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Beneficios penitenciarios

Tema Derecho a la libertad personal  EXP. N.º 4220-2005-PHC/TC
SubTema Beneficios penitenciarios  
Resolución N.º 04220-2005-HC/TC PIURA
Fecha de publicación 5/4/2006  
Caso Freddy Hermes Panta Ginocchio FREDDY HERMES
SumillaSe precisa que los beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en los principios constitucionales de los fines de la pena, es decir, en la reeducación y la reinserción social; la prevención especial y el tratamiento; y, en los factores positivos en la evolución de la personalidad del recluso para individualizar la condena impuesta (FJ 3 y 4).  
    PANTA GINOCCHIO
     
     
     
     
     
    SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
     
     
     
    En  Lima, a los 8 días del mes de agosto de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
     
     
     
    I. ASUNTO
     
     
     
    Recurso de agravio constitucional interpuesto por Freddy Hermes Panta Ginocchio contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 30, su fecha 26 de mayo de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.
     
     
     
    II. ANTECEDENTES 
     
     
     
    1.      Demanda
     
     
     
    Con fecha 16 de mayo de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la titular del Séptimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, Elvira Rentería Agurto; y el especialista legal Manuel Graciano Ponte. 
     
     
     
    Sustenta su demanda en lo siguiente:
     
     
     
    -         En tres oportunidades la emplazada juez declaró improcedente su solicitud de beneficio penitenciario de semilibertad, de manera injusta e ilegal, basándose en un absurdo criterio de peligrosidad y violando el principio de igualdad ante la ley, pues mientras que a algunos sentenciados se los favorece, a otros se los discrimina.
     
     
     
    -          Presentó su solicitud de beneficio penitenciario de semilibertad con fecha 3 de marzo de 2005, el cual no fue atendido durante el mencionado mes pues el juez se encontraba de vacaciones. Por otra parte, el especialista legal Manuel Graciano Ponte retuvo maliciosamente su expediente, ocultándolo sin haberle comunicado de su existencia al Juez de turno.
     
     
     
    2.      Resolución de primera instancia
     
     
     
    Con fecha 18 de mayo de 2005, el Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Piura declara improcedente la demanda argumentando que el demandante, equivocadamente, ha invocado derechos que se encuentran protegidos expresamente por el amparo (igualdad ante la ley y a no ser discriminado), conforme a lo dispuesto en el artículo 37, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.
     
     
     
    3.      Resolución de segunda instancia
     
     
     
    Con fecha 26 de mayo de 2005, la recurrida confirma la apelada considerando que los beneficios penitenciarios forman parte de un tratamiento progresivo y que su concesión responde a la situación personal y particular de cada interno, razones por las cuales no se otorgan automáticamente a quienes estén en iguales circunstancias.
     
     
     
    III. FUNDAMENTOS
     
     
     
    1.      En la sentencia 0010-2002-AI/TC, este Colegiado señaló que “en el Estado democrático de derecho, el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, conforme a nuestra Constitución Política (artículo 139, inciso 22), constituye uno de los principios del régimen penitenciario, lo cual, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados". 
     
     
     
    2.      Dicha  disposición constitucional, no por su condición de principio, carece de eficacia, ya que comporta un mandato expreso de actuación dirigido a todos los poderes públicos comprometidos con la ejecución de la pena, pero, singularmente, está destinado al legislador, ya sea en el momento de regular las condiciones de ejecución de las penas o en el momento de establecer el quántum de ellas. 
     
     
     
    3.      Entre estas condiciones de ejecución, se encuentra, desde luego, la posibilidad de que el legislador autorice la concesión de determinados beneficios penitenciarios, pues ello es compatible con los conceptos de reeducación y rehabilitación del penado. Por ello, el Tribunal Constitucional considera que estos principios suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador autorice que los penados, antes de que cumplan las penas que les fueron impuestas, recobren su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justificación de la pena privativa de libertad es, en definitiva, la protección de la sociedad contra el delito. Ello solo puede tener sentido “si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente, una vez liberado, no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo”. 
     
     
     
    4.      En efecto, si mediante los beneficios penitenciarios, como la libertad condicional o la semilibertad, se autoriza legalmente que la pena impuesta por un juez pueda eventualmente suspenderse antes de su total ejecución, tal autorización está condicionada a que los fines de la pena se hayan cumplido. Se ha dicho que los beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en los principios constitucionales de los fines de la pena, es decir, en la reeducación y la reinserción social; la prevención especial y el tratamiento, y en los factores positivos en la evolución de la personalidad del recluso para individualizar la condena impuesta, aplicando, de este modo, el principio de sentencia indeterminada y ofreciendo al penado estímulos gratificantes para que adopte modos de comportamiento que puedan valorarse como indiciarios de esa evolución positiva, cumpliendo las prescripciones de un programa de tratamiento individualizado.
     
     
     
    5.      Sin embargo, este Tribunal también ha señalado (cf. STC 1594-2003-HC/TC) que el otorgamiento de los beneficios pemitenciarios no está circunscrito únicamente al cumplimiento de los requisitos que el legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución de la condena. La determinación de si corresponde, o no, otorgar a un interno un determinado beneficio penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a verificar si este cumplió, o no, los supuestos formales que la normativa contempla (plazo de internamiento efectivo, trabajo realizado, etc.).
     
     
     
    6.      En el caso de autos, dado que el interno se encuentra privado de su libertad en virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si los fines del régimen penitenciario se han cumplido, de manera que corresponda reincorporar al penado a la sociedad, aun sin haber cumplido la totalidad de la condena impuesta, si es que este demuestra estar reeducado y rehabilitado. De modo que la concesión de un determinado beneficio penitenciario, como la libertad condicional o la semilibertad a favor de un interno, está condicionada a una evaluación judicial previa, consistente en analizar si el tratamiento penal brindado al condenado durante la ejecución de la pena permite prever que este está apto para ser reincorporado a la sociedad, precisamente por haber dado muestras, evidentes y razonables, de haberse reeducado y rehabilitado. 
     
     
     
    7.      En el caso concreto, el demandante afirma que se ha declarado improcedente, injusta e ilegalmente, su solicitud de beneficio penitenciario de semilibertad, toda vez que se le ha otorgado beneficio penitenciario a dos internos que han sido procesados y sentenciados por el mismo delito y se les ha impuesto la misma pena. Al respecto, este Colegiado debe señalar que el otorgamiento, o no, de un beneficio penitenciario se realiza en función de la situación personal y particular de cada interno, y no considerando como parámetro de comparación la situación de otros internos a quienes sí se les ha concedido el beneficio penitenciario solicitado; motivo por el cual no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del demandante. 
     
     
     
    IV. FALLO
     
     
     
    Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
     
     
     
    HA RESUELTO
     
     
     
    Declarar INFUNDADA la demanda.  
     
     
     
    Publíquese y notifíquese.
     
     
     
    SS.
     
     
     
    ALVA ORLANDINI 
     
    GONZALES OJEDA
     
    GARCÍA TOMA 
     
     
     
     
     
     
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