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Derecho a la libertad de tránsito Alcances

Tema Derecho a la libertad de tránsito  EXP. N.° 6976-2006-PHC/TC
SubTema Alcances  
Resolución 06976-2006-PHC/TC JUNÍN
Fecha de publicación 27/07/2007  
Caso Aurelio Beraún Reymundo y otros AURELIO BERAÚN 
Sumilla   
  REYMUNDO y OTROS
El derecho al libre transito además de comprender la posibilidad de desplazarse en función de las propias necesidades y aspiraciones personales, considerándose como una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, también se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de uso público tales como calles, carreteras o servidumbres de paso entre otros. Sin embargo su ejercicio debe realizarse respetando las normas y los derechos de otras personas (FJ 3 y 4).   
     
     
     
     
    SENTENCIA  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
     
     
     
    En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia.
     
     
     
     
     
    ASUNTO
     
     
     
    Recurso de agravio constitucional interpuesto por Luis Alberto Pacheco Mandujano, abogado de Aurelio  Beraún Reymundo, contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 120, su fecha 29 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos.
     
     
     
     
     
    ANTECEDENTES
     
     
     
    Con fecha 5 de abril de 2006 Aurelio Beraún Reymundo, Justo Velita Mauricio, Félix Torrecillas, Alfredo Suazo Zúñiga y Rafael Romaní Meza interponen demanda de hábeas corpus contra Gonzalo Párraga Camarena, Alcalde del distrito de Quichuay – Huancayo,  por violación de su derecho a la libertad de tránsito. Alegan los recurrentes que tal vulneración se materializa con la Ordenanza Municipal N.° 001-2006, expedida por el emplazado, la misma que dispone:
     
     
     
    “(...) aprobar la renta municipal por concepto de peaje por el uso del Pontón del Barrio la Esperanza ascendente a la suma de S/. 10.00 (diez con 00/100 nuevos soles) por eje de vehículos pesados, S/. 3.00 (tres con 00/100 nuevos soles) para camionetas y de S/. 1.00 (uno con 00/100 nuevos soles) para autos”. 
     
     
    Aducen los recurrentes que: i) la ordenanza no ha sido ratificada por el Concejo de la Municipalidad Provincial de Huancayo por considerar que el peaje no es un tributo y, ii) que la Municipalidad no cuenta con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para cobrar peaje, tal como lo regula el D.S. N.º 015-93-TCC; y que por ello la norma municipal cuestionada viola su derecho a la libertad de tránsito regulado por el artículo 2.11 de la Constitución.
     
    Durante la investigación sumaria se llevaron a cabo las diligencias ordenadas por el a quo. 
     
     
     
    El Juzgado Mixto de La Concepción, mediante resolución de fecha 5 de abril de 2006,  declara fundada la demanda por considerar que: i) de acuerdo a la normatividad vigente la autoridad competente para implantar el sistema de peajes es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; ii) que no existe vía alternativa para acceder al lugar; y, iii) que frente al no pago del peaje, el alcalde ha ordenado que se prohíba el pase de los vehículos extralimitándose en sus funciones.
     
     
     
    La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por considerar que el proceso constitucional de hábeas corpus no resulta la vía  idónea para resolver la controversia, toda vez que de acuerdo a ley, cuando las personas consideren afectados sus derechos por la existencia de tributos municipales, podrán acudir al INDECOPI o al Ministerio Público para buscar la solución del conflicto.
     
     
     
    FUNDAMENTOS
     
     
     
    §. Petitorio
     
     
     
    1.      Del análisis de autos se aprecia que el objeto de la demanda es que cese la violación del derecho a la libertad de tránsito de los recurrentes los cuales desean usar el Pontón del Barrio La Esperanza ubicado en el distrito de Quichuay – Huancayo.  En consecuencia, no se trata de un típico supuesto de detención arbitraria frente al que normalmente procede un hábeas corpus reparador, sino que se trata de un caso donde se cuestiona directamente restricciones a la libertad de tránsito o de locomoción, configurándose, entonces, un hábeas corpus de tipo restringido.  
     
     
    §. El objeto de protección del hábeas corpus restringido
     
     
     
    2.      Este Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente N.º 2663-2003-HC/TC, caso Eleobina Mabel Aponte Chuquihuanca, refiriéndose a los supuestos en que se habilita su procedencia, ha establecido que esta modalidad de hábeas corpus “(...) se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir que en tales casos pese a no privarse de la libertad al sujeto, “se le limita en menor grado”. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares, los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes, las reiteradas e injustificadas citaciones policiales, las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.”.
     
     
     
    §. Los alcances genéricos de la libertad de tránsito o derecho de locomoción 
     
     
     
    3.      El artículo 2º, inciso 11) de la Constitución regula el derecho fundamental a la libertad de tránsito. Esta facultad comporta el ejercicio del atributo de ius movendi et ambulandi. Es decir supone la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función de las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como la de ingresar o salir de él, cuando así se desee. Se trata en suma de un imprescindible derecho individual y de un elemento conformante de la libertad individual. Más aún deviene en una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, toda vez que se presenta como el derecho que tiene ésta para poder ingresar, permanecer, circular y salir libremente del territorio nacional. Sin embargo este derecho, como todos los demás, no es absoluto sino que tiene que ejercerse según las condiciones que cada titular del mismo posee y de acuerdo con las limitaciones que la propia Constitución y la ley establecen (Exp. N.º 2876-2005-HC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence).
     
     
     
    4.      Asimismo la facultad de desplazamiento que supone  el derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de uso público. En el primer supuesto el ius movendi et ambulandi se expresa en el tránsito por parques, calles, avenidas, carreteras, entre otros; en el segundo supuesto se manifiesta, por ejemplo, en el uso de las servidumbres de paso. Sin embargo, en ambas situaciones, el ejercicio de dicha atribución debe efectuarse respetando el derecho de propiedad y las normas derivadas del poder de Policía. 
     
     
     
    §. Análisis del caso concreto
     
     
     
    5.      Merituados los argumentos  de las partes, así como las instrumentales obrantes en el expediente, este Colegiado considera que la presente demanda resulta legítima por las siguientes consideraciones: a) independientemente de que el cuestionado peaje haya sido creado por una ordenanza municipal que no fue ratificada por el consejo provincial existe una cuestión de fondo que sí es importante tomar en cuenta, de acuerdo con el Decreto Ley N.º 25862, el órgano competente  de la  autorización y supervisión del Sistema de Peajes es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; asimismo, el Decreto Supremo N.º 015-93-TCC señala expresamente la prohibición del cobro de peaje que no cuente con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; b) en el caso de autos, el emplazado ha dictado una ordenanza municipal –mediante la cual crea el cobro de peaje por el uso del Pontón del Barrio La Esperanza–, cuya ejecución se ha producido sin la existencia previa de la autorización señalada precedentemente, toda vez que de las pruebas que obran en el expediente no se evidencia existencia alguna de resolución autoritativa; c) el alcalde emplazado ha dispuesto arbitrariamente que todo vehículo que no cumpla con el pago del peaje quede impedido de pasar, violando, en consecuencia, el derecho de libertad de tránsito de las personas ya que ésta es la única vía (tal como quedó sentado en el acta de constatación a fojas 18) que permite hacer uso del Pontón ubicado en el Barrio La Esperanza; d) en consecuencia, la decisión de la autoridad edil de crear un peaje deviene en ilegítima e irrazonable al haber sido tomada sin la competencia requerida y sin  cumplir con las formalidades prescritas expresamente por la ley, con lo que configurada la violación del derecho fundamental, es necesario que se produzca la restitución de su pleno ejercicio, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, y el artículo 3º del Código Procesal Constitucional. 
     
     
     
    Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 
     
     
     
    HA RESUELTO
     
     
     
    Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus; en consecuencia, ordenar la restitución del derecho a la libertad de tránsito de los recurrentes mediante el uso del Pontón del Barrio La Esperanza sin tener que pagar peaje; asimismo, se inaplique al caso concreto la Ordenanza N.º 001 de fecha 24 de enero de 2006, expedida por la Municipalidad Distrital  de Quichuay – Huancayo. 
     
     
     
    Publíquese y notifíquese.
     
     
     
     
     
    SS.
     
     
     
    GONZALES OJEDA
     
    VERGARA GOTELLI
    MESÍA RAMÍREZ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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