
     
     
    6.      El primer supuesto explícito implica que ninguna persona puede ser restringida en su libertad individual, salvo que exista un mandato formal emitido por autoridad judicial. En dicho contexto, y aunque toda persona tiene la opción de decidir el lugar al cual quiere desplazarse y el modo para llevarlo a efecto, queda claro que cuando ella es sometida a un proceso, sus derechos, en buena medida, pueden verse afectados a instancias de la autoridad judicial que lo dirige. Aunque tal restricción suele rodearse de un cierto margen de discrecionalidad, tampoco puede o debe ser tomada como un exceso, ya que su procedencia, por lo general, se encuentra sustentada en la ponderación efectuada por el juzgador de que, con el libre tránsito de tal persona, no puede verse perjudicada o entorpecida la investigación o proceso de la que tal juzgador tiene conocimiento. En tales circunstancias no es, pues, que el derecho se torne restringido por un capricho del juzgador, sino por la necesidad de que el servicio de Justicia y los derechos que ella está obligada a garantizar, no sufran menoscabo alguno y, por consiguiente, puedan verse materializados sin desmedro de los diversos objetivos constitucionales.
     
     
     
    7.      El segundo supuesto, en parte advertido desde la propia idea de que el derecho de locomoción solo le corresponde a los nacionales o extranjeros con residencia establecida, supone que quien, sin pertenecer a nuestro Estado, pretende ingresar, transitar o salir libremente de su territorio, se expone a ser expulsado bajo las consideraciones jurídicas que impone la ley de extranjería. La justificación de dicho proceder se sustenta en que si bien los derechos fundamentales son reconocidos universalmente, cuando se trata de aquellos cuyo ámbito de ejecución trastoca principios esenciales, como la soberanía del Estado o la protección de sus nacionales, el ordenamiento jurídico, sobre la base de una equilibrada ponderación, puede hacer distingos entre quienes forman parte del mismo (del Estado) y aquellos otros que carecen de tal vínculo. En tales circunstancias, no es que se niegue la posibilidad de poder gozar de un derecho a quienes no nacieron en nuestro territorio o no poseen nuestra nacionalidad, sino que resulta posible o plenamente legítimo imponer ciertas reglas de obligatorio cumplimiento a efectos de viabilizar el goce de dichos atributos. Supuesto similar ocurre, en el ámbito de los derechos políticos, donde el Estado se reserva el reconocimiento y la obligación de tutela de derechos fundamentalmente para el caso específico o preferente de los nacionales, sin que con ello se vea perturbada o desconocida la regla de igualdad.
     
     
     
    8.      El tercer supuesto explícito tiene que ver con otra situación perfectamente justificada. Como resulta evidente, por razones de sanidad, también puede verse restringido el derecho de tránsito, esencialmente porque, en tal caso, de lo que se trata es de garantizar que el ejercicio de dicho atributo no ponga en peligro derechos de terceros o, incluso, derechos distintos de los derechos de la persona que intenta el desplazamiento. Tal contingencia, de suyo, podría ocurrir en el caso de una epidemia o grave enfermedad que pudiese detectarse en determinada zona o sector del territorio del país. En tales circunstancias, la restricción al derecho de tránsito se vuelve casi un imperativo que el ordenamiento, como es evidente, está obligado a reconocer y, por supuesto, a convalidar.
     
     
     
    9.      Un cuarto supuesto explícito, aunque este último de naturaleza extraordinaria, se relaciona con las situaciones excepcionales que la misma norma constitucional contempla bajo la forma de estados de emergencia o de sitio, y que suelen encontrarse asociados a causas de extrema necesidad o grave alteración en la vida del Estado, circunstancias en las que es posible limitar, en cierta medida, el ejercicio de determinados atributos personales, uno de los cuales es el derecho de tránsito o de locomoción. En dicho contexto, lo que resulta limitable o restringible no es el ejercicio de la totalidad del derecho o los derechos de todos los ciudadanos, sino de aquellos aspectos estrictamente indispensables para la consecución de los objetivos de restablecimiento a los que propende el régimen excepcional, para cuyo efecto ha de estarse a lo determinado por referentes tan importantes como la razonabilidad y la proporcionalidad.
     
     
     
    10.  Las restricciones implícitas, a diferencia de las explícitas, resultan mucho más complejas en cuanto a su delimitación, aunque no, por ello, inexistentes o carentes de base constitucional. Se trata, en tales supuestos, de vincular el derecho reconocido (en este caso, la libertad de tránsito) con otros derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, dentro de una técnica de ponderación, cuál de todos ellos es el que, en determinadas circunstancias, debe prevalecer.
     
     
     
    Análisis del caso concreto
     
     
     
    11.  Del mismo modo como se ha procedido en anterior oportunidad (vid. STC 3482-2005-HC/TC), conviene precisar que en el hábeas corpus restringido, si bien no está de por medio una medida de detención, no quiere ello decir que la discusión o controversia a dilucidar sea un asunto de mera constatación empírica. Por el contrario, en estos casos, como en otros similares, es tan importante verificar la restricción a la libertad que se alega como lo señalado por las partes que participan en el proceso, además de merituar las diversas instrumentales que puedan haber sido aportadas. Al margen de la sumariedad del proceso, es necesario evaluar con algún detalle lo que se reclama y el elemento probatorio con el que se cuenta. Ello, a efectos de tutelar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales (artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional)
     
     
     
    12.  Para este Colegiado, a excepción de los ámbitos de lo que constituye el dominio privado, todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas puede ser considerado una vía de tránsito público. Dentro de tales espacios (avenidas, calles, veredas, puentes, plazas, etc.), no existe, en principio, restricción o limitación a la locomoción de los individuos, esto es, no existe la necesidad de pedir autorización alguna ni ante el Estado ni ante particular alguno, pues se presume que la vía pública pertenece a todos y no a determinada persona o grupo de personas en particular.
     
     
     
    13.  En ese sentido, las vías de tránsito público sirven no solo para permitir el desplazamiento peatonal, sino para facilitar otros ámbitos de autodeterminación de la persona o el ejercicio de otros derechos fundamentales (trabajo, salud, alimentación, descanso, etc.), y, como tales, se constituyen en un elemento instrumental sumamente importante del cual depende la satisfacción plena o la realización de una multiplicidad de objetivos personales. Sin embargo, siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, pueden ser, en determinadas circunstancias, objeto de regulaciones y aun de restricciones. Cuando estas provienen directamente del Estado, se presumen acordes con las facultades que el propio ordenamiento jurídico reconoce en determinados ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las funciones de control de tránsito efectuadas por los gobiernos municipales); pero cuando provienen de particulares, existe la necesidad de determinar si existe alguna justificación sustentada en la presencia, o no, de determinados bienes jurídicos.
     
     
     
    14.  En el caso concreto, el demandante afirma que la emplazada le impide el libre tránsito al haber cambiado la chapa de la reja de seguridad. Sin embargo, consta en el acta de verificación del inmueble, de fecha 29 de abril de 2004 (f. 102), que “la demandante refiere que la puerta de ingreso se encuentra abierta[,] como se observa en este acto[,] y que todos salen e ingresan; (...) que por otra parte el accionante refiere que estacionaba su carro en el área de ingreso y que al cambiar el sistema de chapa le ha impedido su ingreso; que anteriomente tenía la llave (...)”. Por otro lado, obra también en autos (a fojas 9) copia cetificada de la constatación policial, de fecha 12 de mayo de 2005, en la cual se señala que “el inmueble inspeccionado cuenta con una reja de seguridad para ingreso y protección de los 7 propietarios de los inmuebles (...); cuenta asimismo con una puerta pequeña; esta puerta permanece abierta para el ingreso de las personas que tienen sus inmuebles en el interior[,] los cuales salen o ingresan libremente (...)”. Lo que también se aprecia en las fotografías que obran de fojas 11 a 14. De todo esto, este Colegiado advierte que, en el presente caso, no existe vulneración del derecho fundamental a la libertad de tránsito; lo que sí se evidencia, tanto de la demanda de hábeas corpus como de la declaración del demandante, es que el objeto de controversia está relacionado con el derecho que le asiste al demandante, como copropietario del bien inmueble, de hacer uso de un determinado espacio para estacionar su vehículo, lo que evidentemente no puede ser resuelto en un proceso constitucional de hábeas corpus. 
     
     
     
    IV. FALLO
     
    Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
     
     
     
    HA RESUELTO
     
     
     
    Declarar INFUNDADA la demanda.
     
     
     
    Publíquese y notifíquese.
     
     
     
    SS.
     
     
     
    ALVA ORLANDINI 
     
    BARDELLI LARTIRIGOYEN
     
    LANDA ARROYO
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