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Condiciones carcelarias

Tema Derecho a la libertad personal  EXP. N.° 0681-2007-PHC/TC
SubTema Condiciones carcelarias  
Resolución N.º 0681-2007-HC/TC LIMA
Fecha de publicación 18/09/2007  
Caso Ramón Castro Espinoza RAMÓN CASTRO 
Sumilla   
  ESPINOZA
El traslado de los internos de un establecimiento penal a otro no es en sí mismo un acto inconstitucional. De acuerdo a lo previsto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 654, Código de Ejecución Penal, el interno es ubicado en el Establecimiento que determina la Administración Penitenciaria (FJ 3-5).  
     
     
     
     
    SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
     
     
     
    En Arequipa, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 
     
     
     
    ASUNTO
     
     
     
    Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Torres Medrano a favor de don Ramón Castro Espinoza, contra la sentencia de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 163, su fecha 30 de octubre de 2006, que declara infundada la demanda de autos.
     
     
     
    ANTECEDENTES
     
     
     
    Con fecha 24 de julio de 2006, el accionante interpone demanda de hábeas corpus contra el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), don Pedro Ramón Salas Ugarte; el director general de la Región Norte de Chiclayo del INPE, don Elmer Walter Baca Clavo; y el director del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo I Picsi, don Calixto Yarlequé Paz, acusando violación y amenaza de violación de los derechos fundamentales del beneficiario a la libertad e integridad personal, del derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, y a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que se cumple el mandato de detención o la pena. Alega que, encontrándose purgando condena el favorecido en el Establecimiento Penitenciario de Picsi, en forma unilateral y arbitraria se dispuso su traslado al Establecimiento Penitenciario de Ancón Piedras Gordas, en represalia por los reclamos que hiciera ante la Administración, en su calidad de delegado, por los abusos que se venían cometiendo contra él y contra otros. Agrega que la medida impugnada se dispuso sin que existiera mandato judicial ni falta de su parte, por lo que interesa se declare fundada la demanda.
     
     
     
    Realizada la investigación sumaria, el beneficiario se ratifica en el contenido de la demanda y afirma que lo sacaron del pabellón en donde se encontraba sin darle explicaciones y sin ponerlo en conocimiento del penal de destino; agrega que nunca ha sido pasible de un parte disciplinario ni ha estado en un celda de castigo. De otro lado, el director del Establecimiento Penitenciario demandado señala que solamente ha cumplido la orden impartida por la Dirección de Tratamiento Penitenciario de Lima a través de la Resolución Directoral N.º 017-2006-INPE/07, decisión que no responde a una represalia, sino a una medida de seguridad adoptada respecto a dieciocho internos. Por otra parte, el director general de la Región Norte de Chiclayo del INPE refiere que el traslado se realizó debido a lo dispuesto en la resolución aludida y por la causal de regresión en el tratamiento penitenciario. Finalmente, el presidente del Instituto Penitenciario del INPE señala que el traslado cuestionado se sujeta a lo que determine  el Órgano Técnico Penitenciario.
     
     
     
    El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de Lima, con fecha 15 de setiembre de 2006, declara infundada la demanda por considerar que el traslado cuestionado obedeció a un procedimiento administrativo acorde con las funciones de la Administración Penitenciaria, lo que se explicita en la Resolución Directoral N.° 017-2006-INPE.
     
     
     
    La recurrida confirma la apelada por considerar, principalmente, que el traslado del beneficiario respondió estrictamente a razones de viabilidad de tratamiento y estrictamente de seguridad, tal como se señala en la Resolución Directoral N.° 017-2006-INPE.
     
     
     
    FUNDAMENTOS
     
     
     
    Delimitación del petitorio
     
     
     
    1.      El objeto de la demanda es que el Tribunal Constitucional disponga el traslado del favorecido, del Establecimiento Penitenciario de Ancón Piedras de Gordas, lugar donde se encuentra por disposición de la Autoridad, al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo I Picsi, lugar donde se encontraba purgando condena antes de la supuesta afectación de los derechos cuya tutela se solicita en los Hechos de la demanda. Con tal propósito se alega que no existe mandato judicial ni falta que motive tal decisión.
     
     
     
    Análisis del caso materia de controversia 
     
     
    2.      El artículo 25, inciso 17, del Código Procesal Constitucional prevé el denominado hábeas corpus correctivo, el que procede para tutelar “el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena”. Por tanto, este hábeas corpus procede ante actos u omisiones que comporten violación o amenaza del derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y, de manera muy significativa, del derecho al trato digno y a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes y del derecho a la visita familiar, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena (SSTC 0590-2001-HC/TC, 2663-2003-HC y 1429-2002-HC).
     
     
    3.      Al respecto, este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el caso Alejandro Rodríguez Medrano, expediente N.º 0726-2002-HC/TC, que “el traslado de los internos de un establecimiento penal a otro no es en sí mismo un acto inconstitucional. En efecto, tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades penitenciarias es la de prestar las debidas garantías para que no se afecte o lesione la vida, la integridad física y los demás derechos constitucionales que no hayan sido restringidos; [además que] “puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que esta se haya decretado judicialmente”, siendo requisito sine qua non, en cada caso concreto, que el cuestionado agravamiento respecto de las formas o condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sea ilegal o arbitrario.
     
     
    4.      El artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 654, Código de Ejecución Penal, establece que el interno “es ubicado en el Establecimiento que determina la Administración Penitenciaria”. Asimismo, el Reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto Supremo N.º 015-2003-JUS, señala en su artículo 159 que “el traslado de internos de un establecimiento penitenciario a otro se ejecutará por los siguientes motivos: “9. Por razones de seguridad penitenciaria, con resolución expedida por el Director General de la correspondiente Dirección Regional del Instituto Nacional Penitenciario, que fundamente la urgencia y la necesidad de la medida”.
     
     
    5.      En el presente caso, se acredita de los actuados que mediante Resolución Directoral N.º 017-2006-INPE/07, de fecha 3 de julio, corriente a fojas 28, emitida por el Director General de la Oficina General de Tratamiento de Lima del Instituto Nacional Penitenciario, el traslado del beneficiario se ha producido debido a las causales de seguridad y regresión en el tratamiento penitenciario, no constituyendo las medidas adoptadas violación de los derechos del beneficiario; más aún cuando es deber de la autoridad penitenciaria salvaguardar la vida e integridad física de los internos, velar por la disciplina, el orden y la convivencia pacífica de la población penal. Asimismo, se aprecia que la citada resolución fue expedida por la autoridad penitenciaria competente, señalándose los fundamentos del traslado, el nombre del interno y el establecimiento penitenciario de destino, de conformidad con lo establecido en el artículo 163 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la forma y condición en que cumple la condena el favorecido, ni afectación de los derechos constitucionales cuya tutela se exige en los Hechos de la demanda, resultando de aplicación el artículo 2 del Código Procesal Constitucional.
     
     
     
    Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
     
     
     
    HA RESUELTO
     
     
     
    Declarar INFUNDADA la demanda.
     
     
     
    Publíquese y notifíquese.
     
     
     
     
     
    SS.
     
     
     
    LANDA ARROYO
     
    GONZALES OJEDA
     
    BARDELLI LARTIRIGOYEN
     
     
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