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Medidas de seguridad

Tema Derecho a la libertad personal  EXP. N.° 8815-2005-PHC/TC
SubTema Medidas de seguridad  
Resolución N. º 08815-2005-HC/TC LIMA
Fecha de publicación 19/04/2006  
Caso Francisco Mallma Tinco FRANCISCO MALLMA TINCO
Sumilla   
Se precisa la naturaleza, objeto y límites de las medidas de seguridad. En ese sentido se señala que dichas medidas tienen una naturaleza muy distinta con respecto a la pena. Así, mientras que la pena constituye la sanción tradicional que caracteriza al Derecho penal y es un mal con el que este amenaza en el caso de que se realice un acto considerado como delito; las medidas de seguridad no suponen la amenaza de un mal en el caso de que se cometa un delito, sino un tratamiento dirigido a evitar que un sujeto peligroso llegue a cometerlo.  
   
Las medidas de seguridad -internación y tratamiento ambulatorio- no pueden ser impuestas por el juez penal con absoluta y entera discrecionalidad; antes bien, para que una medida de seguridad sea constitucionalmente legítima, esta debe dictarse dentro de los límites que la ley prevé y en estricta observancia del principio de proporcionalidad (FJ 5-7).   
     
    SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
     
     
     
    En Lima, a los 17 días del mes de enero de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
     
     
     
    I.                   ASUNTO
     
     
     
    Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Mallma Tinco contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 132, su fecha 26 de julio de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.
     
     
     
    II. ANTECEDENTES
     
     
     
    1.      Demanda
     
     
     
    Con fecha 3 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Sala Nacional de Terrorismo y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) adscrito al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, solicitando su inmediata excarcelación. Manifiesta que se han violado sus derechos fundamentales a la libertad y la seguridad personales. Aduce el demandante que, mediante sentencia de fecha 21 de febrero de 2005, fue absuelto y declarado inimputable; que no obstante, en la misma se le impuso, como medida de seguridad, la medida de internación no mayor de diez (10) años en un centro psiquiátrico especializado a partir de su traslado a dicho centro. Argumenta, además, estar detenido desde el 3 de octubre de 1993, que en consecuencia, lo dispuesto en la sentencia anteriormente mencionada conlleva una inconstitucional duplicidad de sanciones, con lo cual sufrirá una pena privativa de la libertad de 22 años.
     
     
     
    2.      Investigación sumaria de hábeas corpus
     
     
     
    Con fecha 3 de junio de 2005, la titular del Octogésimo Primero Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima ordena la investigación sumaria de hábeas corpus. El 6 de junio de 2005 se recibe la declaración del demandante, quien manifiesta haber interpuesto demanda porque no recibe un tratamiento médico adecuado para su enfermedad (esquizofrenia paranoide), y que por tal motivo solicita ser excarcelado. En la misma fecha se recibe la declaración del Presidente de la Sala Nacional de Terrorismo, quien, al igual que los demás vocales de la Sala niega haber realizado algún acto que suponga la vulneración de los derechos del demandante. Por otro lado, el 16 de junio de 2005, el Director del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro da su declaración, negando también haber violado los derechos del demandante.
     
     
     
    3.      Resolución de primera instancia
     
     
     
    Con fecha 22 de junio de 2005, el titular del Octogésimo Primero Juzgado Especializado en lo Penal de Lima declara infundada la demanda argumentando que, en la sentencia que cuestiona el demandante, no se le ha impuesto pena privativa de la libertad, sino una medida de seguridad, lo que resulta incompatible con la carcelería sufrida; agregando que ello no puede ser computado como parte del tratamiento médico ordenado en la sentencia de la Sala Penal; y que, consecuentemente, no se ha acreditado la alegada vulneración de sus derechos fundamentales.
     
     
     
    4.      Resolución de segunda instancia
     
     
     
    Con fecha 26 de julio de 2005, la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel declara improcedente la demanda considerando que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del demandante.
     
     
     
    III. FUNDAMENTOS
     
     
     
     Precisión de la cuestión controvertida
     
     
     
    1.      En primer término, este Tribunal estima pertinente precisar el objeto de la controversia. De la demanda de hábeas corpus se desprende que lo que el accionante realmente solicita es que el tiempo que ha permanecido detenido se considere en el cómputo de la medida de internación no mayor de diez años que se le ha impuesto; y que, luego de ello, se ordene su inmediata libertad, por ser arbitraria su detención.
     
     
     
    La medida de internación y el derecho fundamental a la libertad personal
     
     
     
    2.      El derecho fundamental a la libertad personal tiene un doble carácter. Es un derecho subjetivo, pero también una institución objetiva valorativa. Como derecho fundamental (artículo 2, inciso 24, de la Constitución), garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas; esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Como derecho objetivo, es uno de los valores fundamentales de nuestro Estado social y democrático de Derecho, por cuanto informa nuestro sistema democrático y el ejercicio de los demás derechos fundamentales, a la vez que justifica la propia organización constitucional.
     
     
     
    3.      Este derecho garantiza cualquier supuesto de privación o restricción de la libertad locomotora, independientemente de su origen y de la autoridad o persona que la haya ordenado, según lo señalan el artículo 9.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
     
    En sede judicial, el derecho a la libertad física garantiza que esta no sea restringida en forma arbitraria, como puede ocurrir en el caso de las denominadas “detenciones judiciales preventivas”, de una condena emanada de una sentencia expedida con violación del debido proceso, o de la ilegal imposición de medidas de seguridad que se derivan de una resolución judicial.
     
     
     
    4.      Sin embargo, el derecho fundamental a la libertad personal no es un derecho absoluto, sino relativo, según este Tribunal lo ha sostenido reiterada jurisprudencia (cf. STC 2516-2005-HC/TC). Y es que, por previsión constitucional, está sometido a ciertos límites, como, por ejemplo, los previstos en el artículo 2, inciso 24, literal f, de la Constitución. En estos casos, la libertad personal puede verse legítimamente restringida. Por ello, no toda privación o restricción del derecho a la libertad es inconstitucional. Ahora bien, es evidente que la aplicación de la medida de internación constituye una restricción del derecho fundamental a la libertad personal. Sin embargo, para que el ingreso de una persona, por orden judicial, en un centro de internamiento sea constitucionalmente legítimo es necesario que se realice en los casos y supuestos previstos en nuestro ordenamiento jurídico.
     
     
     
    Las medidas de seguridad: naturaleza, objeto y límites
     
     
     
    5.      En nuestro ordenamiento, las penas tienen una naturaleza muy distinta con respecto a las medidas de seguridad. Así, mientras que la pena constituye la sanción tradicional que caracteriza al Derecho penal y es un mal con el que este amenaza en el caso de que se realice un acto considerado como delito; las medidas de seguridad “no suponen la amenaza de un mal en el caso de que se cometa un delito. Las medidas de seguridad “no suponen la amenaza de un mal en el caso de que se cometa un delito, sino un tratamiento dirigido a evitar que un sujeto peligroso llegue a cometerlo. Mientras que la pena se inflige por un delito cometido, la medida de seguridad se impone como medio de evitarlo”[1]. No obstante, desde la perspectiva del Derecho constitucional, la medida de internación no solo se justifica porque persigue evitar la comisión de futuros delitos, sino también porque su finalidad es la recuperación de la persona. Y no puede ser de otro modo, pues nuestra Constitución (artículo 1) establece que la persona y la protección de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, condición que no se pierde por el hecho de haber sido condenado o, como en el presente caso, por haber sido sometido a una medida de seguridad.
     
     
     
    6.      Por consiguiente, es una exigencia constitucional que, a fin de que dicha medida cumpla su finalidad, la persona sea internada en un centro especializado que cuente con la adecuada atención profesional. Sin embargo, las medidas de seguridad –internación y tratamiento ambulatorio– no pueden ser impuestas por el juez penal con absoluta y entera discrecionalidad; antes bien, para que una medida de seguridad sea constitucionalmente legítima, esta debe dictarse dentro de los límites que la ley prevé y en estricta observancia del principio de proporcionalidad. Por ello, de acuerdo con nuestro ordenamiento (artículo 72 del Código Penal) deben concurrir, en el dictado de las medidas de seguridad, las siguientes circunstancias: a) que el agente haya realizado un acto previsto como delito, y b) que del hecho y de la personalidad del agente puede deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele una elevada probabilidad de comisión de nuevos delitos. Pero también las medidas de seguridad están sujetas, como ya se ha señalado, a la observancia del principio de proporcionalidad; en consecuencia, tales medidas “deben ser proporcionales a la peligrosidad delictual del agente, la gravedad del hecho cometido y los que probablemente cometiera si no fuese tratado” (artículo 73 del Código Penal).
     
     
     
    7.      Dado que la medida de internación consiste en el ingreso y tratamiento del inimputable en un centro hospitalario u otro establecimiento adecuado, con fines terapeúticos o de custodia, tal ingreso no puede ser por un tiempo indefinido sino limitado, motivo por el cual se ha previsto que “la duración de la medida de internación no podrá exceder el tiempo de duración de la pena privativa de libertad que hubiera correspondido aplicarse por el delito cometido” (artículo 75 del Código Penal). Por otro lado, la imposición de la medida de internación comporta una facultad para el juez que la dictó y un deber para la autoridad del centro en el cual se encuentra internada la persona. El juez penal puede solicitar, cada seis meses, a la autoridad del centro de internación un peritaje a fin de conocer si las causas que dieron lugar al dictado de la medida de internación han desaparecido. Sin perjuicio de ello, la autoridad del centro de internación está obligada a remitir dicho peritaje, al margen de que el Juez la solicite o no (artículo 75 del Código Penal).
     
     
     
    Análisis del caso concreto
     
     
     
    8.      El demandante afirma que, al estar detenido desde el 3 de octubre de 1993, la privación de su libertad es arbitraria, pues a la fecha ya son 11 años y 8 meses que se encuentra detenido; y que al imponérsele la medida de seguridad por internación no mayor de diez años, a partir de su traslado a un centro especializado, se está duplicando la sanción penal, toda vez que al sumar el tiempo que está detenido a los diez años de medida de internación, sufrirá una pena privativa de la libertad de 22 años, lo que es totalmente absurdo y constituye un abuso de autoridad por parte del órgano jurisdiccional.
     
     
     
    9.      A fojas 8 de autos, obra la sentencia de la Sala Penal Nacional, de fecha 21 de febrero de 2005, mediante la cual“se establece que el encausado ha cometido un hecho punible antijurídico pero no culpable, pues su enfermedad o anomalía psíquica afecta su culpabilidad; por lo que dicha conclusión nos lleva a fundamentar la tesis de la inimputabilidad de dicho procesado, por lo que se le exime de responsabilidad penal en los hechos que se le atribuyen y se le deberá imponer una medida de seguridad de internación”. Del mismo modo, se dispuso que “habiéndose establecido que el procesado es inimputable; que el hecho punible antijurídico cometido es grave, y que, por la enfermedad del acusado, puede ser influenciado a cometer delitos considerablemente graves como el de terrorismo, cabe imponer la medida de seguridad de internación no mayor de diez años (...)”.
     
     
     
    10.  Se desprende de autos, por tanto, que en el presente caso, al haberse dispuesto, con fecha 9 de setiembre de 2005, el traslado del demandante al hospital Víctor Larco Herrera, la medida de internación impuesta se ha adoptado en función de los parámetros constitucionales y legales previstos en nuestro ordenamiento, pues está probado que el accionante ha cometido un delito; que del hecho y de la personalidad del demandante se deduce la elevada probabilidad de que vuelva a cometer nuevos delitos, y que el tiempo de internación es proporcional a la pena que se le hubiera impuesto; por lo que, en este extremo, no se ha vulnerado el derecho a la libertad personal.
     
     
     
    11.  Finalmente, como se mencionó al inicio de los fundamentos, el demandante solicita que el tiempo que permaneció detenido se sume al de internación. Al respecto, cabe señalar que el Código Penal prevé que “cuando se necesite aplicar una medida de internación a un imputable relativo, o a un toxicómano o alcohólico imputable, el Juez dispondrá que ella tenga lugar antes de la pena. El período de internación se computará como tiempo de cumplimiento de la pena, sin perjuicio de que el Juez pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración atendiendo al éxito del tratamiento”. Sin embargo, en el caso concreto, no se configura este supuesto, pues el demandante ha sido declarado inimputable y no se le ha impuesto pena alguna, por lo que tampoco en este extremo se ha vulnerado derecho fundamental alguno.
     
     
     
    IV. FALLO
     
     
     
    Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
     
     
     
    HA RESUELTO
     
     
     
    Declarar INFUNDADA la demanda.
     
     
     
    Publíquese y notifíquese.
     
     
     
     
     
    SS
     
     
     
     
     
    GARCÍA TOMA
     
    ALVA ORLANDINI
     
    LANDA ARROYO 
     
     
     
     
     
    [1] MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte General. Buenos Aires: B. de F Ltda., 7.° edición, 2004. P. 53.
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